El nuevo retraso del caso BBVA-Villarejo enreda la imputación de Francisco González

El caso BBVA-Villarejo cumplirá algunas semanas más bajo secreto de sumario. El retraso de la declaración de la entidad financiera como persona jurídica mueve todos los plazos hasta ahora previstos. Y, según algunas partes, puede dejar en el aire parte de los posibles cargos contra Francisco González (FG), el expresidente del banco, que todavía no está investigado en la causa.

Todos los calendarios se han movido a raíz de la nueva declaración de Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y exdirector de Riesgos del banco en la etapa investigada. El exdirectivo está colaborando con la Fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García-Castellón desde julio. Y lo ha intensificado tras su cese disciplinario, anunciado hace dos semanas.

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Béjar, al que inicialmente le impusieron una fianza de 500.000 euros —que le quitaron tras colaborar—, tiene claro que no quiere ser cabeza de turco. Le asesora el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez, que sabe que el primero que ayuda en los casos es el que más rédito obtiene.

Su última declaración puede descolocar el interrogatorio a BBVA, que lleva preparando su responsable de los Servicios Jurídicos en España, Adolfo Fraguas, y el calendario que hasta ahora tenían en mente el juez y los fiscales.

Prescripción

Así, fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que los investigadores son conscientes de que hay riesgo de que alguno de los delitos de FG prescriba a partir del próximo mes, pero confían en que no llegue la sangre al río.

Se trata del delito de descubrimiento y revelación de secretos, que castiga con penas de uno a cuatro años al que "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación".

Este delito tiene una prescripción de 15 años, y fue en noviembre de 2004 cuando arrancaron las escuchas ilegales de Villarejo para BBVA por el asalto a su capital de Sacyr. Duró hasta febrero de 2005, lo que delimitaría febrero de 2020 como tope para que este riesgo no se descontrole.

Hay otras dos opciones que barajan en la Audiencia que difuminarían el riesgo: la primera, que el presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos de FG fuera continuado, ante lo que no habría posible prescripción, y la segunda, centrar el caso por el presunto cohecho. Este delito castiga con penas de prisión de tres a seis años "al particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo".

Las subpiezas de BBVA

En el caso del delito continuado, la complicación para el juez y los fiscales es cómo articular el caso, ya que hay distintas subpiezas dentro de la pieza separada de BBVA-Villarejo: el asalto de Sacyr, la revisión de los grandes deudores morosos como Martinsa y la relación con Ausbanc, que se conozcan. Tratadas como un solo caso, este se podría eternizar.

Para BBVA, la nueva declaración de Béjar y el retraso de su declaración pueden suponer una complicación, ya que cuando llegue el turno de testificar, se puede encontrar con sorpresas inesperadas.