Les demandan por 6.700 millones

Dimite el CEO de Westpac, empañado por el escándalo de explotación sexual infantil

Abandona su puesto este martes en medio de una investigación a la entidad financiera por no evitar millones de transacciones vinculadas a la explotación sexual infantil

Foto: Ceo de Westpac group, brian hartzer
Ceo de Westpac group, brian hartzer
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El director ejecutivo del banco australiano Westpac, Brian Hartzer, dimitió este martes en medio de una investigación a la entidad financiera por no evitar millones de transacciones vinculadas a la explotación sexual infantil.

El regulador australiano AUSTRAC presentó la semana pasada una demanda civil contra Westpac, uno de los cuatro mayores bancos del país, por violar las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo más de 23 millones de veces entre 2013 y 2018 por un valor de más de 11.000 millones de dólares australianos (7.453 millones de dólares estadounidenses o 6.767 millones de euros).

Hartzer dejará el cargo el 2 de diciembre para ser reemplazado temporalmente por el actual jefe de Finanzas, Peter King, anunció en un comunicado el presidente de la junta directiva del banco, Lindsay Maxsted.

"La junta acepta la gravedad de los asuntos denunciados por AUSTRAC", dijo Maxsted.

La renuncia tiene lugar después de que Hartzer dijera el lunes a sus ejecutivos que el escándalo de las transacciones vinculadas a pederastas "no es un problema de gran importancia", según informó hoy el diario The Australian.

Según AUSTRAC, Westpac no realizó los controles apropiados para vigilar que las transacciones de pederastas condenados a Filipinas y el Sudeste Asiático no estuvieran relacionadas con la explotación infantil.

El Westpac se enfrenta a una multa de 17 millones de dólares australianos (11,5 millones de dólares estadounidenses o 10,4 millones de euros) por cada violación.

AUSTRAC denunció hace dos años al Banco Commonwealth por violar las mismas leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en unas 53.500 transacciones realizadas entre 2012 y 2015.

El Commonwealth, que admitió su error de no informar de movimientos superiores a 10.000 dólares australianos (7.770 dólares estadounidenses o 6.150 euros) en el plazo de diez días, acordó el año pasado pagar una sanción de 700 millones de dólares australianos (474 millones de dólares estadounidenses o 431 millones de euros) por estas infracciones.

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