INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La misteriosa orden de 1.300 millones que dio la puntilla a Banco Popular

Documentos del sumario del caso Popular reflejan como un gran cliente con 1.300 millones pudo forzar que la entidad se quedara sin liquidez y tirara la toalla ante el BCE

Foto: Oficina de Popular en 2016. (Reuters)
Oficina de Popular en 2016. (Reuters)

El caso Banco Popular se ha convertido en una autopsia que recorre cómo fue, minuto a minuto, la muerte de la sexta entidad española. Las últimas pruebas aportadas a la Audiencia Nacional detallan cómo fue el último aliento, y arrojan dudas sobre quién dio la puntilla al banco con la última retirada de depósitos, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Tesorería de la Seguridad Social en el foco.

Hay tres piezas en este puzle. La primera es una carta enviada por Popular al Banco de España el 5 de junio de 2017, en la que se pedía la primera línea de liquidez de emergencia (ELA), en la que se señala lo siguiente: "Existe riesgo de retirada de depósitos del entorno de 1.300 millones de euros por parte de un cliente".

Mayores depósitos

La segunda pieza es la presentación interna del Popular usada durante sus últimos días antes de la resolución —en la madrugada del 6 al 7 de junio—. En ella figura que los dos mayores depositantes a fecha 5 de junio eran la Tesorería de la Seguridad Social, con 1.455 millones, y la CNMC, con 1.342 millones. El tercero, a distancia, era Loterías y Apuestas del Estado, con algo más de 500 millones.

La tercera parte del rompecabezas está dentro del informe pericial que elaboraron los dos inspectores del Banco de España, para la Audiencia Nacional. "El día 6 de junio [...] y ya tenía salidas comprometidas para el día 7 por 1.300 millones, lo que hacía que la liquidez disponible en el Banco de España que se situaba en los 600 millones, hiciera inviable a la entidad". Es decir, había 600 millones en la caja y "salidas comprometidas" por 1.300 millones, cifra coincidente con el "riesgo de retirada" que tenían el día antes de un cliente.

Desde la CNMC y la Seguridad Social no aclararon si procedió de ellos la orden que 'fulminó' al Banco Popular. El organismo público presidido por José María Marín Quemada tiene en su caja varios miles de millones que mueve del sector eléctrico. Al igual que otros organismos públicos, no es su dinero, por lo que tiene que ser especialmente cuidadoso. Por ello, ante el agravamiento de la crisis de la entidad, entonces presidida por Emilio Saracho, se dieron órdenes de reembolso.

Algunos de los perjudicados —accionistas y bonistas— por la caída del Popular ven la mano del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, detrás de la retirada de depósitos. Un una comparecencia en el Congreso del año pasado, el ahora vicepresidente del BCE defendió que "un 70% [de la retirada de depósitos] fue de manos privadas, y de instituciones públicas —ayuntamientos, comunidades autónomas, diferentes empresas públicas, etcétera— únicamente fue un 30%". Añadió que la situación de debilidad de Popular fue pública como se reflejó en la cotización en bolsa.

El grifo del BdE, cerrado

Exdirectivos del Popular de aquella etapa explican que más allá de los 1.300 millones que vienen en el informe pericial, la entidad estaba condenada a la resolución porque detrás vendrían más reembolsos. "Calculábamos unos 3.000 millones en salidas el 7 de junio", explican.

Antes de declararse inviable, la entidad había dispuesto de 3.800 millones del ELA concedido por el Banco de España, y supuestamente tenía a su disposición potencialmente otros 5.700 millones, hasta 9.500 millones. El problema es que no pudo presentar a tiempo todas las garantías, y la idea de quedarse sin liquidez al poco de abrir las oficinas hizo que todos los actores involucrados optaran por 'entregar las llaves' del banco al BCE.

Una de las preguntas todavía sin respuesta es por qué Popular no pudo entregar todas las garantías a tiempo y/o por qué el Banco de España no tuvo capacidad de analizarlas, a pesar de que llevaban muchas semanas preparando una eventual crisis de liquidez. Fuentes próximas a la entidad lo achacan a que el regulador nunca quiso determinados colaterales, y nunca quiso trabajar sobre ellos. La incógnita, que se quedará sin respuesta, es si haberlo preparado hubiera dado tiempo al banco a salvarse con una nueva ampliación de capital o a que BBVA ganara unos días para participar en la subasta.

Hay un dicho bancario que reza que una crisis de solvencia es un cáncer, y una de liquidez un ataque al corazón. La autopsia de los últimos días del Popular analiza esta última circunstancia, aunque la entidad tenía problemas arrastrados del pasado con difícil solución.

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