Los fundadores de Amichi reclaman 1M a Black Toro por incumplimiento de contrato

A dos semanas de cumplir el segundo aniversario como dueño de Amichi, Black Toro Capital enfrenta un escenario complejo con la firma textil. Por una parte, la sociedad está en concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, pendiente de si el administrador ve necesaria la disolución; por otra, la familia Amich, fundadora de la marca de moda, le reclama en tribunales un millón de euros a través de distintas causas por incumplimiento de contrato.

La familia Amich y el fondo catalán articularon la transmisión del capital social y de la marca de moda a través de varios contratos. Los fundadores de la textil tienen abiertas cuatro causas paralelas contra Black Toro y la sociedad con la que les compró el capital de Amichi (Michizara SL) por incumplimiento de contrato, según la documentación a la que ha accedido este medio.

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En 2015, después de 30 años al frente de la compañía, la familia Amich se dio cuenta de que se había capeado la crisis pero no se habían adaptado a los cambios del sector y del mercado. El fundador, Juan Carlos Amich, veía claro el futuro de la firma y el camino para lograrlo: era necesario impulsar las ventas, crecer; pero también reestructurar la compañía, cerrar las tiendas que no eran rentables y apostar por los ‘corner’ en grandes tiendas de distribución como El Corte Inglés, una fórmula que podían utilizar para salir de España. Sin embargo, la compañía no tenía el músculo financiero suficiente para embarcarse en esta reinvención y decidió salir en busca de un socio financiero.

Esa búsqueda no salió bien y para 2017 la compañía se había deteriorado aún más. Estaban en una encrucijada: el concurso de acreedores o poner Amichi en manos de alguien que tuviera el dinero y las ganas de acometer los cambios necesarios para que una de las firmas de moda decanas del país no echara el cierre y mandara a casa a más de 400 personas.

El camino de la familia Amich se cruzó entonces con el de Black Toro Capital, el fondo de inversión especializado en reflotar empresas en crisis, y tras varios meses de negociaciones —con auditorías y procesos de ‘due dilligence’ incluidos—, cerraron un acuerdo de compraventa. El fondo de Ramón Betolaza compró el 100% de la sociedad matriz de Amichi (en manos de su fundador, sus tres hijos y varios socios minoritarios), se comprometió a inyectar 15 millones de capital y firmó un contrato de alquiler de las oficinas centrales de la marca en Las Rozas (Madrid), ya que el edificio es de la familia Amich.

La operación se firmó el 27 de septiembre de 2017 y quedó sellada a principios de noviembre con el pago de la primera de las tres anualidades en que se decidió dividir la parte fija. En ese momento, Black Toro realizó la primera inyección de capital, cuatro de los 15 millones pactados en el contrato de compraventa con los expropietarios, para poner en marcha el plan de negocio con que reimpulsar la compañía. El plan estaba sobre la mesa… pero no llegó a ejecutarse.

“El fondo nos engañó, está incumpliendo todo lo que firmó”, afirman a este medio fuentes de la familia Amich que aseguran que no se ha inyectado el capital pactado y que el dinero que entró en Amichi a finales de 2017 se utilizó para cosas superfluas en lugar de “atacar el cáncer de la compañía”. Ni se cerraron las tiendas suficientes, ni se apostó por fórmulas más rentables para ganar presencia nacional.

"La gestión ha sido un desastre. Es una situación triste y lamentable que nos ha perjudicado desde el punto de vista moral, pero también económico"

“La gestión ha sido un desastre. Es una situación triste y lamentable que nos ha perjudicado desde el punto de vista moral —es nuestro apellido, nuestra marca—, pero también económico”, agregan. La familia Amich ha recurrido a los tribunales para reclamar a Black Toro el pago de la segunda anualidad del contrato de compraventa de Amichi y los alquileres pendientes de las oficinas donde Amichi tiene su sede, mensualidades que no abonan desde enero de 2019.

Incumplimientos de contrato

El precio de la compraventa de la textil se compone de una parte fija, un millón de euros, y una variable (un 10% de los beneficios de la compañía durante un periodo de tiempo). La marca Amichi se vendió de forma separada por 300.000 euros, sin incluir IVA. Además, el contrato de arriendo de las oficinas se firmó a un precio inferior a mercado, por lo que se pactó un plazo fijo de 10 años y una penalización en caso de incumplimiento.

La familia fundadora ha llevado ante el juez los tres contratos por incumplimiento por parte de Black Toro. Respecto a la compraventa, el fondo falló el pago correspondiente a 2018, 333.334 euros. Además, tiene pendiente abonar el IVA de la transmisión de la marca y pagar los más de 55.000 euros por el alquiler de las oficinas correspondiente a los tres primeros meses del año, momento en que se interpuso la demanda, “aunque tampoco han pagado los restantes a día de hoy”.

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En total, las reclamaciones de la familia Amich contra el fondo de inversión catalán ascienden a alrededor de 700.000 euros, incluyendo los intereses de demora y gastos repercutibles, pero la demanda interpuesta para reclamar el pago pendiente de la compraventa abarca también el que cumple en noviembre de este año, por lo que la cifra ascendería a 1 millón si Black Toro falla también ese pago.

Hasta el momento, la Justicia ha fallado a favor de la familia Amich en una de sus pretensiones: el pago de la anualidad del contrato de compraventa que no se abonó en 2018. En junio, se dictó una orden ejecutiva por un importe de casi 450.000 euros, con una orden de embargo contra la sociedad con la que el fondo compró la textil (Michizara SL), que preside el propio Ramón Betolaza y donde Pedro Valdecantos, el asesor que puso en contacto a la familia Amich con Black Toro, es consejero. Pero no se ha podido cobrar, explican las mismas fuentes.

Respecto al inmueble donde tienen las oficinas, la familia Amich, además de la petición de desahucio, ha interpuesto demanda contra la misma sociedad para rescindir el contrato y ejecutar la cláusula que contiene y que les protege del incumplimiento por parte de Black Toro: el pago de las mensualidades pendientes hasta el término del contrato (septiembre de 2027). La cifra de esa penalización roza los 1,7 millones para el periodo entre enero de 2020 y septiembre de 2027. Consultado sobre el curso de estas causas, Black Toro ha declinado hacer declaraciones.