Acciona reivindica la validez de su contrato por ATLL en las alegaciones a la Generalitat

Acciona reivindica la validez de su contrato para gestionar ATLL en las alegaciones que ha presentado hoy ante la Generalitat. En esencia, todo se deriva alrededor del concepto 'nulidad'. Para la constructora de los Entrecanales y sus socios, el acuerdo puede anularse, pero eso implica que no es nulo de pleno derecho, a lo que se agarra la Generalitat para asegurar que no paga nada por el final de la concesión.

En sus alegaciones, Acciona asegura que el contrato tiene validez y por ello reclama 1.035 millones de euros a la Generalitat. Y no solo eso. Esta semana, el TSJC ha denegado a Acciona su pretensión de prolongar el contrato. Pero en ese mismo auto se determina que “debe considerarse que el acuerdo de adjudicación del contrato, como se desprende de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estos autos, incurrió en una causa de anulabilidad”. En esencia, el tribunal estaría marcando que el contrato puede anularse pero que no es nulo de pleno derecho, una sutileza jurídica que vale más de 1.000 millones.

La postura de la Generalitat es que el contrato es nulo. Así que hizo un análisis de los flujos de caja y determinó que Acciona debía pagarle 38 millones. En sus alegaciones, en cambio, la constructora defiende que el contrato es plenamente válido, que si la Generalitat quiere puede finalizar la concesión, pero abonando lo que establece el contrato.

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Acciona asegura que la sentencia del TSJC, reafirmada por el Tribunal Supremo, anula la concesión a ATLL Concesionaria, pero no el contrato de adjudicación. De hecho, el último fallo del TSJC refuerza ese enfoque: el contrato no puede continuar por las irregularidades en la adjudicación, pero en cambio para su finalización hay que cumplir lo que marca dicho contrato, que sigue teniendo validez.

La Generalitat emitió un decreto que marcaba que “en el periodo entre la entrada en vigor de este decreto ley y la entrada en funcionamiento del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat, ATLL Concesionaria tiene que seguir prestando el servicio de acuerdo con las cláusulas del contrato de 27 de diciembre de 2012, que ha entrado en fase de liquidación”. Es decir, el 1 de enero esa nueva empresa pública, que todavía no se ha constituido, debería asumir la gestión de ATLL. Pero Acciona valora que eso no va a pasar porque el contrato sigue en vigor y ellos han de continuar dando el servicio. Así que es un misterio cómo puede solventarse una situación jurídicamente endemoniada.

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Portavoces de la Conselleria de Territori preguntados al respecto han declarado que “están valorando la cuestión de la nulidad”, pero celebran que el auto les dé la razón en todo lo demás. Incluso obliga a Acciona a pagar las costas.

De quién es la culpa

Otro tema es la responsabilidad. La Generalitat aseguraba que no era la responsable de que hubiese naufragado la mayor concesión hecha nunca por la Administración catalana. Esta era la justificación para no pagar los daños y perjuicios. De los 1.035 millones que reclama Acciona, cerca de 700 millones son daños y perjuicios.

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En cambio, Acciona considera que la Generalitat sí que es responsable. En sus alegaciones, señala la actuación del director de Servicios del Departamento de Territori i Sostenibilitat que llevó al TSJC a anular la licitación al haber alterado de manera ilegítima el pliego de cláusulas y que así se reconoce en otro de los fallos del TSJC.

Reconocimiento legal

Hay, además, precedentes de este reconocimiento legal. Incluso por parte de la propia Generalitat, algo que también pone Acciona sobre la mesa. Y recuerdan una carta de 2013 que firmó el propio 'conseller' de Economía que hizo la privatización, Andreu Mas-Colell, en la que se aseguraba: “Cabría compensar a la sociedad concesionaria en los términos previstos en el artículo 55 del pliego y de los daños y perjuicios que sean correspondientes de acuerdo al mecanismo previsto en esta cláusula, incluyendo dentro de la compensación el importe de la inversión calculado conforme a lo previsto en la cláusula 9.12 del contrato de concesión”.

El giro dado por la Generalitat rompe el principio de administración en funcionamiento. Así lo reconocía el propio Mas-Colell cuando en esa misiva afirmó: “La Administración de la Generalitat abonará el importe de la compensación en el momento en que se firme el acta de retorno por parte de la sociedad concesionaria de los bienes y los derechos afectos al servicio público”.