La otra cara de la OCU: matriz en países con baja fiscalidad y conflictos de intereses

Cuando alguien en España tiene un problema serio con un producto o un servicio, lo primero que se le ocurre es acudir a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para que le ayude a poner una reclamación. Esta organización sin ánimo de lucro fundada en 1975 es, a ojos de la sociedad, una especie de guardián de las buenas prácticas empresariales en el sector del consumo, y sus opiniones sobre el mercado son seguidas a pies juntillas. Las mejores cremas solares, los mejores aceites de oliva, demandas colectivas contra Volkswagen o Facebook y otras acciones destacadas hacen que haya quien incluso piense que se trata de un ente semipúblico.

Sin embargo, la OCU es solo el tentáculo español de una compleja red de sociedades con sede en Luxemburgo, algunas de ellas con intereses en el sector financiero, inmobiliario y de seguros, en concreto las filiales de Portugal y Bélgica. En España, la sociedad mercantil que genera dinero y sostiene la organización es OCU Ediciones, con un balance de ventas de 30,2 millones y un millón de beneficio en el sector de la edición de publicaciones. No en vano, la afiliación a la OCU pasa por la suscripción a sus revistas sectoriales.

La OCU es parte de una compleja red de sociedades con sede en Luxemburgo, algunas de ellas con intereses empresariales

Para entender qué es la OCU, hay que mirar a Luxemburgo y Bélgica. Allí están las personas que tienen la última palabra sobre la filial española. En Luxemburgo, país conocido en Europa por su fiscalidad ventajosa, se encuentra la matriz del grupo: Euroconsumers SA, con activos por valor de 87 millones y un volumen de negocio de 109 millones. Esta organización es el paraguas de la española OCU, de Test-Achats (Bélgica), DECO Proteste (Portugal) y Altroconsumo (Italia), todas ellas organizaciones de defensa del consumidor.

La OCU tiene la particularidad de no depender directamente de Euroconsumers, como sí lo hacen sus hermanas europeas, sino de la firma belga Test-Achats, que la rescató de la quiebra en 1987 y posee un 90% de OCU Ediciones, incluida la presencia de varios directivos en la cúpula española. ‘Los belgas’, como son conocidos dentro de la OCU, son de hecho la firma que controla Euroconsumers. Tal es así, que toda la plana mayor de Euroconsumers es la misma que la de Test Achats, por lo que ‘los belgas’ tienen mucho que decir en las campañas de defensa del consumidor en España, Italia, Portugal y por supuesto Bélgica. También son ellos quienes coordinan las tareas de ‘lobby’ ante la Unión Europea de todo el grupo.

Una fundación en Holanda

Pero el enredo societario de la OCU no termina ahí. Su presidente, Miguel Martínez Cuadrado (que también preside OCU Ediciones), y su vicepresidente, Juan Bautista Díaz González (consejero en OCU Ediciones), son administradores de la fundación holandesa Stichting International Consumer junto a otras 36 personas más, concretamente toda la plana directiva del holding de Euroconsumers en los distintos países y algunos familiares de estos.

Llama la atención que los 'capos' de los distintos países administren conjuntamente una fundación en Holanda, país en la que el Euroconsumers no ejerce ninguna labor de defensa del consumidor. Holanda es, igual que Luxemburgo, un país famoso por su baja fiscalidad. Ya en 1995, un artículo aparecido en el diario belga 'Le Soir' apuntaba que toda la estructura de la que forma parte la OCU estaría dirigida desde esa fundación holandesa creada en 1993. Los estatus de la organización española reflejaban hasta hace unos años que “la participación de la OCU en Euroconsumers podrá llevarse directamente o a través de Stitching International Consumers Interests”. Ese artículo en los estatutos fue eliminado posteriormente, y con ello toda vinculación pública con la fundación holandesa.

“El papel de esta fundación es que todas las sociedades del grupo estén informadas, ya que tenemos el mismo objeto social y los mismos intereses: la defensa de los consumidores europeos. Los directivos la administran para estar conectados y decidir la estrategia común de hacia dónde nos vamos a enfocar. Que exista esa fundación es una señal de transparencia. Toda la información está en los registros. Son cargos no remunerados, solo se pagan las dietas”, explica Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU.

"Nuestra filosofía es defender a los consumidores europeos y cuantos más puntos en común tengamos, más fuertes seremos", dice la OCU

Sobre la compleja estructura de Euroconsumers, la portavoz se expresa en los mismos términos: “Puede sorprender que se repitan los directivos en varias organizaciones, pero es un modelo normal en el resto de Europa y Estados Unidos. Nuestra filosofía es defender a los consumidores europeos, y cuantos más puntos en común tengamos con las organizaciones europeas, más fuertes seremos como organización local. Luxemburgo es un país neutral separado del grupo y tenía sentido establecer ahí la sede. Puede parecer malinterpretable, pero más raro es recibir subvenciones públicas a la estructura, y nosotros no recibimos ninguna”.

OCU asegura que se somete estrictamente a la fiscalidad española y que las dudas sobre su presencia indirecta en Luxemburgo y Holanda, además de en Hong Kong, son infundadas. Todo se debe, aseguran, a su vocación europea y a la “economía de escala”, que permite compartir gastos en los estudios de laboratorio y compras conjuntas entre todas las filiales. También sirve como red de seguridad: si una filial de Euroconsumers tiene pérdidas es apoyada financieramente por las demás. “Las operaciones de crédito y débito entre sociedades no son ilegales, lo único que queremos es que ninguna filial del grupo caiga”, sostiene la entidad.

