El nuevo Plan de Carreteras amenaza con descarrilar por su baja rentabilidad

Otra vez, la Ley de Desindexación. Tras este farragoso nombre se esconde la bestia negra de los proyectos de financiación público-privada de infraestructuras en nuestro país, ya que se trata de una normativa que, en resumen, limita al 3,5% la rentabilidad de los contratos a largo plazo.

El sector constructor considera insuficientes estos números, que ya estuvieron detrás del fracaso del PIC (Plan de Inversión Extraordinario de Carreteras) que diseñó el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para intentar movilizar 5.000 millones de euros.

Ahora, el problema es que puede hacer derrapar también el plan diseñado por José Luis Ábalos, que el pasado enero anunció un nuevo programa de carreteras, con obras por importe de 1.000 millones, y que corregía varios puntos negros del primer PIC, por ejemplo, al decidir excluir el riesgo de expropiación.

Sin embargo, el nuevo titular de Fomento ha tenido que mantener el límite de rentabilidad que fija la Ley de Desindexación, ya que la opción de corregir esta normativa no está en su mano, sino en las carteras económicas.

Esto ha llevado al sector a presentar alegaciones también contra este nuevo PIC, que ya ha echado a rodar sus dos primeros proyectos. Las compañías han aprovechado estas dos licitaciones para mostrar su disconformidad tanto con la rentabilidad como con el tiempo de duración de la concesión, que se ha fijado en 10 años, plazo que le somete a la normativa de desindexación.

Aunque Fomento no está obligado a contestar a estas alegaciones, solo debe tenerlas en consideración, la realidad es que, en la práctica, este plan de carreteras también corre el riesgo de descarrilar si el Ejecutivo no encuentra alguna fórmula que le permita corregir el límite a la rentabilidad, según afirman varias fuentes del sector.

Soluciones... y elecciones

Según afirman desde el ámbito empresarial, con estos números, ni las constructoras, ni mucho menos los fondos con los que suelen ir de la mano para la financiación, tienen margen para abordar ningún proyecto.

Estos grandes inversores exigen unas tasas de descuentos mínimas del 6% o 7%, el doble de lo que permite la norma española, ya que esta fórmula de colaboración público-privada transfiere al privado el riesgo de disponibilidad y tráfico, aunque se haya eliminado el de expropiaciones.

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El Ministerio de Fomento es consciente de este problema y, según las fuentes consultadas, vería con buenos ojos que se modificara. Pero no está en su mano, sino que depende de que el Ministerio de Hacienda acepte hacerlo, algo que podría realizarse con una orden ministerial, según defienden en el sector.

Sin embargo, las misma fuentes insisten en que Abogacía del Estado siempre se ha mostrado en contra de adaptar el marco, para evitar esta limitación de la tasa de descuento. De hecho, parece que ha vuelto a pronunciarse en contra de tal mejora también con motivo del nuevo PIC.

Con estas cartas sobre la mesa, y ante las inminentes elecciones generales del próximo 28 de abril, parece prácticamente imposible que haya ningún tipo de cambio y se deja así la patata caliente para el próximo Ejecutivo.