Riotinto tramita una nueva autorización ambiental tras tumbar el Supremo la de 2014

La mina de Riotinto encara sin alarmas la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de marzo que ratifica la nulidad de la autorización ambiental unificada (AAU) que aprobó la Junta de Andalucía en 2014. Ecologistas en Acción, que recurrió la resolución de la Junta al entender que no toda la documentación sobre el proyecto minero había sido expuesta al público, ha visto ratificada parcialmente su denuncia tanto por el Tribunal Superior andaluz (TSJA, el año pasado) como por el Supremo. El alto tribunal ni siquiera entra en el fondo del asunto, pues no hay legislación estatal que se vea afectada en este caso, y da por bueno el criterio del TSJA, según han comunicado desde la organización ecologista.

Riotinto, en paralelo a este proceso judicial, viene tramitando desde 2018 una nueva AAU que recoja, primero, aspectos que la anterior no incluía fruto de la propia evolución de la explotación del yacimiento. Segundo, servirá para añadir cualquier indicación que fruto del cumplimiento de las sentencias deba ser respetada por la mina. Y, sobre todo y en tercer lugar, permitirá recibir el visto bueno ambiental al proyecto de ampliación que cuenta con una inversión de 85 millones. Con él, la explotación pasará a procesar 15 millones de toneladas de mineral al año y podrá permanecer abierta hasta 2032. La compañía, en un comunicado, asegura que no prevé ningún impacto actual ni futuro en sus operaciones tras la sentencia. La semana pasada, el CEO de Riotinto, Alberto Lavandeira, presentaba el proyecto de ampliación en la Diputación de Huelva.

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Atalaya Mining, propietaria de Riotinto (en la sierra de Huelva), asegura que es la Junta de Andalucía quien debe de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, sobre todo una vez que es ya firme la del TSJA tras el pronunciamiento del Supremo. Desde la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, que tiene atribuidas las competencias sobre minería (aunque la AAU en concreto depende de Agricultura y Medio Ambiente), se señala que los servicios jurídicos "están trabajando para cumplir la sentencia pero sin afectar a la operación minera". La milenaria explotación de cobre emplea a 400 personas de forma directa y a otras 650 a través de subcontratas.

Los ecologistas vienen oponiéndose al proyecto de Atalaya tanto por el incumplimiento del procedimiento para lograr esa AAU como, sobre todo, por lo que consideran un peligro latente con las balsas mineras. La compañía, participada por el gigante de las materias primas Trafigura, el refinador chino de cobre XGC y fondos británicos, asegura que la sentencia se refiere a temas administrativos y no cabe deducir ningún cuestionamiento de cómo gestiona la mina sus instalaciones. Los ecologistas critican que el grado de sólidos en los vertidos que se realizan a las dos grandes presas de Riotinto pasara del 50% al 35% en 2018, tras autorizarlo la Junta. Un tema que a buen seguro formará parte del proceso de aprobación de la nueva AAU.

La anulación —que no nulidad de pleno derecho, como el TSJA y el Supremo señalan específicamente— de la AAU de 2014 se conoce con anterioridad a que la misma sala del TSJA evalúe si el conjunto del proyecto de explotación se ajustó a derecho o no. Proyecto igualmente aprobado por la Junta andaluza. Recurrido también por Ecologistas, desde esta asociación se espera que la sentencia contraria a la AAU marque el camino para que se anule también el proyecto de explotación. Es decir, el plan director de la mina, por decirlo así. Esta sentencia se espera a lo largo de este año.