Diez años de inhabilitación para el rey del jamón andaluz por quebrar sus tiendas

Juan Badía, el empresario andaluz que aspiró a ser uno de los grandes de España en el sector del jamón, vive hoy refugiado en su propia casa, sobre la que pesa una orden de desahucio. Hasta ese extremo han llegado las consecuencias del concurso de acreedores de su grupo empresarial, Cash Badía, que un juez de lo Mercantil de Sevilla ha declarado culpable. Quien pasó de vendedor ambulante de carne de cerdo a decenas de bares de Sevilla, después a carnicero de barrio y luego a distribuidor de hasta 200.000 jamones al año (justo antes de la crisis), ha sido condenado a dos inhabilitaciones de cinco años y al pago de 1,3 millones. Solidariamente con su hijo Víctor, igualmente condenado a 10 años sin poder administrar empresas.

Las dos sociedades que entran en liquidación, y cuyas quiebras han sido calificadas como dolosas en sentencias ya firmes, son Jamones Badía y Central de Compras Badía. Esta última era la propietaria de cinco 'cash & carry' (tiendas mayoristas abiertas también a particulares) y una pequeña red de carnicerías. Un pequeño emporio que llegó a facturar 30 millones a base de vender mucho volumen a precios muy ajustados: cuando la crisis cercenó el consumo, la empresa no supo reaccionar y en 2014 entró en concurso. Previamente, otra de las firmas del grupo (Nuevas Líneas de Negocio Badía) también recibió la calificación de culpable en su concurso por otro juez de lo Mercantil de Sevilla. Y otro vástago de Badía (Juan Jesús) fue condenado a una inhabilitación de dos años en 2017.

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Carlos Pizá. Sevilla

Fuentes jurídicas conocedoras del caso detallan que las deudas de Jamones Badía y Central de Compras, que eran el corazón del grupo, sumaban 28 millones al entrar en quiebra voluntaria. Pese a ello, dos años después, Juan Badía fue apartado de las funciones ejecutivas que mantenía: se descubrió que su hijo Víctor había sacado la marca fuera del grupo a coste cero justo antes de ir a concurso. El fuerte carácter del empresario no ha dejado de manifestarse durante todo el proceso, dificultándolo y obstaculizándolo, según las fuentes consultadas. Acabó en marzo pasado con la publicación de la sentencia condenatoria, aunque el enroque del empresario aún persiste en ciertas cuestiones.

Badía, de 74 años, tomó decisiones financieras arriesgadas para crecer en los años previos a la crisis, a lo que se unió una confusión generalizada entre el patrimonio familiar y el empresarial. El yate familiar de Punta Umbría (Huelva), la casa de Sevilla, coches y otros bienes eran costeados por el grupo, según la documentación analizada en el caso. Los miembros de la familia retiraban, además, sin pagarlas, importantes cantidades de producto para su consumo en fiestas como El Rocío o la feria de Sevilla, entre otras. Santander, BBVA y Bankinter fueron algunos de los bancos atrapados.

Filiales cómplices

La Fiscalía, apoyándose en un informe de dos catedráticos de Contabilidad, afinó la responsabilidad de Juan Badía y su hijo Víctor en los citados 1,3 millones. La jurisprudencia surgida del auge de quiebras de los años de crisis ha perfilado las condenas económicas a los gestores y tasado mejor por qué se les pueden imponer, según las mismas fuentes. Hay una tercera parte condenada, la empresa Jamonbadi, que era realmente la cabecera societaria del entramado familiar. El juez la califica en la sentencia como cómplice de las irregularidades de las otras dos. En ella figuraban como administradores igualmente los Badía.

Entre las operativas irregulares descubiertas, estaba también la venta de producto de Central de Compras a otras filiales a márgenes muy bajos. Producto que luego no se abonaba. Hasta 600.000 euros proceden de esta actuación. Central de Compras era quien centralizaba la mayoría del negocio con proveedores (150), empleados (150 en su pico de actividad) y clientes: aglutinó 22 de los 28 millones de pasivo. Operó en Sevilla, Cádiz y Huelva con seis 'cash' en su momento de apogeo.

Llegó a vender 200.000 jamones, pero arriesgó justo antes de la crisis y su modelo 'low cost' cayó: afectó a 150 empleados y otros tantos proveedores

Las dos sentencias son firmes, pero los Badía no las han acatado aún. Se ha solicitado por ello al juez formalmente la ejecución de ambas, en junio y julio, y se está a la espera de respuesta. Mientras, en otro juzgado de primera instancia de Sevilla, se dirime el embargo y desalojo del propio Badía de su casa, en la que vive se podría decir que atrincherado, según estas fuentes. El juez ha estimado la petición de desahucio instada durante el proceso de liquidación y solo se está a la espera de una apelación de último recurso de Badía.