La Fiscalía ve falsedad contable en Bankia y pide 8 años de prisión para Rato

La Fiscalía Anticorrupción endurece su acusación del caso Bankia. Tal y como adelantó este medio, el Ministerio Fiscal ha decidido elevar la petición de penas contra algunos procesados tras añadir el delito de falsedad documental al ya contemplado de estafa.

En medio de una gran expectación en la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen Launa ha decidido pedir ocho años y medio de prisión para el expresidente Rodrigo Rato, frente a los 5 años anteriores.

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Junto al expresidente ya en prisión, la Fiscalía dirige su acusación contra el exvicepresidente José Luis Olivas -5 años de prisión-; el ex adjunto al presidente, José Manuel Fernández Norniella -entre 5 y 6 años-; el ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj -2 años y medio-; el exauditor Francisco Celma -2 años-; el interventor de Bankia, Sergio Durá -entre 1 y 2 años-; el ex auditor interno, Miguel Ángel Soria, -2 años-; el ex CEO Francisco Verdú -entre 9 meses y año y medio-; el exconsejero Alberto Ibáñez -entre 9 meses y 1 año y medio-; la exconsejera Araceli Mora -1 año-; el exconsejero Ángel Acebes -entre 9 meses y 1 año y medio-; el exconsejero Pedro Bedia -1 año y seis meses-; el exconsejero Remigio Pellicer -1 año-; y el exconsejero Rafael García-Fuster -1 año-.

Uno de los grandes beneficiados de este cambio en el escrito de acusación de la fiscal es Verdú, que anteriormente era uno de los cuatro señalados por estafa, junto a Rato, Olivas y Norniella, y al que Anticorrupción pedía hasta ayer 2 años y siete meses de prisión. El Frob, principal perjudicado, ha retirado su acusación contra el exCEO.

Ganadores

Junto a Verdú, también es reseñable que la fiscal no ve responsabilidad penal en los casos de las personas jurídicas: Bankia, BFA y Deloitte. Los otros procesados que quedan al margen de la acusación de Anticorrupción son: Francisco Pons, Francisco Baquero, Rafael Ferrando, Jorge Gómez, Agustín González, Jesús Pedroche, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez del Toro, Ángel Villanueva, Arturo Fernández, Javier López Madrid, José Antoncio Moral Santín, Francisco Juan Ros, José Manuel Serra Peris y Antonio Tirado.

En su exposición, Launa ha explica do que "las nuevas pruebas" vistas durante el juicio le obliga a "introducir matices y dar más importancia a algunos extremos". Así, da por probado que hubo falsedad contable en Bankia en las cuentas de la fusión de 2010, en las de la salida a bolsa -las de marzo de 2011- y con las de finales de 2011, que posteriormente fueron reformuladas tras el rescate.

División de responsabilidades

En su exposición, la fiscal ha repartido las distintas responsabilidades de los hechos a su juicio delictivos. Respecto de las cuentas de 2010 y las de la salida a bolsa, culpa por estafa a Rato, Olivas, Norniella, Barcoj y Celma.

Respecto a las cuentas de 2011, señala por falsedad a Rato, Norniella, Durá, Soria, aunque da la opción al tribunal de que sea en grado de tentativa, ya que las cuentas no fueron finalmente auditadas por la oposición de Deloitte y Celma. En tal caso, se reduciría la pena pedida por la Fiscalía.

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También por las cuentas de 2011, Launa carga contra los miembros de los comités de Auditoría de BFA y Bankia, también con la opción de grado de tentativa: Verdú, Ibáñez, Mora, Acebes, Bedia, Pellicer y Fuster.

Además, la Fiscalía considera que Rato, Olivas, Norniella, Barcoj y Celma deben hacer frente a las indemnizaciones que correspondan a los inversores minoristas personados en la causa y que no se han acogido a la solución propuesta desde hace años por Bankia: algo menos de 2 millones de euros. La entidad, BFA y Deloitte son responsables solidarios en este sentido.

Caos entre las acusaciones

Además de la Fiscalía, han expuesto sus conclusiones el resto de acusaciones. El Frob ha mantenido su acusación, salvo la modificación de Verdú; y la acusación popular, CIC (Confederación Intersindical de Crédito), también ha retirado acusaciones adhiriéndose a Anticorrupción.

Las conclusiones de algunos abogados de inversores particulares han generado caos dentro de la Sala, al no tener apuntados los nombres de todos los exconsejeros a los que se acusaba o no sustentar los motivos de pedir penas de prisión a algunos procesados. Por ello, incluso uno de ellos ha retirado parte de su acusación sobre la marcha.