'Transparencia y gobernanza fiscal' de EY

Transparencia y cooperación, las claves para que las empresas minimicen riesgos fiscales

La evolución del marco fiscal hace imprescindible que compañías y administraciones tributarias trabajen de la mano. Preguntamos a los expertos cómo se pueden articular dichas relaciones

Foto: Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria. (Carmen Castellón)
Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria. (Carmen Castellón)

Las empresas trabajan ya en un mercado global en que la revolución tecnológica les permite vender productos y servicios en casi cualquier territorio sin necesidad de tener una sede. Una revolución que ha hecho que las fronteras se diluyan, eso sí, desde un punto de vista de negocio. Sin embargo, la convergencia operativa debe afrontar muchas veces normativas fiscales que crecen de manera unilateral. La gestión del reto de la tributación global emerge como uno de los aspectos más complicados a los que enfrentarse hoy en día.

Y ante un contexto tan cambiante, ¿cómo debe ser la gobernanza fiscal? ¿De qué modo deben tributar correctamente las compañías? ¿Qué papel juegan las diferentes agencias tributarias? ¿Cómo afecta la contribución fiscal en cada jurisdicción a la reputación corporativa? Estos fueron algunos de los asuntos tratados recientemente en el evento 'Transparencia y gobernanza fiscal: asuntos esenciales', organizado por EY Abogados de la mano de Ramón Palacín, socio director, y Nuria Redondo, socia del área de Tributación de Empresas, Tecnología y Transparencia, y que contó con la presencia de Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria, así como de representantes de entidades como Banco Santander o Mutua Madrileña.

Normativas y programas que rigen la tributación

Las empresas españolas tienen que atender una serie de nuevas normativas que persiguen una mayor transparencia fiscal asociada a un mayor incremento de requisitos de información por parte de las diferentes administraciones. Estos son algunos de los principales cambios:

1.- Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Impulsado por la OCDE en 2013 al hilo de la creciente digitalización de la economía y su impacto en la tributación internacional, el proyecto BEPS se centra en las estrategias de planificación fiscal de las multinacionales y, en efecto, ha marcado un punto y aparte en las relaciones tributarias entre compañías y administraciones al buscar una mayor transparencia. En el primer trimestre de 2019, la OCDE ha celebrado una nueva ronda de consultas públicas sobre los nuevos principios fiscales adaptados a los desafíos y singularidades propios de una economía digitalizada, unos avances sobre los que más de 100 países están trabajando con el objetivo de lograr una solución consensuada a nivel internacional que posea carácter estructural en el año 2020.

Para Nuria Redondo, esta iniciativa "instala mecanismos y procesos para que la información fiscal no sea susceptible de mala interpretación ni de errores", una intención que, como señalaron los participantes en el encuentro, "ha supuesto un cambio de paradigma que ha afectado a la transparencia. No es que haya elevado el riesgo fiscal, que ya existía, sino que ha aumentado el posible daño reputacional, que es algo que una gran empresa no se puede permitir".

2.- International Compliance Assurance Programme (ICAP)

Impulsado también por la OCDE, el ICAP busca ayudar a las empresas internacionales a clarificar ante las distintas administraciones tributarias sus cuentas en cada país. De carácter voluntario, las compañías que deciden acogerse a este programa pueden recibir una mayor seguridad y certeza tributaria anticipada en sus informes por cada país con unos estándares fijos. Además, las administraciones pueden analizar sus informes país por país y formular preguntas conjuntas. Con este sistema, la OCDE pretende que las compañías puedan prever anticipadamente sus riesgos fiscales y evitarlos antes de que surjan posibles contingencias.

Jesús Gascón recuerda que "ya ha habido alguna empresa española que se ha sometido a este programa ante administraciones de varios países, y en los que se ha hecho un análisis de riesgo, este ha bajado. Este sistema sirve para anticipar actuaciones que quizás habríamos hecho más tarde en una inspección, así que, aunque consume muchos recursos, hay que apostar por este modelo".

El ICAP responde a los esfuerzos de muchas administraciones tributarias por hacer efectivos los llamados programas de cumplimiento cooperativo, dirigidos fundamentalmente a grandes contribuyentes (EEUU, Países Bajos, Australia, Reino Unido y España, entre otros, tienen ya establecidos programas de este tipo).

Nuria Redondo, socia de EY. (Foto: Carmen Castellón)
Nuria Redondo, socia de EY. (Foto: Carmen Castellón)

3.- Directive on Administrative Cooperation (DAC 6)

Aprobada en junio de 2018 y de carácter obligatorio, la DAC 6 pone su punto de mira principalmente en los grupos multinacionales, asesores e intermediarios fiscales, que deben declarar a las autoridades determinados esquemas transfronterizos que estén usando las empresas. Como recuerda Ramón Palacín, el proyecto está en proceso de implementación y, en los próximos años, los países miembros de la UE deberán adaptarlo a sus propias legislaciones; aunque la entrada en vigor será con efectos retroactivos, de manera que ciertas reestructuraciones societarias con impacto fiscal hoy tendrán que ser informadas una vez que la nueva normativa se apruebe.

