Los expertos ven aún mucha incertidumbre

El plan de Ribera para frenar los laudos de las renovables no intimida a los afectados

Un inversor extracomunitario se prepara para lanzar un nuevo arbitraje contra el Reino de España. Los expertos creen que España tendrá que seguir pleiteando a pesar de los nuevos incentivos

Foto: Los medios de comunicación se centran en la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)
Los medios de comunicación se centran en la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)

Los guiños lanzados a los inversores inmersos en arbitrajes por el recorte a las renovables desde el Ministerio de Transición Ecológica se están demostrando, por ahora, insuficientes. El objetivo de la ministra, Teresa Ribera, era ambicioso. Lo anunció en el último Consejo de Ministros de 2018: "Evitar el planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes". Y para ello planteó una retribución más generosa a aquellos inversores en renovables que no pleiteen contra el Gobierno.

Pero el plan no acaba de surtir efecto. Un inversor extracomunitario afectado por los recortes que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 se prepara para lanzar un nuevo arbitraje contra el Reino de España, según constatan fuentes jurídicas conocedoras del caso.

En el sector, también dudan de que mantener el 7,39% de retribución a la inversión durante los próximos 12 años como contrapartida a rebajarlo al 7,09% con otra revisión en 2025 sirva para que los 35 procedimientos de arbitraje internacional contra el Estado depongan sus armas y entierren un conflicto por el que reclaman a España cerca de 10.000 millones de euros.

Fuentes jurídicas explican que existen aún "demasiadas incertidumbres" para que los inversores piensen por ahora en un acuerdo amistoso, una solución que ha barajado el Gobierno de Pedro Sánchez desde antes de la investidura como nuevo presidente. Algo crucial para que lleguen los 235.000 millones de euros necesarios para desplegar la transición energética hasta 2030.

Fuentes próximas a los fondos inmersos en los arbitrajes señalan que la propuesta es un anteproyecto de ley, del que no existe la certeza de que vaya a materializarse, dada la debilidad que tiene el PSOE, con tan solo 84 escaños en el Congreso de los Diputados. Unas dudas que, además, van en aumento a tenor de los últimos acontecimientos. La pasada semana, el Gobierno asistió a su primer revés parlamentario tras ser incapaz de convalidar su real decreto que regulaba el alquiler de la vivienda, tumbado por Podemos.

En segundo lugar, técnicos juristas cargan contra el propio anteproyecto, en el que el Gobierno afirma que los seis laudos que obligan a pagar a España "no son firmes", con lo que aumenta las dudas para los inversores al ver que "este Ejecutivo es el primero en poner en tela de juicio el valor de los mismos", aseguran.

En tercer lugar, está la pobre contrapartida que ofrece el Gobierno para que finalice la guerra. De nuevo, en este caso ven que el plan de Ribera se queda corto. Según sus estimaciones, cobrar el 7,09% desde 2020 y esperar a una nueva actualización de esta retribución en 2025 (que aún no se sabe si volverá a caer o por el contrario se elevará) para el periodo hasta 2031, más la cuantía que les reconoce un tribunal arbitral, es mejor que cobrar el 7,39% durante los próximos 12 años.

Además, la normativa se muestra, a ojos de los inversores, "inflexible" en cuanto a las opciones a tomar, cuando el panorama aún no está despejado. El anteproyecto sostiene que las instalaciones afectadas que pueden acogerse a la congelación de primas "deben manifestar su renuncia a este esquema de manera fehaciente ante la Dirección General de Política Energética y Minas antes del 1 de enero de 2020". Dicho de otro modo, en 11 meses deben tomar una decisión que aún no saben si será positiva para sus intereses en los próximos años.

Foto de archivo de una planta fotovoltaica. (EFE)
Foto de archivo de una planta fotovoltaica. (EFE)

Hay más motivos para pensar que los pleitos no cesarán con estos estímulos. Uno de los despachos más especializados a nivel mundial en arbitrajes internacionales explica que en el mercado corre la certeza de que los inversores ganarán todos los pleitos a la Abogacía del Estado, que además ha sufrido una desbandada hacia el sector privado en los últimos meses. Los datos los avalan, los seis pleitos que atacaban la reforma de 2013 se han decantado del lado del denunciante. Con este panorama, los fondos financiadores de pleitos están animando a los inversores a denunciar, corriendo con los gastos y el riesgo de perder a cambio de un porcentaje de la victoria.

No obstante, la Unión Europea está lanzando balones de oxígeno a España desde Bruselas con comunicados en los que dejan en papel mojado el Tratado Bilateral de la Carta de la Energía, bajo el que se rigen estos arbitrajes. Se basan en la anulación de un arbitraje entre dos estados europeos conocido como Achmea. Sin embargo, los juristas que siguen esta problemática creen que los dictámenes que lanza la UE no sirven, ya que los propios laudos tratan esta problemática y siguen reconociendo las demandas de los inversores.

[Comunicado de la UE contra los arbitrajes]

Otro problema que pone Europa es que si España pagara, podría declarar esos desembolsos como ayudas de Estado incompatibles con el derecho comunitario, lo que complica aún más la situación.

El jurista Clifford Hendel, fundador del despacho estadounidense especializado en el área de resolución de disputas internacionales, asegura que precisamente esta posición adoptada por Bruselas "complica una solución amistosa" de los arbitrajes por el recorte a las renovables en España, según una entrevista en la publicación especializada 'Ciarglobal'.

En la misma, Hendel asegura que los inversores seguirán centrándose en la búsqueda y captura de activos de España en el extranjero, particularmente en EEUU.

De hecho, todos los ganadores ya han pedido la convalidación de su laudo en Washington, que, una vez que se conceda, permite embargar bienes del Reino de España en ese país.

Los fondos rastrean las posesiones que podrían quedarse si España no paga y ya han detectado 3.000 millones de euros españoles en activos financieros que podrían servir para cobrar sus indemnizaciones, que aumentan cada día por los intereses que van devengando.

La situación, además, tiene otras consecuencias no menos importantes para España. La búsqueda de acuerdos con estos inversores es una acción crucial de cara a movilizar los 236.000 millones de euros de inversión que necesita España en los próximos años para llevar a cabo la transición energética, según las estimación que lanzó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, por ahora, los litigios siguen en pie y la presión no amaina pese a los últimos guiños lanzados. Una presión que se nota en la prima de riesgo país que paga España, según estiman las principales agencias de 'rating'. La inseguridad jurídica en el sector persiste, y eso tuvo, tiene y tendrá un coste.

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