Trinitario Casanova cumple su amenaza y demanda a BBVA: pide 713M por Chamartín

El pasado viernes, poco después de media mañana, el empresario Trinitario Casanova cumplió su amenaza y presentó en los juzgados de primera instancia de Madrid una demanda contra BBVA exigiéndole 713 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios en la Operación Chamartín.

Dos semanas antes, mediante el envío de un burofax, el dueño de Grupo Baraka ya había advertido a la entidad de que iba a acudir a los tribunales a defender los derechos de reversión que adquirió a los miembros de la asociación No Abuso, entidad que desde hace años defiende a los propietarios originales de los terrenos donde ahora se encuentra la madrileña estación de Chamartín.

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Pero quedaba la duda de cuánto iba a pedir. En su demanda, el empresario cifra en 713 millones de euros la indemnización que, en su opinión, debe pagar BBVA si no quiere aceptar el derecho de reversión y, en tal caso, dejar que Grupo Baraka pase a ser titular de los cerca de 1,3 millones de metros cuadrados que la entidad adquirirá para hacer Operación Chamartín.

El hecho de que Casanova vaya directamente contra BBVA en su demanda es también una novedad, ya que, en principio, a quien corresponde reclamar el derecho de reversión es a Distrito Castellana Norte (DCN). Esta sociedad es heredera de la antigua Dutch, empresa que ganó el concurso que convocó el Estado hace un cuarto de siglo.

Por aquel entonces, la entidad que estaba detrás era Argentaria (la actual A de BBVA) y, junto a Grupo San José, se impuso al resto de interesados, entre otros motivos, porque su oferta contemplaba hacerse cargo de las reclamaciones de los reversionistas.

Sobre esta base, Casanova considera que la demanda no debe dirigirse solo hacia DCN sino también hacia BBVA, ya que al ser accionista mayoritario de la promotora, con el 75% del capital, está también "obligado contractualmente a satisfacer los derechos de reversión derivados del procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral", recoge la demanda.

Para calcular los 713,78 millones que reclama, Casanova ha estimado la diferencia entre el precio al que BBVA compra los suelos y el de mercado

En la misma, también se hace referencia a una pericial que explica por qué el empresario cifra en 713,8 millones de euros el importe que debe pagar la entidad. Este cálculo se ha hecho sobre la base de las plusvalías que logrará DCN con el suelo de esta operación, es decir, con la diferencia entre el precio al que adquiere los terrenos DCN y su valor de mercado actual.

Esta cantidad es 300 millones de euros superior a los 400 millones de euros que, como adelantó El Confidencial, Baraka se comprometió a pagar a los reversionistas si logra que se reconozca el derecho de reversión.

Historia de los reversionistas

Fue en la primavera de 2018 cuando Trinitario Casanova llegó a un acuerdo con la mayoría de los reversionistas presentes en esta asociación, No Abuso, para adquirir sus derechos. Con este movimiento, el empresario revivió un conflicto que llevaba años acallado y que ahora, cuando se acercan la aprobación definitiva del proyecto y el inicio del proceso de venta por parte de BBVA, cobra el doble de importancia.

En esencia, el argumento que defiende Baraka para mantener viva esta reclamación es que la normativa vigente en 1994, cuando nació este desarrollo, reconoce a los propietarios originales poder adquirir sus antiguos terrenos si la Administración decide desafectarlos, cambiar el uso para el que fueron expropiados y venderlos, como ocurrirá con Operación Chamartín.

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Sin embargo, desde Distrito Castellana Norte (DCN) lleva tiempo negándose la mayor, discurso que la promotora construye sobre la base de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, en la que el alto tribunal concluyó que "al no acreditarse la desafectación tácita" de los terrenos, "no procede la reversión".

No Abuso siempre ha defendido que este fallo no niega su derecho de reversión, sino que dice que este solo puede reclamarse cuando se acredite la desafectación, es decir, el cambio de uso de esos terrenos, para utilizarlos con fin distinto al que se esgrimió cuando fueron expropiados.

Y eso, a entender de Baraka, ya ha ocurrido con la aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid de la modificación de las normativas urbanísticas que permitirán construir un gran centro de negocios y viviendas en terrenos ahora ferroviarios.