Un ex alto cargo de Fernández Díaz defiende a España por la quiebra del Popular

Los intereses de España ante las demandas millonarias por Banco Popular recaerán sobre el ex número tres de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, Luis Aguilera Ruiz. El exsubsecretario de Estado de Interior durante seis años (2012-18) ha regresado a la Abogacía del Estado y ha sido designado dentro del equipo que defiende a España ante las demandas de inversores como el mexicano Antonio Del Valle y el chileno Luksic.

Aguilera estuvo en el Gobierno de Mariano Rajoy hasta la moción de censura del año pasado, momento en el que abandonó su puesto junto al resto de altos cargos ligados al PP. Antes de entrar en el Ejecutivo, este letrado de formación ocupó puestos directivos en la Abogacía General de Estado, como el de subdirector general jefe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Dos bandos

Como abogado del Reino de España en este pleito, Aguilera se sitúa del lado de la Comisión Europea, la Junta Única de Resolución (JUR), el Banco Central Europeo (BCE) y Banco Santander.

Bruselas se defiende con sus asesores jurídicos y la ayuda de un abogado externo, José Rivas, de Bird & Bird. La JUR tiene su defensa en manos de Linklaters. Y Santander lo hace a través de letrados como Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, de Pérez-Llorca, y Jesús Remón, de Uría Menéndez. Por su parte, el Fondo de Reestructuración (FROB), que apoya a España en el arbitraje abierto por el mexicano Del Valle, está buscando un bufete que lo defienda en los tribunales internacionales, como adelantó este medio.

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Álvaro G. Zarzalejos

Frente a las defensas, hay seis acusaciones liderando el proceso contrario, reclamando que el Tribunal de Luxemburgo declare la nulidad de la resolución de Banco Popular. En tal caso, se espera que los tribunales fijen una indemnización a pagar por las autoridades europeas. Solo entre Del Valle y Luksic, perdieron más de 500 millones de euros.Grandes bufetes como Kirkland & Ellis —para los inversores mexicanos—, Roca Junyent —para Luksic— y Quinn Emanuel —para los fondos Anchorage y Ronit— se miden ante las instituciones españolas y europeas. Junto a ellos, hay otras tres acusaciones: un grupo de inversores representados por Bernardo Cremades, un bonista y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Tras la fase de presentación de las demandas, selección de las mismas, las réplicas y las contrarréplicas, el proceso está listo para llegar a la vista pública el próximo año.

Este proceso es clave para España y Europa. Para nuestro país, un fallo en contra significaría un golpe muy fuerte para la credibilidad del sector financiero y podría tener repercusiones en el arbitraje en que Del Valle pide 470 millones. Para Europa, Banco Popular fue la primera gran resolución, por lo que va a poner toda la carne en el asador para defenderla.