PROPUESTA DEL FSI

Europa estudia importar el sistema para rescatar bancos de Estados Unidos

El Parlamento Europeo valora una posible reforma de los rescates bancarios para las casi 3.900 entidades financieras que no están supervisadas por el BCE

Foto: Sede del FDIC, organismo norteamericano encargado de rescatar entidades, en Washington. (EFE)
Sede del FDIC, organismo norteamericano encargado de rescatar entidades, en Washington. (EFE)

Diez años después de que estallara la crisis financiera, Europa sigue buscando nuevas herramientas con las que rescatar bancos con los menores costes y complicaciones posibles. El Parlamento Europeo (PE) ha empezado a estudiar una propuesta del Instituto para la Estabilidad Financiera (FSI, por sus siglas en inglés), que podría respaldar la Junta Única de Resolución (JUR), que busca asemejar las reglas de juego europeas a las de Estados Unidos.

La iniciativa, uno de cuyos impulsores es el español Fernando Restoy, presidente del FSI, todavía está en una fase inicial, con distintos estudios publicados por el Parlamento y la expectativa de llevar una propuesta a la Comisión Europea durante la legislatura que está arrancando. A priori, Bruselas ve con buenos ojos el trabajo del PE.

Meta norteamericana

El objetivo es unificar las reglas que usan para rescatar a las entidades europeas no significativas. Hay 120 que sí lo son, son supervisadas por el BCE y se tienen que acoger a la normativa de resolución comunitaria. Pero hay unas 3.900 que escapan de esta regulación y se acogen a sus leyes nacionales. Europa no quiere que haya problemas con estas entidades que puedan desestabilizar al sistema.

Una de estas posibles dificultades llega por todos los países en los que los bancos pueden acabar en un concurso de acreedores ordinario, bajo la batuta de un juez. Como en España, Francia, Alemania, Luxemburgo e Irlanda, entre otros países. El precedente de Banco Madrid hace que los reguladores no quieran volver a ver la liquidación de una entidad en los tribunales, y reclamen esas funciones para las autoridades de resolución (JUR o Frob) o los fondos de garantía (como el FGD español).

Los reguladores creen que hay una clase media de bancos cuyas crisis deben ser gestionadas con flexibilidad por parte de los fondos de rescate

"Probablemente el principal desafío para el funcionamiento del nuevo marco de gestión de crisis en la unión bancaria está relacionada con el tratamiento de la caída de los bancos medianos, que se consideran importantes [...]. Me he referido a este grupo de bancos en otros lugares como la clase media. Suelen ser demasiado grandes para estar sujetos a una liquidación directa, ya que puede generar efectos sistémicos adversos, pero pueden ser demasiado pequeños y tradicionales para emitir" el colchón anticrisis (Mrel), señaló Restoy en un foro de hace dos semanas en Lisboa.

Por ello, tanto Restoy, como la JUR y expertos como Nicolas Veron y Anna Gelpern -que acaban de publicar un estudio para el Parlamento Europeo- ven necesario que cambie la regulación concursal de los países europeos -al menos la parte que afecta a los bancos- y se dote a los fondos de rescate de más herramientas para salvar a las entidades. El ejemplo a seguir es el del FDIC norteamericano, con poderes máximos para gestionar crisis financieras.

De esta forma, lo que proponen es que todas las competencias para rescatar entidades -incluso para gestionar los fondos de garantía de depósitos- recayera sobre la JUR, quien tendría herramientas para crear bancos puente, inyectar liquidez/capital y dar garantías sobre activos (EPAs) para gestionar crisis bancarias.

La gran dificultad de este proyecto es que, una vez pase los trámites del PE y la Comisión Europea, tenga el visto bueno de todos los países miembros. Más teniendo en cuenta de que se trataría de una reforma que necesitaría el visto bueno de los ministerios de Justicia y Finanzas y los políticos de cada país. Consciente de este reto, proponen un plan B, que cada país adapte -al menos parcialmente- su regulación en esta línea. De esta forma se daría un primer paso hacia una reforma a nivel comunitario.

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