gana tiempo hasta después de las elecciones

El Gobierno acelera el plan de ayudas a la gran industria para salvar el empleo de Alcoa

Se compromete con los sindicatos a intentar tener listo en marzo el estatuo de la industria electrointensiva, que abarate costes de cara a encontrar un inversor que mantenga la actividad

Foto: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. (EFE)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. (EFE)

El Gobierno intentará tener listo un Estatuto para la Industria Electrointensiva a principios de marzo. Esto le deja un margen de menos de tres meses, ya que el real decreto que anunciaba esta figura, aprobado el 8 de diciembre, daba un plazo máximo de seis meses para su desarrollo normativo. Ahora pretende acortar el plazo a la mitad.

Este es uno de los compromisos que los sindicatos de Alcoa han arrancado este martes al Ministerio de Industria. Para los representantes de los trabajadores, esta es una cuestión clave. La empresa mantendrá todo el empleo hasta julio. Pero si en ese periodo no se encuentra un inversor que se quede con las dos plantas que pretende cerrar en Avilés y A Coruña, 268 trabajadores perderán el trabajo de los 628 indefinidos que hay en la actualidad.

Por ello, contar con un esquema de ayudas para paliar los costes energéticos —una de sus principales cargas— facilita la entrada de un nuevo inversor.

Trabajadores de Alcoa se manifiestan, en defensa de la actividad y del empleo, contra el ERE. (EFE)
Trabajadores de Alcoa se manifiestan, en defensa de la actividad y del empleo, contra el ERE. (EFE)

Para lograr ese objetivo, Alcoa se ha comprometido a volver a arrancar las cubas activas de electrólisis (maquinaria de alto consumo energético que interviene en la producción del aluminio), que apagará durante el próximo mes. Esta puesta en marcha obliga a la empresa americana a aportar 40 millones de euros (20 por cada planta).

Este nuevo esquema de ayudas que espera la industria electrointensiva llega después de que en los últimos dos años los pagos en la factura eléctrica que lograban los grandes consumidores gracias a la interrumpibilidad (desconexión de la red cuando lo solicita REE) se hayan recortado drásticamente. Bruselas puso la lupa sobre los mismos por ser potenciales ayudas de Estado ilegales, lo que motivó el recorte.

No obstante, todos estos esfuerzos no son garantía de que aparezca un interesado. De hecho, Alcoa encargó a Goldman Sachs la venta de estas plantas en 2018 pero la operación se cerró sin éxito. Pese a ello, todas las partes han valorado como positivo el preacuerdo, que deberá ser ratificado por los trabajadores, ya que a partir de este mismo 15 de enero arrancaba el periodo para hacer efectivos los despidos.

Por un lado, Alcoa se ha comprometido a mantener 205 trabajadores para las fundiciones de ambas plantas: 114 en A Coruña y 94 en Avilés. Además, pretende recolocar hasta 106 trabajadores en la fábrica de San Ciprián que vendrían a cubrir la baja de todos aquellos trabajadores de más de 57 años de esta última que deseen acogerse a un plan de prejubilaciones que ofrece desde el 70% de su salario actual.

Por último, espera que otros 44 empleados de más de 53 años de Avilés y A Coruña se prejubilen bajo el plan incentivado de la empresa. En total, se salvan 355 trabajadores. Al resto, la empresa no les garantiza el futuro. Les ofrece indemnizaciones de 60 días por año trabajado sin límite y 10.000 euros por trabajador.

Ni el Gobierno ni los sindicatos han logrado que se garantice el empleo para esos 268 empleados, como han exigido los representantes de los trabajadores hasta el final. Dependen de la llegada de un nuevo inversor. El Ejecutivo se ha comprometido a buscar alternativas con las CCAA y los ayuntamientos afectados una vez expire el plazo, pero no hay nada en firme. Eso sí, las administraciones han logrado que se mantengan los empleos hasta después de las elecciones.

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