Quiebra Oproler, la constructora madrileña beneficiaria del pago del 3% a la Generalitat

Oproler, una pequeña constructora madrileña que hace dos años se vio inmersa en una operación policial por el presunto pago de sobornos para conseguir contratos en Cataluña, va a presentar concurso de acreedores, según han confirmado fuentes próximas a la compañía. Sergio Lerma, el máximo accionista y el señalado por haber pagado mordidas a políticos de la Generalitat, ha instado la quiebra voluntaria al no poder hacer frente a las deudas. No obstante, la empresa asegura que la insolvencia se debe a problemas únicamente relacionados con el negocio, por la caída de la obra pública.

La constructora con sede en Madrid ya había sido requerida jurídicamente por varios contratistas para hacer frente a unos pagos con los que tenía retrasos significativos. Hasta el punto de que Oproler está abonando facturas de proveedores a una media de casi 120 días al año, cuando el límite impuesto por las administraciones públicas es de un máximo de 60. La sociedad arrastraba un pasivo de 66 millones de euros, la mayoría de deuda con suministradores, situación que no le había impedido prestar un millón de euros al propio Sergio Lerma.

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Lerma salió a la luz pública en febrero de 2017 cuando la Guardia Civil lanzó una operación contra la presunta trama de financiación ilegal del 3% del Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT), antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En dicha actuación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, las fuerzas de seguridad del Estado llevaron a cabo 18 detenciones y 24 registros en organismos públicos y empresas adjudicatarias de la Administración catalana.

Entre los detenidos, además de varios directivos de empresas como Bimsa y Comsa, estuvieron José María Zaragoza de Pedro, director de Contratación de Oproler, Josep Manel Bassols, responsable del negocio en Cataluña, y Sergio Lerma, presidente y máximo accionista de esta constructora. La Fiscalía acusaba a todos los implicados de presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Tras la detención de estos ejecutivos, Oproler decidió expulsarlos de la cúpula y quitar el poder de administrador único a Lerma. Enrique Quevedo asumió la presidencia y el puesto de consejero delegado, mientras que Enrique Nieva y Emilio García asumieron los cargos de consejeros. En realidad, Oproler seguía controlada por el propio Lerma a través de Oniler, su máximo accionista.

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Tal y como desveló El Confidencial, Lerma resultó ser un exagente del Cesid, el antiguo servicio de inteligencia de España, que hoy opera con el nombre de CNI, a comienzos de la década de los noventa. El empresario llegó a donar 17.000 euros a dos fundaciones afines al partido de Artur Mas —Catdem y Fòrum Barcelona—, tras haber intentado obtener obras públicas en Cataluña sin suerte. Después de presentarse a 25 concursos y no ganar ninguno, el presidente de Oproler se personó en las dependencias de Gisa, que era la empresa de la que dependía toda la obra pública del Gobierno catalán, para averiguar el motivo de tamaña mala suerte. “Le dicen que siga intentándolo, que en efecto ‘ya le debería haber tocado a usted obra’, según declaró ante el juez Josep Bosch.

Pagar por contratos

Tras presentar media docena de ofertas más, con resultado negativo, Lerma solicitó una reunión con el máximo responsable de Gisa. Pero una persona de su gabinete le dijo, con la mejor voluntad, que era mejor que no siguiera perdiendo el tiempo porque "Oproler no está en la lista". En ese momento, la constructora dejó inmediatamente de licitar para Gisa, asumiendo la situación. Ser madrileño y militar no era la mejor carta de presentación.

El empresario madrileño cambia radicalmente de estrategia y toma una serie de medidas drásticas. En primer lugar, decide “mantener el 'holding' empresarial que cuelga de Oproler con sede en Barcelona, en lugar de trasladarlo a Madrid, que era lo previsto, dado que el 90% de la facturación estaba fuera de Cataluña”. El segundo paso fue alquilar un palco en el Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona. Entre medias, Lerma engrasó la relación con la Generalitat con Andreu Viloca, el tesorero de CDC, y con Germà Gordó, secretario del Gobierno catalán, con invitaciones a cumpleaños, avión y hotel incluidos, y ojeos de perdices.

