Más presión para la factura de la luz: Arcelor acusa al Brexit de más costes por contaminar

Las consecuencias del abandono del Reino Unido de la Unión Europea tienen un alcance que va más allá de lo evidente, como las repercusiones medioambientales. Este afecta a gigantes como ArcelorMittal. La multinacional acerera acusa al Brexit del impulso del precio de los derechos de emisión de CO2, un coste clave dentro de su proceso productivo. La empresa acusa una subida del 360% en nueve meses de 2018: de alrededor de 8 euros por tonelada en noviembre de 2017 pasó a estar en más de 25 euros/tonelada en septiembre de 2018.

La acerera advierte en su último informe anual sobre el estado de la compañía que el coste de los permisos por soltar gases de efecto invernadero a la atmósfera han alcanzado recientemente los 20 euros por tonelada "impulados por las incertidumbre en torno al Brexit" y añade que "las leyes y regulaciones que restringen las emisiones de gases de efecto invernadero podrían obligar a ArcelorMittal a incurrir en mayores costes de capital y operativos con lo que podría tener un efecto adverso importante en los resultados de las operaciones y la condición financiera de la compañía".

Este problema se da a pesar de que Arcelormittal era en 2017 la compañía con más reservas de derechos de CO2 en Europa (8,5 millones entonces), según Carbon Market Data.

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Esta advertencia se da en pleno jaque a la industria electrointensiva en España, que carga reiteradamente contra los elevados costes energéticos que soportan y que les hace perder competitividad en el exterior. De hecho, la propia Arcelor anunció la aplicación de un ERTE en 2019 para más de 1.600 empleados en su fábrica de Asturias. Otras como Alcoa han decidido vender o cerrar sus planas de producción de aluminio por incurrir en pérdidas, según señalan, debido los elevados costes de luz, entre otras causas.

Mientras tanto, el Gobierno trabaja a contrarreloj para intentar eliminar los costes indirectos del CO2 que soporta la gran industria electrointensiva a través de un real decreto, pero de momento la propuesta que ha hecho ha sido rechazada frontalmente por el sector, dado que creen que su efecto de bajada de su gasto de electricidad es mínimo. La cuestión es de máxima relevancia ya que hay miles de empleos en juego en pleno macroproceso electoral.

El aumento de costes energéticos y ambientales que puede derivarse del Brexit se da en un contexto de recortes y cierras en la industria española

El potencial efecto del Brexit sobre la factura de la luz por el aumento de costes del CO2 -no sólo para la industria sino para todos los consumidores- es una cuestión cada vez más preocupante tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. Máxime con la incertidumbre instalada a ambos lados del Canal de La Mancha sobre si habrá o no acuerdo de divorcio. Por ahora, las miradas están puestas en el día 12 de abril, tras darse una prórroga al plazo legal máximo que expiraba este mismo viernes 29 de marzo para consumar la salida. El Parlamento Británico podría aceptar el acuerdo de divorcio articulado por Theresa May a cambio de su dimisión. La premier ya ha anunciado que acepta renunciar a su cargo a cambio de firmar el acuerdo y alejar la incertidumbre de un Brexit duro.

Pero la realidad es que los fantasmas de Brexit desordenado están desestabilizando el mercado de derechos de CO2, que actúa como subyacente del alza de la factua de la luz, y en los últimos días su precio se ha ido por encima de los 20 euros. La salida del Reino Unido está presionado al alza los precios de los derechos por emitir gases de efecto invernadero, según la agencia Bloomberg.

La cuestión está siendo objeto de debate político en los últimos días. La ministra de Energía de Reino Unido, Claire Perry, señaló la pasada semana que Gran Bretaña está trabajando para establecer un sistema de comercio de emisione de carbono (ETS) posterior al Brexit y espera qu este se vincule con el actual esquema existente en la Unión Europea. "La UE quiere que nos incluyamos en esto, ya que somos un gran proveedor de liquidez", señaló Perry, según recoge la agencia Reuters. "El Gobierno británico lanzará una consulta sobre sus planes en abril y trabajará en la configuración de los sistemas necesarios para que un plan nacional comience a partir de enero de 2021" añadió.

Estas declaraciones se produjeron después de que algunos grandes afectados presionaran para resolver la cuestión. La firma British Steel podría enfrentarse a un golpe de unos 120 millones de euros, o más, si el Gobierno no es capaz de arreglar el problema, según fuentes citadas por Bloomberg.

¿Por qué afecta el Brexit al CO2 y ello nos impacta en la factua de la luz?

Los derechos de emisión de CO2 son un activo financiero comercializable creado por la Unión Europa cuyo objetivo es asumir el coste ambiental por emitir gases de efecto invernadero.

Se trata de un bien transmitible entre toda la Unión Europea. Esto hace que una salida abrupta del Reino Unido del espacio comunitario abra un sinfin de incertidumbres sobre qué ocurrirá. Máxime, cuento Gran Bretaña es uno de los grandes tenedores de estos derechos.

En teoría, el abandono del club europeo implica que salgan del sistema de derechos de emisión de CO2. Por ello la Unión Europea debería reordenar la cantidad de estos derechos de CO2 si no quiere verse expuesta a fuertes movimientos especulativos con este bien. La propia UE va restringiendo los derechos paulatinamente para que suba el precio ordenadamente y así motivar el abandono de su uso. Pero esta situación con UK genera caos.

Reino Unido pretende permanecer en este sistema implementado para cumplir con el Acuerdo de París, pero la incertidumbre sobre el Brexit, sobre todo si llega sin acuerdo, podría impedirlo.

Así, existen unos efectos directos para los usuarios de electricidad dentro de toda la Unión Europea. Uno de los mayores consumidores de derechos de CO2 son las plantas de carbón y gas para producir electricidad.

En los mercados marginalistas que operan en Europa, estas centrales térmicas acaban marcando el precio mayorista de la luz. Esto quiere decir que a más coste de CO2, mayor es el precio de la factura eléctrica que pagan todos los ciudadanos.