36.000 afectados demandan a Endesa ante la AN por dejar de pagar la luz de sus hogares

Los representantes de los trabajadores de Endesa han presentado una demanda de conflicto colectivo en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra la eléctrica y su dueña, la italiana Enel, después de que, tras romper las negociaciones en diciembre por el V Convenio Colectivo, la empresa decidiese acabar con los beneficios sociales de 36.000 afectados entre trabajadores, prejubilados, retirados y sus familiares.

Tras fracasar un acto de mediación celebrado el pasado 25 de enero entre los sindicatos y la compañía en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en el que las partes mostraron total desavenencia, los servicios jurídicos de CCOO, UGT, SIE y CIG, a los que se ha unido USO, han decidido acudir a la vía judicial.

En el escrito de demanda presentado este mismo martes, al que ha tenido acceso El Confidencial, los representantes de los trabajadores piden al alto tribunal que "anule" la decisión de Endesa de, desde este año, no pagar la mayor parte de la factura de la luz del personal pasivo durante el resto de su vida, así como la eliminación de algunos otros beneficios sociales de los que gozaban los trabajadores, tal y como adelantó El Confidencial. Una situación que los demandantes califican en su escrito remitido a la Audiencia Nacional de "injustificada y abusiva".

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La eléctrica, dirigida por José Bogas y presidida por Borja Prado, está enviando cartas desde principios de este año después de que fracasaran las negociaciones para firmar un nuevo convenio, ya que el que estaba vigente, el IV Convenio Colectivo, expiraba al término del pasado año. Tras el fin del periodo de ultraactividad, prórroga donde se mantienen las condiciones del último convenio firmado, Endesa entiende que los beneficios sociales de los que gozaban los jubilados, entre los que destaca fundamentalmente el pago de la tarifa, quedaban anulados. Por ello, les ha dado un plazo que termina el 30 de junio para que se busquen otra comercializadora, momento en que ya no les pagará más la electricidad.

Sin embargo, los sindicatos y afectados entienden que Endesa hace una interpretación del convenio abusiva. Señalan que el pago de la tarifa es un benficio adquirido por los trabajadores al margen del convenio colectivo, con lo que entienden que fueron negociaciones individuales en los distintos ERE de salida que ahora no se pueden suprimir.

Por su parte, los responsables de Endesa se muestran dispuestos a seguir negociando y esperan una propuesta de los sindicatos para firmar el V Convenio Colectivo y finalizar este conflicto. La empresa considera buena la proposición que hizo en 2018, que incluía una serie de mejoras para los 9.000 trabajadores en activo y una reducción del pago de la luz de prejubilados y jubilados a cambio de otro tipo de beneficios sociales. Los dirigentes de la eléctrica creen que existe un gasto medio por hogar demasiado elevado y pretenden rebajarlo. Frente a esto, los sindicatos pidieron doblar la cantidad de luz que les paga la empresa, algo que consideraron fuera de lugar.

Casi 1.000 millones en juego

La cuestión no es baladí, ya que se trata de un conflicto en el que Endesa se juega 913 millones de euros. Endesa tiene provisionados en sus cuentas 711 millones de euros para el pago de la tarifa de trabajadores y jubilados (o sus viudos y viudas en caso de fallecimiento). Además, arrastra una carga de algo más de 200 millones por otra serie de beneficios sociales como becas para estudios o seguros médicos.

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Tras fracasar las negociaciones entre Endesa y los trabajadores, la firma, cuyo máximo accionista es la italiana Enel, considera que puede revertir esa provisión, que podría llevar a beneficio, con lo que aumentarían los dividendos de los inversores.

Pero los trabajadores y jubilados se niegan a aceptar esta situación y continúan con las movilizaciones, además de la vía judicial que están emprendiendo.

Este conflicto entre trabajadores y empresa tiene algunos protagonistas compartidos de otros famosos litigios laborales como el de Coca-Cola. Endesa cuenta con la asesoría jurídica de José Luis Fraile, socio de Sagardoy Abogados, uno de los bufetes más destacados en la defensa laboral de las empresas frente a los trabajadores, aunque perdió en el caso de Coca-Cola.

Por el lado sindical, participa Enrique Lillo, representante jurídico de Comisiones Obreras, el abogado que consiguió que se anulara el ERE de Coca-Cola.

Además de esta demanda colectiva, algunos despachos están interponiendo demandas individuales por parte de algunos trabajadores a título personal. Los sindicatos desaconsejan este extremo, ya que creen que en muchos casos realizarán un desembolso en asesoría jurídica inservible, ya que entienden que sus causas quedarán paralizadas hasta que se resuelva el conflicto colectivo en la Audiencia Nacional.