Según la memoria de 2018, la OCU se financia en un 93,8% con cuotas de socios y solo un 0,7% de subvenciones. Con cerca de 250.000 socios, la OCU ingresó 1,6 millones en cuotas. A diferencia de organizaciones hermanas, la filial española no cuenta con subvenciones públicas. El único ingreso de fondos públicos procede de la venta de libros y revistas a ayuntamientos y organismos públicos interesados en sus publicaciones sectoriales.

Potencial conflicto de intereses

Uno de los puntales de la credibilidad de la OCU son sus estudios de laboratorio sobre distintos productos. Si la OCU concluye que el protector solar infantil de Isdin ofrece una protección muy baja, el golpe para la empresa es brutal. Al contrario, si concluye que la crema hidratante del supermercado Lidl es mejor que la Biotherm o la de VIchy, los consumidores caen en avalancha sobre los lineales de Lidl. Los españoles, por lo general, creen lo que les dice la OCU.

La organización asegura que nunca actúa por intereses espurios. “Elegimos dónde ponemos el foco en función a tres indicadores: las encuestas que hacemos a los socios sobre qué sectores les gustaría que estudiáramos, las reclamaciones que nos llegan a la asesoría jurídica y también los productos básicos que cambian mucho como los teléfonos o las lavadoras, porque somos una revista de información al consumidor. Es un criterio de oportunidad y de interés de nuestros socios”, afirma Izverniceanu.

Uno de los productos más analizados es el aceite de oliva, del que casi cada año aparecen estudios de calidad. Un sector en el que la directora de la OCU, Esther Rodríguez Uceda, tiene participación. Desde el año 2016 es apoderada de la empresa familiar Uno AOVE, dedicada a la producción y venta de aceite de oliva ‘premium’. Hace solo un año, coincidieron en el tiempo dos acciones que señalan un potencial conflicto de intereses. A finales de septiembre de 2018, la empresa Uno AOVE apareció en distintos medios de comunicación en términos elogiosos debido a su máxima calidad, la sostenibilidad de la producción y el carácter solidario de la empresa. Rodríguez incluso posó en una fotografía junto a sus hermanos, si bien no se identificó con su apellido real sino como Esther Fortis, segundo apellido de su padre y por el que conocen a su familia en su tierra natal. Pocas semanas después, OCU denunció el fraude en el etiquetado de 20 marcas de aceite de oliva virgen extra”.

"Jamás he usado mi puesto para intereses personales", dice la directora de la OCU sobre su participación en una empresa de aceite de oliva

“No sabía que los resultados de ese estudio iban a publicarse en esa fecha, pero jamás he usado mi puesto directivo para intereses personal y nunca va a haber conflicto de intereses. No uso los estudios de la OCU para vender más”, afirma la directora de OCU a este diario. Su portavoz sostiene la tesis: la denuncia en el etiquetado de varios aceites de gran consumo “no recomendaba que se consumieran aceites prémium” ni tampoco fue analizado el aceite de Uno AOVE, por lo que “no se puede relacionar una cosa con la otra”. Desde la OCU adelantan a este diario que en un futuro próximo todos los altos cargos de la organización deberán firmar un documento de ‘compliance’ (buenas prácticas) para evitar posibles conflictos de intereses como el de la directora con el aceite.

El escándalo de Hong Kong

Hace tres años, la OCU demandó al diario Economía Digital por desvelar que Euroconsumers tiene el 100% de una sociedad en Hong Kong, que habría sido utilizada para gestionar las compras conjuntas de regalos con que las filiales seducen a sus socios y para desviar hasta 15 millones de euros al año. Esta sociedad, Worldcado, podría haber servido también para rebajar la carga fiscal y garantizaba el secreto bancario del grupo Euroconsumers. La OCU perdió dicha demanda y Euroconsumers decidió posteriormente desmantelar Worldcado, empresa que apenas tiene ya actividad y será liquidada en cuestión de meses, según confirma la OCU. De los 15 millones anuales que se desviaban desde Euroconsumers hasta el año 2016, según las informaciones de Economía Digital, se ha pasado a unas cuentas de apenas 20.000 dólares hongkoneses (22.956 euros) en 2018.

“Se despidió al consejero delegado del grupo por esto, quien además aparecía en los Papeles de Panamá. Se basaba en una política comercial de regalos, porque Test Achats funcionaba así y nosotros, por economía de escala, copiábamos el modelo”, cuenta la portavoz de OCU, que desvincula la organización de este escándalo. Dos de los directores de Worldcado siguen siendo directivos de OCU Ediciones: Armand de Wasch (CEO de Test Achats) y Anna J. Goor Thierry.

Fuentes jurídicas sostienen que, más allá de la legalidad del entramado, es peculiar que una organización en defensa de los consumidores disponga de una estructura tan compleja y con tantas ramificaciones en varios países, algunos con fiscalidad reducida, y que una sociedad anónima (Euroconsumers) sea la matriz de organizaciones sin ánimo de lucro como la OCU.