El BCE deja en la nevera el caso Villarejo: no apretará a BBVA hasta que haya sentencia

Los reguladores quieren que la crisis de BBVA con el comisario José Manuel Villarejo sea algo del pasado, sin ramificaciones en el presente —o al menos con esta filosofía se ha movido el Banco Central Europeo (BCE) respecto al caso—. Los ánimos estaban calmados desde hace meses, cuando justo antes de la junta de accionistas se consiguió que Francisco González (FG) renunciara a su presidencia de honor. Y por el momento se mantendrá igual, a pesar de la imputación de ocho altos cargos de la entidad, algunos todavía en activo, según fuentes regulatorias consultadas por este medio.

La línea roja para que el BCE cambiara esta actitud sería que se imputara a consejeros o miembros de la primera línea directiva, o que hubiera una sentencia. De momento han quedado imputados en el caso por los trabajos realizados por el comisario jubilado para el banco durante 2004 ocho directivos, tanto actuales como pasados. Entre ellos destacan Ángel Cano (consejero delegado durante la presidencia de FG), Julio Corrochano (exjefe de seguridad) y Antonio Béjar (ahora presidente de la Operación Chamartín pero antes director de varias ocupaciones durante dos décadas).

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También están citados como investigados Inés Díaz Ochagavía (posterior sustituta de Corrochano), Ricardo Gómez Barredo (responsable hasta hace meses de Contabilidad y Relación con el Supervisor), Ignacio Pérez Caballero (director de red de banca comercial de BBVA España y consejero de BBVA Seguros), Javier Malagón Navas (exinterventor y director financiero de la filial mexicana) y Nazario Campo Campuzano (actual jefe de equipo del banco).

Tanto al supervisor europeo como al Banco de España les preocupa el riesgo reputacional de que este caso judicial impacte al actual equipo gestor, por dos motivos: por el peligro de que la entidad pierda el foco en el día a día por una crisis de gobierno corporativo, y porque tenga algún efecto sobre la entidad, su cotización o la confianza de los clientes, un riesgo que el banco reconoce ante la SEC pero que no se ha materializado. Situaciones impredecibles, por otra parte.

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Desde el entorno de los directivos investigados consideran que las imputaciones llegan en un momento muy inicial para chequear las posiciones de los ejecutivos que figuran en los contratos de BBVA con Cenyt, la empresa de Villarejo. Aun así, el hecho de que la causa esté bajo secreto puede esconder líneas de investigación y pruebas que cambien por completo este panorama.

En el caso Villarejo se investiga la contratación del policía por parte del BBVA para así frustrar el asalto de Sacyr y el PSOE al banco, actualmente presidido por Carlos Torres. La investigación Cenyt se centraba en espiar a los principales promotores de la operación, con la intervención de más de 15.000 llamadas telefónicas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas.