Santander achaca el repunte de los impagos en España a la compra del Popular

El número dos de Banco Santander, José Antonio Álvarez, respalda a los dos últimos presidentes de Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, envueltos durante estos días en el causa penal de la Audiencia., "No tengo razón para pensar que la gestión de Ron y Saracho no fue honrada", ha apuntado el consejero delegado del primer banco español.

El banquero ha reconocido, eso sí, que la compra del Popular en 2017 sigue impactando en las cifras de morosidad de Santander España, que repuntó en el último trimestre por encima del 7,2%, una cifra muy superior a la del resto del sector.

Álvarez ha hecho estas declaraciones durante la presentación de resultados del tercer trimestre, periodo en el que la entidad presidida por Ana Botín sufrió un frenazo del 35% en el beneficio, hasta 3.732 millones de euros, tras dar por perdidos 2.448 millones, principalmente, por el ajuste del fondo de comercio de Reino Unido, debido al Brexit,

El consejero delegado ha reconocido indirectamente que será difícil que el grupo iguale el resultado de 2018, cuando ganó 7.800 millones. La entidad podría ganar entre 2.600 y 2.800 millones en el último trimestre (incluyendo las plusvalías de la venta de su negocio de custodia a Crédit Agricole), lo que dejaría el resultado anual en entre 6.300 y 6.500 milones.

Entorno español

El número dos de Santander ha desligado el repunte de la morosidad en España y en otros países europeos (Polonia y los de Consumer Finance) de la desaceleración económica. Aun así, ha reconocido que hay indicadores que avisan del enfriamiento de la economía.

Sobre las próximas elecciones, Álvarez se ha mostrado optimista con que se forme gobierno pronto, al que pedirá cuando llegue el momento "predictibilidad y estabilidad regulatoria".

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Respecto a la ratio de capital, en la que se fija mucho el mercado, Santander confía en estar el próximo año entre el 11,5% y el 12%, frente al 11,3% anual. El CEO ha puntualizado que los impactos regulatorios de normativas internacionales y el BCE costarán entre 80 y 90 puntos básicos entre 2019 y 2020, de los que ya se han descontado 60.

Álvarez ha dejado la puerta abierta nuevos recortes de su base de gastos el próximo año, tras el cierre de 1.200 oficinas y el ERE de 3.000 empleados de este año. "Siempre se puede mejorar en costes", apunta.

Por el momento, no ve posibilidades de cobrar a los particulares por los depósitos, algo que ya se hace a institucionales y podría ser a grandes clientes inactivos.