Santander admite para negociar el ERE que su eficiencia ha empeorado un 20%

Banco Santander y los sindicatos tendrán hasta finales de junio para alcanzar un consenso con el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la entidad, que ha puesto encima de la mesa la cifra de 3.700 puestos de trabajo, aunque fuentes del mercado dan por hecho que estará cerca de los 3.000. Una vez constituida la mesa de negociación, el periodo formal de consultas se iniciará el 23 de mayo, y consta de 30 días salvo que ambas partes acuerden retrasarlo.

La empresa externa que asesora al banco cántabro, Global de Asesoramiento, ha expuesto a los representantes sindicales los motivos que justifican el recorte. Principalmente, el banco quiere proceder a reestructurar la red comercial evitando solapamientos después de absorber Banco Popular, cuya integración definitiva a nivel tecnológico está prevista para julio. La dirección argumenta que en los últimos años ha habido una caída de márgenes que ha empeorado la ratio de eficiencia (costes sobre ingresos, cuanto más baja mejor), aumentando desde el 45% de 2012 hasta el 54,4% de 2018 (un 20% peor), pasando por el 57% de 2017, según las cifras puestas encima de la mesa, explican fuentes sindicales. El banco no hace comentarios.

De hecho, si se incluyen las amortizaciones, Banco Santander publicó una ratio de eficiencia en España del 56,8% en 2018, mientras que en 2017 se situó en el 59,1%. El banco lleva años poniendo la eficiencia como uno de los objetivos prioritarios, y aspira a reducir la del grupo entre el 43% y el 45%, según se comprometió en el último 'Investor Day' del banco presidido por Ana Botín. Las cifras empeoraron radicalmente en España al incorporar el Popular en 2017 a su perímetro. Por otro lado, sigue el goteo a la baja de los márgenes con el estancamiento del crédito y los tipos de interés al 0%, lo que precisamente incide en el empeoramiento de la eficiencia.

TE PUEDE INTERESAR

Santander plantea un ERE de 3.700 empleos que costará hasta 1.000 M

Ó. Giménez

En concreto, el margen neto se situó en España en los 3.414 millones en 2018, mientras que en 2012 estaba en los 3.849 millones. La diferencia entre ingresos —por margen de intereses, comisiones o resultado de operaciones financieras (ROF)— y los costes ha descendido un 11% en seis años, pese a que en aquel momento España estaba inmersa en recesión, con el sector bancario como uno de los más castigados, y que por el camino ha añadido a Banco Popular a su cuenta de resultados.

El banco también achaca el ERE al proceso de digitalización, los costes regulatorios, los riesgos de litigiosidad o la competencia de las 'fintech'. La próxima reunión se producirá el 23 de mayo, cuando arrancará el periodo formal de consultas, que según el Estatuto de los Trabajadores se extenderá durante 30 días. De este modo, el acuerdo definitivo podría producirse a finales de junio, y siempre antes del verano, para que pueda comenzar el ajuste en septiembre, según los plazos previstos por el banco.

La entidad ha planteado la reducción de 3.700 puestos de trabajo —el 11% de la plantilla—, aunque fuentes cercanas creen que es una cifra puesta encima de la mesa para iniciar la negociación pero que podría reducirse hasta los 3.000, con el temor por parte de los sindicatos de que no se pueda cubrir solo con bajas voluntarias y prejubilaciones. Por su parte, el cierre de oficinas proyectado es de 1.150, el 26% de la red de sucursales. Los analistas creen que el coste de reestructuración podría alcanzar los 1.000 millones de euros.