Iberdrola se arriesga a perder financiación de la UE por el escándalo Villarejo

Las consecuencias que puede sufrir Iberdrola por las presuntas maniobras con el comisario Villarejo, hoy en prisión, pueden ir más allá del daño reputacional que ya reconoce. El efecto también puede alcanzar a sus medios de financiación. La compañía recurre a los préstamos blandos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para desarrollar sus grandes infraestructuras.

Sin ir más lejos, este mismo lunes, la entidad de crédito dependiente de la Unión Europea ha aprobado un desembolso de 440 millones de euros de crédito para una inversión de 887 millones en expansión, renovación y digitalización de la red de distribución eléctrica este 2019 y en 2020 en España. Estos fondos han sido concedidos en plena investigación por parte de la Justicia española a la eléctrica. La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar la relación de Villarejo e Iberdrola, a raíz de las informaciones publicadas por El Confidencial.

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El último crédito del BEI es solo uno de tantos proyectos en los que la firma presidida por Ignacio Sánchez Galán ha logrado fondos del ente público. En suma, el BEI ha financiado más de 2.000 millones de euros en infraestructuras de la eléctrica vasca. Sin embargo, la institución crediticia tiene una exigente y explícita política de 'tolerancia cero' con la corrupción y el fraude. No en vano, firmas como Volkswagen, Siemens o lberinco, filial de la propia Iberdrola, han sido amonestadas por la institución de crédito tras incurrir en irregularidades.

En su manual de política de prevención y disuasión de prácticas prohibidas dentro de las actividades del Banco Europeo de Inversiones, que trata de evitar cualquier tipo de práctica prohibida (corrupción, fraude, colusión o coerción, etc.), el organismo comunitario advierte de que "el BEI no tolerará ninguna práctica prohibida en el ejercicio de sus actividades".

A lo anterior, añade que "cualquier práctica prohibida que se produzca deberá comunicarse inmediatamente y será objeto de una investigación minuciosa y justa; los infractores serán sancionados de acuerdo con las políticas y los procedimientos vigentes y se tomarán las medidas legales oportunas para recuperar los fondos utilizados indebidamente". Para la investigación, explica que se apoya en la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF).

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Para lo anterior, el BEI contempla diferentes sanciones. Entre las mismas, hay soluciones contractuales. "Los acuerdos de financiación del BEI incluirán las medidas necesarias en caso de incumplimiento de los compromisos pertinentes contraídos en el marco de estos acuerdos. Podría incluirse entre estas medidas la posibilidad de suspender los desembolsos o de pedir el reembolso anticipado del préstamo (o de una parte del mismo)".

Por otro lado, incluye que "cualquier candidato o licitador que haya sido condenado mediante sentencia firme, de la que tiene conocimiento el promotor, por participación en una organización delictiva o en un acto de corrupción, fraude o blanqueo de capitales, quedará excluido de la participación en un proyecto financiado por el banco durante un periodo de tiempo que dependerá de la gravedad de la infracción".

Pero, además, también puede ser excluido del programa de financiación del banco europeo sin tener que llegar a ser condenado, ya en el escenario de la sospecha: "Los procedimientos de exclusión del BEI incluyen una disposición que lo autoriza a negociar acuerdos con personas físicas o entidades que son sospechosas de haber incurrido en una práctica prohibida".

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Todo este escrutinio que realiza el BEI no le es ajeno a Iberdrola. Su filial de Ingeniería, Iberinco, llegó a un acuerdo con la institución de crédito comunitaria en enero de 2018. En el mismo, fue excluida por un año de los proyectos de financiación del BEI, después de que la eléctrica fuera acusada de haber pagado comisiones ilícitas para conseguir un contrato en Europa del Este, en la central térmica 2 de Riga (Letonia).

No es el único caso. Multinacionales de talla mundial como Volkswagen AG están actualmente sujetas a la decisión de exclusión, y otras como Siemens también han tenido que llegar a algún tipo de acuerdo por prácticas prohibidas.