SEGÚN DOCUMENTOS JUDICIALES

El informe secreto del Windsor, el incendio financiero de Madrid y de El Corte Inglés

El jefe de seguridad del grupo ha enviado dos documentos a un juzgado para explicar cómo se solucionó el siniestro que arrasó con las oficinas de Deloitte, Garrigues y el propio ECI

Foto: El edificio Windsor, un día después del incendio. (Reuters)
El edificio Windsor, un día después del incendio. (Reuters)

Casi 14 años después de que uno de los mayores rascacielos de Madrid se viniese abajo presa de un incendio que destruyó las oficinas de Deloitte, Garrigues y El Corte Inglés, aún se desconocen las causas concretas que provocaron la pira que terminó en cuestión de horas con los 108 metros de hormigón del Windsor. Las teorías y leyendas negras han sido múltiples. Desde una colilla mal apagada hasta que fue provocado para eliminar informes confidenciales del Ministerio de Defensa y del BBVA, pasando por el descuido de los vigilantes, que no reaccionaron a tiempo al estar viendo un partido del Real Madrid por televisión. Todas las partes implicados en el siniestro guardaron y mantienen todavía silencio.

Lo que sí se puede saber es el pacto privado, no explicado ni detallado en su momento, que alcanzaron Deloitte, El Corte Inglés, Prosegur, Allianz, Mapfre y Chubb, ente otros implicados, para sofocar extrajudicialmente un cruce de demandas que ascendía a los 233 millones de euros. Y, sobre todo, quién puso de acuerdo a todos los afectados y qué se llevó a cambio.

La información está en un juzgado que tramita la querella de Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, contra Juan Carlos Fernández Cernuda, jefe de seguridad del grupo de grandes almacenes. El expolicía, al que se le acusa de ser ejecutivo de la compañía y, al mismo tiempo, tener contratos de vigilancia con la casa a través de Mega 2, ha aportado al juez el documento en el que detalla cómo se negoció la solución al incendio que devoró el 12 de febrero de 2005 el Edificio Windsor, propiedad de Ason Inmobiliaria. Una sociedad que El Corte Inglés adquirió en diciembre de 2006.

Aunque, en un primer momento, el 'holding' de la distribución y Allianz firmaron un acuerdo por el que la aseguradora pagaría 39,9 millones de euros en concepto de indemnización, una demanda de Picadillo Alcarreño en febrero de 2007 contra Ason por los perjuicios ocasionados a su local —apenas 45.000 euros— derivó en una cascada de reclamaciones judiciales para las que se fijó una audiencia previa el 11 de marzo de 2011. El Corte Inglés tenía que pagar 52,2 millones por responsabilidad civil, riesgo que los servicios jurídicos del grupo calificaron como “elevado, dada la situación constructiva y de mantenimiento del inmueble”, levantado a finales de los años setenta.

Ante esta coyuntura, El Corte Inglés, a través de su división de seguros, con relaciones con todos los implicados, inició unas negociaciones en 2007 que se concretaron en “hasta 10 propuestas diferentes de acuerdo extrajudicial transaccional”. Dichas conversaciones fructificaron en febrero de 2011, un mes antes de la vista en el juzgado de 1º instancia número 18 de Madrid, en un pacto en virtud del cual Ason, Deloitte y Prosegur, la empresa encargada de la seguridad del Windsor, aportaban 52,86 millones a razón de 6,7 millones por parte de la inmobiliaria de El Corte Inglés y 23 millones por cabeza por parte de la empresa auditora y el grupo de vigilancia, que tenía como asegurador a Zurich. Todo ello con el beneplácito de los afectados, que aceptaban una significativa quita respecto a los 233 millones reclamados en un principio.

Prosegur y Zurich se negaron a aportar los 23 millones acordados, lo que supuso perder los contratos que tenían con El Corte Inglés

Sin embargo, a última hora, Prosegur y Zurich se desmarcaron del acuerdo y rechazaron responder con los 23 millones que les tocaba pese a “las advertencias de que ello podría suponer perder su participación en el coaseguro del grupo de empresas de El Corte Inglés”, según consta en uno de los documentos entregados al juez que dirime la querella de Dimas Gimeno contra el jefe de seguridad de El Corte Inglés.

¿Cómo se solucionó ese escollo de última hora? ¿Quién puso esa cantidad millonaria para evitar que el juzgado abriese el proceso? Según un informe remitido el pasado 18 de septiembre por el director general de Seguros El Corte Inglés, el 'holding' propuso que la parte de Prosegur la suscribiesen empresas de seguridad del sector, a cambio de quedarse con la vigilancia de los centros comerciales del grupo durante un periodo de tiempo sin especificar. Otro informe, sin firma oficial, indica que ese planteamiento, con las mismas características, fue dirigido por la Dirección de Seguridad de la compañía, liderada por Cernuda.

La multinacional amiga de Cernuda

Lo cierto es que ambos documentos coinciden totalmente en los nombres de las sociedades que suplieron a Prosegur y que fueron Securitas, Plettac, Checkpoint, Mega 2, Segur Ibérica, Seguridad LPM, Eulen, Loomis y Falcon. La primera fue la que más se rascó el bolsillo, al desembolsar 12 millones de los 23 que habían quedado en el aire. Curiosamente, en 2006, Securitas había comprado por 27 millones PSI, una empresa del sector controlada por Cernuda y su socio, Domingo Martorell, cuya sociedad, Mega 2, puso dos millones para el acuerdo extrajudicial. Securitas también adquirió en 2008 la empresa Interlabora, propiedad de Luis Fernández Cernuda, hermano de Juan Carlos, por 14 millones.

El pacto se firmó el 25 de febrero de 2011 en la sede central de El Corte Inglés con las recíprocas renuncias de acciones legales por parte de todas las partes implicadas, a excepción de Prosegur y Zurich. Desde la perspectiva del 'holding' de grandes almacenes, el acuerdo fue todo un éxito, puesto que el coste se redujo desde los 52 millones en los que habían sido tasados los riesgos a apenas los 6,75 millones que desembolsó Ason, “evitando de este modo un proceso judicial de larguísimo recorrido e incierto resultado”.

Según distintas fuentes, con estos documentos, Cernuda pone de manifiesto lo importante que fue su labor para El Corte Inglés y que hacer negocios con sus empresas particulares estaba totalmente permitido y aceptado por el consejo de administración de la compañía. Precisamente, de lo que le acusa Gimeno y que desde ahora está presuntamente ya prohibido.

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