antes las constructoras pidieron otros 615 M

Perú reclama a ACS y FCC más de 615 M por los retrasos en las obras del metro de Lima

En el memorial de dúplica presentado el pasado 18 de febrero, el Estado peruano ha presentado una contrademanda contra la sociedad en concepto de daños socioeconómicos y ambientales

Foto: Florentino Pérez. (Reuters)
Florentino Pérez. (Reuters)

Perú reclama al consorcio constructor de la línea 2 del metro de Lima más de 700 millones de dólares americanos (unos 615 millones de euros). El Estado peruano lanza esta reclamación millonaria contra la unión de empresas liderada por ACS y FCC en concepto de daños socioeconómicos y ambientales causados por la demora en poner el proyecto en operación, así como el pago de las penalidades impuestas por el regulador (Ositran) a la sociedad concesionaria no pagadas.

La cuestión se remonta a enero de 2017. Las constructoras que despliegan la segunda línea del metro de la capital andina solicitaron un arbitraje ante el Ciadi contra la República de Perú. La demanda se dirigía concretamente contra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país por incumplimiento grave del contrato de concesión.

Las quejas del grupo empresarial que encabezan Florentino Pérez y el mexicano Carlos Slim eran fundamentalmente dos: "La falta de entrega del área de la concesión en los plazos y condiciones establecidos en el contrato de concesión y la falta de aprobación y aprobación tardía de los estudios de ingeniería de detalle", explica el grupo ACS a la CNMV en el estado de las cuentas de la compañía a cierre de 2018.

Tras esto, las compañías españolas solicitaron una ampliación de plazo de ejecución de las obras del proyecto y una indemnización por daños y perjuicios superior a los 700 millones de dólares americanos (más de 615 millones de euros). Esto incluye daños que afectan a distintas partes intervinientes en el desarrollo de la obra (concesionario, grupo constructor, proveedor de material rodante, etc.).

Sin embargo, lejos de plegarse a las exigencias de los españoles, la República de Perú, reconocida dentro del mundo arbitral por ser un país aventajado en los conflictos arbitrales contra empresas extranjeras, presentó un memorial de contestación a la demanda el 30 de mayo de 2018 y una dúplica el pasado 18 de febrero de 2019, apenas hace una semana, rechazando las reclamaciones realizadas por el consorcio que desarrolla las obras del metro. Se basa en la falta de fundamentación y legitimación y además contraataca: incluye una demanda reconvencional o contrademanda contra la sociedad en la que le pide exactamente la misma cantidad por la que fue demanda ante el Ciadi, esos 615 millones de euros.

Con las espadas en todo lo alto, ACS espera que el tribunal arbitral dicte un laudo en diciembre de este mismo año que resuelva este conflicto.

Un proyecto de 4.000 millones

Este cruce de acusaciones está bloqueando uno de los mayores proyectos de infraestructura en Latinoamérica, por un montante global que ronda los 4.000 millones de euros. La obra consiste en conectar la capital de Perú de este a oeste. En total, 35 kilómetros subterráneos. El más expuesto a esta construcción es ACS (Dragados e Iridium ostentan el 25%).

FCC, a través de Vialia, cuenta con el 19%. También participan las italianas Impregilo (19%) y dos filiales de Ansaldo (con sendas participaciones del 15 y el 12%). Cierra el consorcio la empresa local Cosapi con un 10%. El proyecto, que estuvo asesorado por Metro de Madrid, tuvo entre sus pretendientes a la brasileña Odebrecht, implicada en diversos escándalos de corrupción tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica.

Este no es el único conflicto entre empresas españolas y Perú. Enagás está en pleno arbitraje contra el Estado andino por el fallido proyecto del gasoducto del sur de Perú (GSP). El operador del sistema gasista, cuyo máximo accionista es el Estado español a través de la SEPI, espera recuperar los 500 millones de euros comprometidos en un plazo aproximado de tres años, según ha explicado el presidente de la compañía, Antonio Llardén, este mismo miércoles.

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