Industria fuerza a Alcoa a vender sus plantas para cobrar las nuevas ayudas a la luz

El Ministerio de Industria trata de frenar la deslocalización que se avecina tras los recientes anuncios de cierre de empresas como Alcoa o Cemex. Para ello, ha condicionado vía real decreto la concesión de subvenciones para la industria electrointensiva a que esta mantenga su actividad durante los tres años siguientes al cobro de las mismas. En ese periodo, obliga a las empresas beneficiarias de dinero público a que conserven en un 85% sus plantillas y la capacidad de producción.

Sin embargo, esta exigencia contempla una excepción: aquellos que aunque incumplan con las anteriores condiciones acaben transmitiendo su actividad a un tercero. Este nuevo ordenamiento legislativo llega a pocos días de que se desbloqueen 150 millones de euros de los Presupuestos de 2018 para pagar los costes indirectos que sufre la industria de gran consumo eléctrico por el CO2, principal causante de la fuerte subida de la luz. La ministra de Industria, Reyes Maroto, señaló tras el último Consejo de Ministros que el pago llegará antes de que finalice el año.

De esta manera, Alcoa se vería obligado a vender sus plantas de Avilés y A Coruña como única vía para recibir las nuevas ayudas anunciadas por el Gobierno a bombo y platillo, después de que la compañía haya rechazado la posibilidad de mantener su actividad.

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Según refleja el nuevo real decreto de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, "no se considerará incumplida esta obligación en los supuestos de transformación, fusión, escisión o cesión global de activos y pasivos siempre que la entidad adquirente mantenga la actividad", y añade que se excluye de la devolución de ayudas a "aquellas empresas industriales que, a pesar de haber reducido su capacidad productiva o su plantilla en más de un 85%, lo hagan de forma temporal durante el proceso de búsqueda de nuevos inversores, siempre que dicho proceso desemboque en el reinicio de la actividad productiva de la instalación recuperando, al menos, el 50% de su producción y de su nivel de empleo anteriores".

Desde el Ministerio de Industria se limitan a comentar que "igual que sucede con otras ayudas como por ejemplo Reindus o 4.0, se pide a la empresa un compromiso de continuidad en empleo y actividad industrial. En caso contrario, cobra la ayuda pero queda sujeta a sus condiciones". Alcoa ha rechazado comentar cómo le afecta este nuevo real decreto.

No obstante, la compañía tiene complicado recibir las nuevas ayudas tal y como se presenta la nueva regulación. La aluminera estadounidense se muestra abierta a la entrada de un inversor que se haga con sus fábricas de Avilés y A Coruña, pero adiverte las dificultades. Según explica, este mismo año contrató a Goldman Sachs para que consiguiera un inversor que comprara sus plantas. Sin embargo, aunque hubo interesados, finalmente no se presentó ninguna oferta en firme, asegura Alcoa, lo que complica el futuro de los casi 700 trabajadores que están en los centros productivos. Pese a lo anterior, la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró el pasado viernes que los próximos días son clave para el futuro de las plantas de Galicia y Asturias.

Este mismo martes se vuelve a reunir la empresa con representantes de los trabajadores tras ampliar el periodo de consultas con el fin de conformar la mesa negociadora entre las partes que pueda mitigar los efectos del cierre de las fábricas. Se espera que para el mes de enero se tome una decisión definitiva, mientras las autoridades locales y regionales, además del Gobierno central, siguen trabajando para tratar de revertir la situación.

Por si todo esto fuera poco, una clave como es el servicio de interrumpibilidad, que cobra de la factura de la luz la gran industria electrointensiva por desconectarse de la red en caso de que se lo pida REE, se prevé reduzca su dotación. La subasta de asignación, que ha arrancado este lunes, se ha iniciado con precios muy a la baja, según fuentes al tanto de la misma, algo determinante para el devenir de Alcoa, principal beneficiaria en España de este servicio. No en vano, en los últimos años la compañía ha recibido más de 1.000 millones de euros por este concepto.