Santander se aferra a la doctrina Banco de Valencia y recurrirá la vía penal en Popular

Banco Santander prepara su contraataque por su imputación en el caso Banco Popular. Esta noticia, que cayó como un jarro de agua fría en la entidad presidida por Ana Botín, supone un contratiempo en su estrategia procesal. Por ello, el banco recurrirá el auto apoyándose en la jurisprudencia de casos anteriores de CaixaBank y Banco Sabadell.

Hasta ahora, solo estaba imputado como persona jurídica Banco Popular, junto a los exdirectivos y exconsejeros investigados en la causa.

Al ser absorbido en el pasado mes de septiembre, la presunta responsabilidad que Popular pudiera tener por la ampliación de capital de 2016 hubiera quedado extinguida desde el punto de vista societario. Pero esto no es lo que ha entendido la Audiencia Nacional, admitiendo el escrito de una de las acusaciones.

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Por ello, Santander recurrirá en el momento procesal más idóneo para eludir su responsabilidad. Desde el entorno de la entidad, asesorada por Uría en esta materia, consideran que hay jurisprudencia suficiente para que la Audiencia le dé la razón.

Así, otros grandes grupos españoles que se han quedado bancos en crisis no han heredado sus causas penales, como CaixaBank con Banca Cívica y Banco de Valencia. Tampoco se han pedido responsabilidades penales a Sabadell por las irregularidades que hubo en CAM.

Implicaciones

Un auto clave para los abogados de Santander es el del Supremo de 2015, en el que declaró al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) perjudicado por los daños generados en la caja alicantina. Se desvinculó de este modo a Sabadell como heredero de CAM. Aunque una sentencia posterior dijo que debía hacerse cargo de los daños generados por las cuotas participativas.

Desde Santander, han venido insistiendo —lo hizo Rodrigo Echenique en el Congreso— en que si no se hubieran hecho cargo de Popular, se hubiera desatado una crisis financiera en España. Y que las repercusiones judiciales harán que ninguna otra entidad se haga cargo de un banco en resolución. El banco también sostiene que ellos compraron una entidad en la que previamente Europa —la Junta Única de Resolución (JUR)— había amortizado el capital.

La imputación como persona jurídica puede provocar multas millonarias, de hasta cuatro veces el presunto daño generado, y hasta la disolución como persona jurídica.