Santander encamina el ERE a septiembre con mayor recorte y menor coste que Caixa

El acuerdo final de CaixaBank con una mayoría de los sindicatos para un recorte de 2.023 empleos coincide con el inicio de la negociación de Banco Santander para otro ajuste aún mayor. El mercado da por hecho de que sobrepasará los 3.000 puestos de trabajo, aunque también entiende que será a un menor coste que su competidor viendo los precedentes.

El banco cántabro ya tuvo las primeras conversaciones el pasado miércoles con los sindicatos, y tendrá la segunda reunión este martes, en la que se prevé que se constituya la mesa de negociación con discusiones sobre la representación que deben tener los diferentes representantes sindicales. El artículo 12 del convenio colectivo de banca contempla dos semanas para que Santander pueda exponer sus motivos antes de realizar una propuesta de recorte.

Los sindicatos dan por hecho que será de al menos 3.000 puestos de trabajo con un coste inferior a los 1.000 millones, según cálculos de los analistas teniendo en cuenta los precedentes, frente a los 890 millones de coste asumido por CaixaBank para recortar 2.023 empleos. El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, dio una pista en la última presentación de resultados al señalar que la entidad usará parte de la plusvalía de 700 millones por su acuerdo de colaboración en el negocio de depositaría con Crédit Agricole en los nuevos costes de reestructuración.

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El banco encara la negociación para alcanzar un acuerdo antes de agosto. La entidad cántabra usa los tiempos para pactar el ajuste final en julio e iniciarlo en septiembre. De esta forma, el acuerdo llegaría con la integración tecnológica de Banco Popular finalizada, que está prevista para julio. Desde la entidad no hay comentarios.

De hecho, esta fue una de las premisas del acuerdo firmado tras la fusión de Banco Santander y Banco Popular, entidad que fue adquirida por un simbólico euro en la noche del 6 al 7 de junio de 2017 tras su resolución. En este paco se contempló no realizar un recorte en la red de oficinas antes de que estén integradas. Fuentes conocedoras apuntan a que actualmente 600 sucursales de las 1.500 que tenía el Popular ya están incorporadas a la red del Santander, y que se produce una nueva oleada cada mes.

Banco Santander ha utilizado el argumento propio de duplicidades tras absorber Popular y el genérico del sector de la baja rentabilidad y la digitalización para iniciar las conversaciones con los sindicatos, que recuerdan a la entidad que es el tercer expediente de regulación de empleo (ERE) del banco desde 2016, o el cuarto si se tiene en cuenta el que hizo Popular en sus últimos compases de vida.

Los sindicatos dudan en esta ocasión de que se pueda cubrir todo el ajuste con bajas voluntarias, algo que sí ha ocurrido en CaixaBank o en los últimos recortes del Santander. Este tipo de anuncios son bien acogidos por gran parte de la plantilla cercana a la jubilación, debido a las condiciones ofrecidas en los últimos años para la prejubilación, pero suponen “estrés para el resto por la presión de los mandos intermedios”, denuncian fuentes sindicales.

Ajuste mayor

De cualquier manera, todo indica que el ERE será ostensiblemente mayor que el de CaixaBank. La cifra de 3.000 trabajadores supone en torno al 9% de la plantilla en España, que se situó en marzo en los 32.366 empleados, según el último informe financiero. En 2016, antes de incorporar el Popular, tenía 23.017 trabajadores, mientras que un año después el número creció hasta los 34.499 empleados.

El banco acordó hace más de un año un ERE de 1.100 empleados en los servicios centrales, con una provisión continuada de 248 millones de euros para cubrir los costes. Finalmente, 1.715 empleados se acogieron al programa de prejubilaciones y bajas incentivadas, con dotaciones para provisiones de 209 millones, que se suman a los 609 millones entre 2016 y 2017.

Anteriormente, el banco pactó un ERE de 1.380 trabajadores en 2016, aunque finalmente hubo un mayor volumen de bajas. La aceptación de bajas incentivadas y prejubilaciones tuvo un impacto negativo de 662 millones de euros, según los informes anuales de la entidad. En este caso, los analistas dan por hecho por los antecedentes de que se situará por debajo de los 1.000 millones, a un coste menor que el ERE de CaixaBank.