La Fiscalía Anticorrupción pone el foco en la segunda línea directiva de Banco Popular

La Fiscalía Anticorrupción sigue con detenimiento el reparto de responsabilidades en el antiguo Banco Popular. El fiscal Antonio Romeral ha mostrado en todos los interrogatorios practicados hasta ahora un especial interés en saber qué directivos se encargaron de presuntas prácticas irregulares investigadas en el caso, según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

Ha insistido en quiénes decidían el nivel de provisiones y lo negociaban por el Banco de España; en cómo se crearon y quién controlaba la relación con las sociedades luxemburguesas ligadas a Thesan Capital; si alguien dio orden de financiar la compra de acciones en la ampliación de 2016, y quiénes fueron los responsables de supervisar las tasaciones, según las mismas fuentes.

¿Otra ronda de imputados?

Aunque es pronto para llegar a conclusiones —solo han declarado tres investigados y tienen que hacerlo todavía otros 21 y dos peritos, hasta febrero—, desde el entorno del caso consideran que las preguntas de Romeral podrían conducir a una nueva ronda de imputados a lo largo de 2020.

Ante las preguntas del fiscal, los imputados que han declarado han ido señalando a distintos directivos. El expresidente Emilio Saracho fue el más explícito, pues eran directivos previos a su etapa. Recordó las conclusiones de un informe de responsabilidades que encargó al llegar a Popular. Así, apuntó al ex director financiero Javier Moreno (imputado en la causa) por una reasignación de provisiones de finales de 2016. Respecto a la financiación de acciones, señaló al ex consejero delegado Francisco Gómez, que lo negó posteriormente ante el juez y lo definió como "una calumnia de Saracho". Y sobre las sociedades en Luxemburgo del Popular, nombró a tres exdirectivos: Moreno, que entonces era interventor; José María Sagardoy, exdirector de Riesgos —ahora en OHL—, y Tomás Pereira, exdirector de los Servicios Jurídicos.

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El segundo en responder a Romeral fue el exvicepresidente Roberto Higuera, quien remarcó en una decena de ocasiones que no hay irregularidad alguna en el caso, y que toda la contabilidad del Popular era chequeada y aprobada por el auditor externo, PwC, el Banco de España y el BCE. Aun así, ante la insistencia de las preguntas del fiscal, aclaró que la elección de las tasadoras de inmuebles era una competencia de Intervención General (Moreno). Además, añadió que había un programa informático que elegía la firma que valoraba los activos en cada caso, aleatoriamente.

En la misma línea declaró Gómez —comparten abogado, Carlos Aguilar—, aunque en un momento determinado orientó a Romeral sobre quiénes se encargaban de la relación con el Banco de España en cuanto a las provisiones. Las preguntas del fiscal dan a entender que sospecha que se ocultó el agujero inmobiliario durante años. El exCEO dijo que las provisiones eran competencia de Intervención General (Moreno) y Riesgos (Sagardoy). Además, apuntó a una oficina de control de las tasadoras, aunque no recordaba el nombre del director; y mencionó la dirección de Auditoría Interna (Jesús Arellano) por la revisión de las refinanciaciones.

Visión del juez

Tanto Higuera como Gómez mencionaron a sus excompañeros solo por aclarar cuestiones al fiscal, en ningún momento descargando responsabilidades sobre ellos. Aun así, el ex consejero delegado tuvo palabras críticas hacia el exdirector de Cumplimiento Normativo Juan José Rubio, por su papel en la supuesta financiación de acciones, que él niega.

Esta visión del fiscal no coincide de momento con la del juez, a tenor de las preguntas de cada uno. El magistrado ha dirigido sus interrogatorios más hacia la etapa de Saracho y algunas cuestiones polémicas, como la entrada en el consejo y el capital del mexicano Antonio del Valle, y cómo salió Ángel Ron del banco.