La Junta busca jefe de Industria y Energía para desbloquear de una vez proyectos clave

La publicación de la sentencia de los ERE coincidió, el pasado martes, con el anuncio de la dimisión de Natalia González, la secretaria general de Industria, Energía y Minas de la Junta andaluza. Directiva pública con dos décadas de trayectoria en esas áreas, su permanencia en el Ejecutivo de PP y Cs tras el cambio político de final de 2018 fue recomendada por numerosas empresas a la Administración. Ahora, ella misma comunicó al consejero del ramo, Juan Bravo, antes de las elecciones generales del 10-N, que deja el cargo. Un hueco fundamental en el organigrama de la Junta para tratar de impulsar, venciendo la pesada burocracia y la escasa transformación digital interna, proyectos clave de futuro.

Tras aceptar esta dimisión, que González ha justificado internamente porque consideraba que había acabado su ciclo tras 11 meses en el nuevo Gobierno, Bravo pretende tener nombrado un nuevo secretario o secretaria con quien arrancar 2020. La última feria minera MMH, el mayor evento del sector en España, celebrado en octubre, fue solo la última muestra de lo complejo que es sacar adelante proyectos industriales en la comunidad. Todas las empresas lamentaron ante Bravo la paralización de permisos y autorizaciones desde hace años. El cambio en esta área, pese las iniciativas lanzadas por González para lograrlo, aún no se nota y el empresariado se impacienta.

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El nombramiento, el mes pasado, de un nuevo director general de Industria de la plena confianza del consejero Bravo permitirá que la dimisión no interrumpa —aún más— las tramitaciones en curso. Francisco Javier Ramírez, perito industrial procedente del sector privado, tiene atribuidas las funciones más ejecutivas y ocupa el puesto que venía ocupando la propia González en la anterior legislatura. La secretaría general tiene encomendadas funciones de planificación, y la secretaria saliente ha dejado lista, por ejemplo, la de energías renovables.

González ascendió a secretaria general precisamente con el nuevo Gobierno, en concreto con el exconsejero de Hacienda Alberto García Valera —quien dejó su cargo pocas semanas después de ser nombrado por un problema de salud—. El sector privado, de forma mayoritaria, con el que Natalia González había venido trabando una relación estrecha, había pedido a Valera su continuidad. El nuevo consejero, Bravo, aterrizó desde Madrid y confirmó a todo el equipo que se encontró en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Ahora tendrá la opción de elegir a una persona de su confianza con el objetivo de que el cambio de políticas y prioridades se haga mucho más palpable.

Otra de las medidas lanzadas por Natalia González ha sido la figura de los 'project managers' públicos que se ocupen de liderar la obtención más rápida posible de todos los permisos para proyectos clave. Una figura nacida en paralelo a la reforma de la regulación de los denominados proyectos estratégicos, creada hace años para agilizar trámites pero cuya propia complejidad impedía esa aceleración. Dos iniciativas han sido incluidas en esa categoría por el actual Gobierno andaluz: las ampliaciones de las instalaciones industriales de Cosentino en Almería y Cepsa en Cádiz. Suman 1.800 millones de inversión.

Menos brío muestra el sector minero, ya que la reapertura de Aznalcóllar sigue empantanada administrativamente (con independencia de la investigación judicial sobre el concurso público para su adjudicación en 2015). Riotinto vive una verdadera urgencia administrativa al haberse anulado, tras denuncias judiciales de Ecologistas, su autorización ambiental y proyecto de explotación. Ante lo que la Junta ha asegurado, esta misma semana, que aprobará de forma inminente el nuevo plácet ambiental, lo que desbloqueará el resto de nuevos permisos pendientes. La ampliación de la capacidad de producción de la milenaria mina exige una tramitación completa desde cero, vía para sortear la anulación judicial de la anterior de 2012.

También está pendiente de luz verde la ampliación de la vida útil de Cobre Las Cruces, mediante explotación subterránea y no a cielo abierto como hasta ahora. Usará un nuevo proceso productivo que exigirá construir una nueva planta minera, pero la transición entre un sistema y otro amenaza a los 250 empleados directos actuales. En Andalucía Oriental, tampoco acaba de arrancar la reapertura de la mina de Alquife, en parte por la indecisión de sus promotores ante los niveles de precio del hierro.