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Y el tercero y más importante fue la contratación “de un delegado en Cataluña, oriundo de Cataluña, frente al anterior, que era de Madrid”. El nombramiento recayó en Josep Manel Bassols, un dirigente de Convergència, con línea directa con Artur Mas y responsable de las campañas electorales de CiU en la demarcación de Girona. Bassols (que resultó también detenido en el caso 3%) es el marido de la jueza Núria Bassols, que, como miembro del TSJC, dictó un auto exonerando a Ferran Falcó, expresidente de Adigsa (el 'holding' del Gobierno que controla la vivienda pública), de adjudicaciones irregulares.

Pero fuentes próximas a Oproler aseguran que este escándalo no ha sido el factor que ha llevado a la compañía a presentar el concurso voluntario, acto jurídico que está previsto para este viernes. Al contrario, matizan que la quiebra se debe a la paralización de las obras en España por la ausencia de Gobierno, lo cual ha retrasado la salida de nuevos concursos públicos. La empresa agrega que la promotora inmobiliaria, que tenía previsto construir hasta 1.800 viviendas, seguirá operativa.

Más de medio millar de viviendas en el aire

No obstante, como constructora, deja en el aire más de 600 viviendas en Madrid y casi una decena de promociones y un proyecto de viviendas de lujo en el centro de la capital. Según la información que puede verse en su propia web, Oproler es la constructora de nueve promociones en Madrid que suman 661 viviendas y de un proyecto residencial de 12 viviendas de lujo en la calle Alcalá 84, propiedad de Gran Roque Capital, vehículo inversor de los venezolanos Miguel Ángel y Áxel Capriles, y un proyecto que han intentado vender en el mercado con licencia y proyecto de obra, tal y como adelantó El Confidencial.

Oproler deja en el aire más de 600 viviendas en Madrid y casi una decena de promociones y un proyecto de viviendas de lujo en el centro

Las viviendas afectadas están repartidas por toda la Comunidad de Madrid: en el PAU de Carabanchel, Valdebebas, Arroyo del Monte, Boadilla del Monte, Las Rozas, Torrelodones y Colmenar Viejo. No obstante, las fuentes consultadas amplían hasta 26 el número de promociones afectadas.

"Llevamos varios retrasos en las obras y no sabemos qué va a pasar a partir de ahora", relataba ayer a El Confidencial una afectada. "Si la constructora se va a la quiebra, no sabemos cuándo podremos retomar las obras y entrar a vivir". Esta afectada ha desembolsado ya el 30% de su vivienda, 120.000 euros de los 400.000 que cuesta su casa.

Por otro lado, según información a la que ha tenido acceso El Confidencial, Oproler ya habría paralizado las obras remodelación de un edificio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, en concreto, del edificio Sanchinarro VI, que alberga viviendas, 150 de protección oficial. La constructora se adjudicó las obras en 2017, si bien en junio de 2018, según relata la propietaria de una de las viviendas, "se paralizó parcialmente la obra y dos meses más tarde, en agosto de 2018, Oproler abandonó completamente la obra".

Desde el sector promotor, achacan los problemas al fuerte aumento de los costes de construcción. Un problema que ha comenzado a salpicar seriamente a las pequeñas constructoras, que no cuentan apenas con personal en plantilla para las obras sino que trabajan con cuadrillas que "suelen saltar de una obra a otra en función de quién pague mejor", explica un promotor madrileño. La propia Oproler reconocía en sus cuentas de 2017 —las últimas disponibles en el registro— el problema del incremento de los costes de construcción y la mano de obra, si bien nada hacía presagiar que pudiera lastrar sus cuentas de resultados, como finalmente habría sucedido.