El Congreso corrige a Hacienda y obliga a las cajas rurales a pagar el impuesto a hipotecas

El Congreso ha corregido por unanimidad el error del Ministerio de Hacienda sobre el impuesto hipotecario. En la ponencia sobre la nueva ley hipotecaria, los partidos han aclarado que las cajas rurales y cooperativas de crédito deberán pagar el impuesto de actos jurídicos documentados al eliminar para estos casos la exención que tienen desde 1990 y de la que el Gobierno se había olvidado, según el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre. El texto de Ciudadanos ha salido adelante por unanimidad y supone de facto corregir al Gobierno, que después de rectificar consideraba que ya estaban incluidas.

La inseguridad jurídica sobre las cajas rurales y cooperativas de crédito no va a durar mucho en vigor. Pese a la negativa del Gobierno de que fuese necesario enmendar la confusa redacción que, según bancos y cajas, dejaba fuera a cajas rurales y cooperativas, el Congreso le ha hecho el trabajo. La ponencia sobre la ley hipotecaria que ha acordado que el banco pague los gastos y el cliente la tasación en caso de hipoteca, ha alcanzado otro acuerdo relevante.

De la Torre (Cidadanos): "Así se limita la inseguridad jurídica. Estamos arreglando los problemas que crea el Gobierno"

Según el texto pactado, "los beneficios fiscales y exenciones" no serán aplicables cuando la caja rural actúe como prestamista. Es decir, conservarán la exención para cuando pidan un préstamo pero no para cuando lo concedan. El diputado que ha redactado y defendido la enmienda, Francisco de la Torre, de Ciudadanos, explica que así se arregla inseguridad jurídica creada por el error en el decreto ley del Gobierno. "Se ha aprobado por unanimidad en ponencia y esperemos que no tarde mucho en aprobarse. Así se limita la inseguridad jurídica. Estamos arreglando los problemas que crea el Gobierno".

El Ejecutivo salió rápidamente al paso del caos creado con el Supremo con un decreto ley que establecía que el prestamista tendría que correr con el IAJD, unos 3.500 euros de media por hipoteca. El impuesto recauda unos 2.000 millones al año y está cedido a las comunidades. Pero el texto se olvidaba que las cajas rurales y cooperativas de crédito, que suponen un 5% del sector, están exentas de pagar el IAJD desde 1990. La exención estaba pensada para cuando pidieran un préstamo pero tenía una redacción tan amplia que la interpretación mayoritaria era que quedarían exentas también al ser prestamistas.

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Las cajas rurales no querían más problemas jurídicos pero el escenario previsible era que pagaran el impuesto y luego recurrieran para pedir la devolución. Pese a la confusión, Hacienda se enrocó y mantuvo que sí estaban afectadas por la redacción. Interpretaba que la disposición del decreto ley que deroga normas contradictorias eliminaba la exención. En realidad, lo que hacía era dejar pendiente todo de que en unos años el Supremo lo interpretara, con el riesgo de generar un roto en diferido a las arcas públicas. Ahora ese plazo al menos estará limitado hasta que entre en vigor la nueva ley hipotecaria.

Pero el Congreso ha salido al rescate. Incluso el PSOE ha votado a favor de clarificar el texto pese a que según la secretaria de Estado de Presupuestos, Inés María Bardón, la norma estaba clara. Con el pacto por unanimidad en ponencia, lo previsible es que ese punto sea aprobado por el Congreso sin problema y de ahí pase al Senado. Ahora que los partidos quieren acelerar la tramitación de la ley, el agujero de las cajas rurales quedará sellado en unos meses. En paralelo, el Congreso debe convalidar en menos de un mes el decreto ley urgente que ya está en vigor.