Cepsa tienta a la Junta andaluza con 2.500M en inversiones a cambio de agilizar trámites

Cepsa ha lanzado un órdago a la Junta de Andalucía para comprobar si su reiterado discurso de desregulación controlada para favorecer la inversión privada va en serio. La petrolera —en la que recientemente se ha incorporado el fondo de capital riesgo Carlyle como socio con el 40% del capital— ha puesto encima de la mesa del Gobierno regional un plan inversor de 2.500 millones entre 2019 y 2023. ¿Qué pide a cambio al equipo que dirige Juanma Moreno? Dos cuestiones: primero, medidas concretas para reducir trámites burocráticos y, segundo, apoyo para agilizar el proyecto Fondo de Barril, que prevé absorber 1.000 de esos 2.500 millones para ampliar la refinería de Campo de Gibraltar (Cádiz).

El Ejecutivo regional, a través del consejero de Hacienda e Industria, Juan Bravo, ha manifestado en los últimos meses que había un grupo dispuesto a invertir esos 2.500 millones si se concretaban los anuncios de eliminación de trabas burocráticas. Ahora, El Confidencial ha podido conocer que este grupo es Cepsa, como la propia compañía petrolera controlada mayoritariamente por el fondo Ipic de Abu Dabi ha confirmado a preguntas de este medio. Tres grandes áreas, además del proyecto Fondo de Barril en San Roque, centrarían ese potente desembolso: proyectos de generación eléctrica renovable (fundamentalmente, fotovoltaicos), mejoras y ampliación de las instalaciones petroquímicas existentes en Huelva y Cádiz, e inversión en la red de gasolineras y de distribución en la comunidad.

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Pero, a corto plazo, el reto clave es arrancar la inversión de 1.000 millones en la refinería de San Roque (la mayor de España, con 12 millones de barriles de petróleo de capacidad anual) para extraer más jugo al crudo que procesa. Es Fondo de Barril, que el director de esta factoría, Miguel Pérez de la Blanca, anunció al poco de acceder al cargo hace ahora cuatro años. Básicamente, como su nombre deja entrever, se trata de valorizar aún más cada barril de petróleo sacando jugo incluso a partes del mismo que ahora no se aprovechan: consiste en procesar y sacar productos de los restos del petróleo que ahora sobran tras el proceso de refino.

El escollo relevante para desatascar esta iniciativa está en el Ayuntamiento de San Roque, que tiene competencias urbanísticas y que ya aprobó a final del pasado año un plan especial para que la refinería pueda ampliar sus instalaciones en 35 hectáreas para acoger esa inversión. El consejero Bravo, en una reciente visita a la zona, aseguró que Fondo de Barril es un ejemplo de gran proyecto parado que hay que agilizar. A la Junta y al Gobierno central les toca otorgar las licencias ambientales. El comienzo de las obras previsto para 2019, tras iniciarse las tramitaciones hace dos años, se retrasaría así al menos un año.

La Junta prevé declarar proyecto estratégico el Fondo de Barril de Cepsa en Cádiz, igual que ya ha hecho con el plan de 720 millones de Cosentino

Para tratar de revertir esta situación, y mostrar a Cepsa que se pasa de las palabras a los hechos, Fondo de Barril va a ser declarado proyecto estratégico por la Junta próximamente, según las fuentes empresariales consultadas. Es la misma figura que se ha utilizado con el macroplan inversor de 720 millones a 10 años que Cosentino ha planteado a la Junta en Cantoria (Almería), según se anunció hace unas semanas. Con esa declaración como iniciativa estratégica, se simplifica la tramitación de todos los permisos necesarios, aunque en los ocho años en que esta figura lleva vigente en Andalucía no se ha utilizado con éxito ni una sola vez. Por eso se prevé reformar esta figura de los proyectos estratégicos el próximo mes de septiembre.

Además, en una jornada celebrada en la patronal CEA la semana pasada, el consejero de Hacienda ha anunciado la creación de la figura de los 'project managers' dentro de la Administración autonómica. Serán funcionarios que se convertirán en interlocutores entre la Administración (liderarán equipos de empleados de varias consejerías) y los promotores de esos proyectos estratégicos para conseguir que se lleven a buen puerto. Se trabaja en crear 11 equipos de este tipo. Bravo también se comprometió en esa jornada a aprobar en breve un decreto de agilización administrativa que impulsará la tramitación digital. Será el primero del actual Gobierno, tras el que aprobó el anterior Ejecutivo de Susana Díaz en 2014 y que facilitó alrededor de 200 gestiones ante la Administración autonómica.