Orcel, contra Botín: así sería la batalla legal por el bonus de 55 millones

Andrea Orcel ha pasado de ser el fichaje estrella y millonario de Banco Santander a un banquero sin trabajo, perdiendo un bonus de cerca de 55 millones. El italiano, al que la entidad cántabra atrajo para que dejara su puesto de jefe de banca privada de UBS, está estudiando acciones legales contra el banco cántabro que preside Ana Botín tras su fichaje frustrado como consejero delegado.

El banco anunció por sorpresa el 25 de septiembre el fichaje de Andrea Orcel (1963, Roma) como consejero delegado. El ejecutivo, como es habitual en la industria financiera —en especial en los bancos anglosajones—, tenía una cláusula ‘gardening leave’ de seis meses de espera, con lo que su llegada estaba prevista para abril -tras dejar UBS en marzo-, y el plan estratégico se iba a retrasar hasta entonces. Pero antes de ello, Santander comunicó el 15 de enero la decisión de echarse atrás y cancelar la incorporación del banquero, apodado en prensa internacional como el ‘Cristiano Ronaldo de la banca de inversión’.

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Fuentes jurídicas explican que hay apenas una decena de 'boutiques' de abogados en España expertas en conflictos entre directivos y empresas y que no tienen conflictos de interés con el Santander por estar contratadas en algún asunto, como le ocurre a la mayoría de grandes despachos.

Estratégicamente, es importante diseñar distintos escenarios posibles, contingencias potenciales y tener muy claras las opciones de partida

“Estratégicamente, es importante diseñar distintos escenarios posibles, contingencias potenciales y tener muy claras las opciones de partida”, explican Roberto Martínez Pérez e Ignacio González Rivera, socios de Life Abogados, que han tenido en sus manos casos similares.

Vía judicial y negociación

El enfrentamiento tiene dos posibilidades, la negociación privada o la vía judicial. Para la primera opción, tendrían que estar las dos partes de acuerdo, algo que probablemente querrá el Santander para reducir el ruido mediático y la incertidumbre sobre la necesidad de provisionar una posible indemnización. Para Orcel, la ventaja es cobrar antes, aunque una cantidad inferior a la que podría aspirar en caso de una sentencia en firme favorable.

En la segunda alternativa se empieza por un juzgado de primera instancia y es probable que, por las cantidades, haya recursos que lleven el caso a la Audiencia Provincial y acabe en el Supremo, con lo que se podría demorar hasta seis años, según abogados consultados. Banco Santander da por hecho que habrá demanda de Orcel. Los expertos recuerdan que en estos casos normalmente hay una demanda para que el afectado se asegure una posición de fuerza, pero que paralelamente puede haber negociación.

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Orcel podrá buscar una indemnización por el bonus perdido y el daño reputacional, según las fuentes jurídicas consultadas en base a la información publicada. Aunque “esta última partida tiene menos peso en el derecho español que en el anglosajón”, avisan desde Life. Para su cálculo, se tiene en cuenta si Orcel ha restituido su valor de mercado. Así, que el italiano vuelva a trabajar en un alto cargo del sector financiero durante la batalla judicial “no le restará argumentos para ganarla o perderla, pero sí afectará a la potencial indemnización”, apuntan Roberto Martínez Pérez e Ignacio González Rivera.

En cualquier caso, son cantidades elevadas que, de suponer un agujero para Banco Santander, darían argumentos a los accionistas para demandar por negligencia al consejo, que suele tener seguros para protegerse.

Acuerdo de intenciones

En las contrataciones de altos directivos hay una primera fase en la que la empresa explica sus planes, objetivos y necesidades. “El ejecutivo explica sus ideas y, si las conversaciones cuajan, la compañía emite un acuerdo de intenciones para concretar condiciones generales, como salario y bonus”, arguyen los socios de Life Abogados, en lo que sería ya la segunda fase.

Para el argumento jurídico de Orcel, es clave tener el acuerdo de intenciones del banco. Cuando el ‘Financial Times’ publicó que el banquero de inversión italiano tiene previsto demandar, señaló que fuentes cercanas apuntan a que tiene en su poder una carta en la que la entidad presidida por Ana Botín se compromete al pago del bonus para su fichaje, lo que podría ser tal acuerdo de condiciones precontractuales.

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El bonus mencionado, según el Santander, era cercano a los 55 millones de euros. “La decisión adoptada es consecuencia de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar al Sr. Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a este por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al abordar el nombramiento”, aseguró el hecho relevante del 15 de enero.

Así, tras el análisis de la comisión de retribuciones y el consejo, la decisión fue “dejar sin efecto el nombramiento”. En septiembre, Banco Santander lo condicionó en el hecho relevante a “las autorizaciones correspondientes (incluidas las derivadas de las condiciones del actual empleo del Sr. Orcel)”. En otras palabras, un coste que el Santander esperaba aminorar negociando con UBS para repartirse el bonus, según fuentes de la entidad.

Informe de la comisión de retribuciones

Para que una incorporación al consejo sea efectiva, la comisión de retribuciones debe analizarla en función de las condiciones asociadas y emitir un informe para que el propio consejo dé el visto bueno, según el artículo 19 del reglamento que rige su funcionamiento y el artículo 54 de los estatutos sociales de Banco Santander.

La comisión deberá estar presidida según los estatutos por un consejero independiente, que en este caso es Bruce Carnegie-Brown, que desde 2015 además es vicepresidente del banco. El resto de los miembros de la comisión son Guillermo de la Dehesa Romero, Ignacio Benjumea, Sol Daurella y Carlos Fernández como vocales, mientras que Jaime Pérez Renovables es el secretario.

La comisión de retribuciones debe analizar los fichajes según de las condiciones asociadas y emitir un informe para que el consejo los apruebe

Expertos jurídicos consultados sostienen que “lo conveniente” en estos procesos es que el análisis de la comisión de retribuciones emita su dictamen y el consejo apruebe en base a esta información el nombramiento antes del acuerdo de intenciones, lo que sería un argumento relevante para la defensa de Orcel, ya que el banco habría conocido el coste de su fichaje antes de aprobarlo y se habría comprometido con el italiano a asumirlo.

No obstante, Ana Botín explicó en la presentación de resultados que dada la importancia del nombramiento se decidió anunciar la incorporación y, a medida que se conocieron todos los detalles, se optó por frenarla. De ello se puede deducir que el acuerdo de intenciones, que previsiblemente existe, fue anterior a la evaluación de la comisión de nombramientos y del consejo. Fuentes del banco apuntan que se esperaba que UBS asumiera parte del bonus, algo que finalmente no pudo ser. Las actas de estas reuniones aparecerán en la batalla judicial, si la hay, para los argumentos de ambas partes.