Colau saca a Aena del capital de Barcelona Regional para eludir la prevaricación

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a Aena que venda su 12,7% del consorcio público Barcelona Regional para eludir una posible situación de prevaricación, al ser el Ayuntamiento de Barcelona uno de los principales clientes de Barcelona Regional. Esta agencia opera como una oficina de planificación urbanística tanto para el consistorio de la capital catalana como para el Área Metropolitana de Barcelona. Mientras Aena era una compañía 100% pública, tanto el ayuntamiento como el Área Metropolitana contrataban a Barcelona Regional de manera directa, sin utilizar concurso público alguno. Pero tras la salida a bolsa de Aena y la trasposición en 2018 de una directiva europea sobre licitaciones públicas, esta modalidad de contratación se ha situado en una zona legalmente gris.

Colau remitió este verano una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, para proponerle la operación. Y en otra misiva del pasado 26 de agosto, Lucena dio su visto bueno, según explican fuentes del ámbito municipal. El precio lo fijaba la alcaldesa en su carta inicial: 180.303 euros. La operación todavía no se ha formalizado, pues queda clarificar quién es el comprador, según apuntan fuentes de sectores municipalistas de la capital catalana.

Por su parte, portavoces del Ayuntamiento de Barcelona han negado que se produzca prevaricación, ya que a raíz de los cambios en la Ley de Contratos del Sector Público y en las directivas comunitarias, el ayuntamiento ha ido adaptando los estatutos y la configuración de su sector empresarial público (organismos autónomos, los institutos, las empresas públicas), entre ellas Barcelona Regional. Aena no es la única entidad accionista. Hay otros socios, como del Consorcio de la Zona Franca, el puerto de Barcelona o Regesa.

Fuentes municipales explican que en el marco de este proceso de adaptación del sector empresarial público municipal a la nueva normativa —aprobada en 2017 y en vigor desde marzo de 2018—, y para evitar cualquier tipo de debate jurídico derivado de la presencia indirecta de capital privado dentro del ente, actualmente se está trabajando con Aena en la compra de sus acciones de Barcelona Regional por parte de un ente público.

El problema radica en 2018. En ese año, Barcelona Regional recibió encargos directos por valor de 20,7 millones de euros entre 2016 y 2019 —dos millones más que en la legislatura anterior—, y desde marzo de ese año ya se habían traspuesto las directivas europeas que obligaban, al estar Aena en el capital, a llevar a cabo la contratación a través de concurso público. Sin embargo, al proponerse esta venta, se desactiva este riesgo. Al ser una operación tan pequeña, hasta la propia Barcelona Regional podría comprarlo y amortizar luego las acciones.

Más medidas

No es la única medida que ha tomado el ayuntamiento para evitar esta situación. En 2019, se han pagado 4,1 millones de euros a Barcelona Regional desde el ayuntamiento en concepto de 'aportación anual municipal', según consta en la Gaceta Municipal, un tecnicismo que evita calificarlo de “encargo de gestión”, como se hacía hasta ahora y que sería lo que obligaría a cambiar la relación contractual de esta agencia de planificación con sus clientes públicos y dejar de operar como “un medio propio” del consistorio.

De esta manera, se intenta eludir el conflicto de intereses, puesto que Ada Colau es, a la vez, la alcaldesa de Barcelona, la presidenta del Área Metropolitana y la presidenta, también, del ente público Barcelona Regional.

Escenario de lucha política

Barcelona Regional lleva años siendo un escenario de batalla política. Colau impulsó una auditoría para perseguir la actividad del anterior presidente, Antoni Vives, del equipo de CDC de Xavier Trias.

Algunas de estas actuaciones investigadas apuntaban a que en Barcelona Regional hubo diversas irregularidades, entre ellas la contratación del excantante de los Sirex y el exalcalde de Cervelló, con pagos que ascendieron a 216.000 euros, sin que aparentemente llegaran a realizar ningún trabajo para la institución, en la que los controles eran más bien laxos e incluso inexistentes.

Sorprende que si bien el decreto que ordenó la comisión de investigación de la gestión de Barcelona Regional en el periodo 2011-2015 fue firmado por Ada Colau en julio de 2015, sus conclusiones no se dieran a conocer hasta abril de 2019, justo antes de las elecciones municipales.