Con esta normativa, que España aún no ha traspuesto, determinados mecanismos transfronterizos usados por las empresas internacionales serán comunicados y puestos a disposición de las administraciones tributarias para que puedan revisar el correcto cumplimiento, restringiendo preventivamente los fenómenos de planificación fiscal agresiva.

4.- UNE 19602

La última en llegar. Regida por la Asociación Española de Normalización (UNE) y publicada el pasado 27 de febrero, la UNE 19602 establece los requisitos para que las empresas certifiquen su modelo de gestión fiscal, lo que les aportará seguridad ante la Administración, dado que acredita que ponen todo de su parte para cumplir con sus obligaciones fiscales, pero además les permite minimizar los riesgos fiscales al tener esa certificación de la gestión de su 'compliance' fiscal. En resumen, la nueva normativa pretende proporcionar a las empresas más herramientas de control de riesgos fiscales y aumentar la cooperación entre grandes compañías y administraciones tributarias para crecer en transparencia y reducir la litigiosidad.

Para algunas de las empresas que participaron en el encuentro, "la nueva normativa puede ser una buena palanca para conseguir una adecuada gestión del riesgo. Da más control a la dirección financiera de las compañías", pero, en cualquier caso, "las empresas de sectores regulados ya cuentan con procesos de control y gestión de riesgos fiscales". De todos modos, insistieron en que "los riesgos se pueden controlar y gestionar, pero siempre van a existir". Para el director general de la Agencia Tributaria, "la norma UNE y los modelos de compliance, en general, pueden ayudar a las empresas a cumplir los compromisos de los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias, prevenir riesgos fiscales e identificar contingencias, por ejemplo, relacionadas con dudas interpretativas, para resolverlas cuanto antes y reducir la conflictividad”.

Ramón Palacín, socio de EY. (Foto: Carmen Castellón)
Ramón Palacín, socio de EY. (Foto: Carmen Castellón)

Claves para una buena gobernanza fiscal

Todos los asistentes al evento de EY coinciden en una cosa: la necesidad de una gobernanza fiscal en nuestro país que beneficie el trabajo tanto de las administraciones tributarias como de las propias empresas. Para ello, hay algunas claves que todos consideran esenciales.

Transparencia y cooperación

Son los puntos en común de todas las nuevas normativas que se han ido implementando, que las empresas y las administraciones estrechen lazos y trabajen de manera conjunta en beneficio de todos. "No hace falta que todo pase por un acta", apuntan algunos de los representantes de las empresas que acudieron al evento. "Hay un trabajo conjunto y una relación de confianza mutua. Todos necesitamos estar seguros de eso".

Jesús Gascón coincide con esta visión: "Queremos que haya un debate. Hay que poner todos los asuntos sobre la mesa y que las empresas puedan comunicarse con nosotros. Todo esto se basa en una confianza recíproca". Por ello, la Agencia Tributaria ya creó dos foros de cooperación, el Foro de Grandes Empresas, que ya ha dado pasos y que en la actualidad está sumando a más de 100 contribuyentes al Código de Buenas Prácticas Tributarias, y otro con los colegios profesionales, que es más reciente y aún está dando los primeros pasos.

Definición de criterios y seguridad jurídica

A la hora de evaluar y controlar sus riesgos financieros, las grandes empresas tienen una demanda. "La Administración tiene que tener unos criterios bien definidos y conocidos por todos. Las empresas no nos quejamos de tener que dar mayor información, lo que necesitamos es seguridad jurídica y previsibilidad en los criterios aplicables", aseguran los asistentes.

"No hace falta que todo pase por un acta. Hay un trabajo conjunto y una relación de confianza mutua. Todos necesitamos estar seguros de eso"

En este sentido, la Agencia Tributaria recoge el testigo: "Queremos ser mucho más transparentes a la hora de informar sobre los criterios de aplicación de los tributos. Si tenemos claro un criterio que vamos a usar, los contribuyentes deben conocerlo antes de la firma de las actas o de la inspección, para que la empresa pueda fijar su posición respecto a ese criterio", asegura Gascón.

Actitud mediadora ante contingencias

Ningún modelo fiscal será perfecto, ya que, como recuerdan los representantes de algunas de las empresas presentes, "la fiscalidad no es una ciencia cierta, cualquier norma puede tener un margen de interpretación, y ahí es donde se producen las contingencias". Y en ocasiones, estas contingencias acaban en un litigio judicial que no beneficia a nadie, ya que la Administración retrasa sus plazos de ejecución y las empresas pueden ver afectada su reputación.

Por ello, Gascón se compromete a establecer procesos de contingencia más sencillos y fácilmente debatibles. "A veces, tenemos dificultad para llegar a acuerdos fuera de la vía administrativa. Queremos analizar en qué medida es factible que los acuerdos en vía administrativa se puedan alcanzar también en la vía económico-administrativa [el paso anterior al litigio judicial], creando una segunda oportunidad para el acuerdo. Para eso, necesitamos cambiar la norma y reducir la litigiosidad". Y es que, en definitiva, "las discrepancias son inevitables, así que tenemos que intentar resolverlas de la mejor manera posible".

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