Miedo en la banca: 'firma' perder hasta el 3% del beneficio en las nuevas hipotecas

Los bancos se enfrentan a un nuevo golpe externo sobre sus cuentas de resultados. Los ejecutivos asumen que el Supremo se reafirmará este lunes y pagarán el impuesto sobre las hipotecas, con una factura anual de 640 millones según los cálculos de Moody’s, matizado por el coste que consigan trasladar a los clientes. Pero la preocupación radica en que haya retroactividad, con impactos potenciales de miles de millones, aunque la banca da por hecho que no será el caso.

De hecho, las entidades han sido mucho más beligerantes en su discurso esta vez que con la amenaza del impuesto cuando Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy en Moncloa. Y, especialmente, las patronales han sido más activas: la UNACC (cooperativas de crédito), CECA (antiguas cajas) y, sobre todo, la Asociación Española de Banca (AEB) con su presidente, José María Roldán, y su portavoz, José Luis Martínez Campuzano.

Estos ejecutivos han desfilado por los medios para exponer su tesis: la banca cumplió con la norma tributaria del impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD) durante las dos últimas décadas. Este tributo es autonómico y oscila entre el 0,5% de regiones como Madrid y el 1,5% de otras como Andalucía. El sujeto pasivo ha sido todo este tiempo el prestatario —el cliente—, y el prestamista —el banco— ha hecho de intermediario. Pero como recuerdan Roldán y Campuzano, son las haciendas autonómicas las que han cobrado este tributo.

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Los primeros espadas de la banca han repetido este mensaje en las conferencias de prensa y ante analistas en la temporada de resultados, en la que los ocho bancos cotizados han obtenido un beneficio de 13.478 millones de euros entre enero y septiembre, un 13% más que el año anterior. El cambio de sujeto pasivo implicará un coste anual para la banca de 640 millones de euros, según cálculos de la agencia de 'rating' Moody’s. Anualizando el resultado alcanzado en los tres primeros trimestres por la banca cotizada, sería un mordisco del 3,5% sobre el beneficio y de menos del 1% del margen bruto, que alcanzó los 70.000 millones entre enero y septiembre.

La calificadora crediticia estadounidense limita el efecto sobre la rentabilidad del negocio, ya que alude a diferentes vías que tienen los bancos para trasladar parte del coste a los clientes. Sin embargo, esto depende del grado de competencia, que según diferentes análisis del Banco de España, es elevado con una tendencia de suavización de los criterios y condiciones asociadas a las hipotecas, aunque en el tercer trimestre se mantuvieron constantes. Los propios ejecutivos reconocen que de partida los bancos asumirán el impacto, aunque María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, recuerda que "no se puede vender un producto por debajo de coste". En su caso, el cálculo del impacto es del 1,1% sobre el valor nominal de las nuevas hipotecas, reduciendo en 9 puntos básicos el margen obtenido por las entidades en los préstamos.

Llegados a este punto de incertidumbre en la banca, y "caos" en el mercado hipotecario como admiten las entidades, el sector da por bueno asumir este coste una vez que el cambio de sujeto pasivo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No en vano, el escenario podría ser mucho peor si hay retroactividad, que en términos tributarios solo se puede extender a cuatro años —porque las reclamaciones tributarias prescriben—. Abogados consultados creen que la vía más lógica es reclamar a las haciendas. Además, añade un consultor, "en este caso es más fácil, te ahorras costes de abogados porque solo necesitas un impreso y recibes intereses".

"No es como las cláusulas suelo"

En este escenario, existe la posibilidad de que las agencias tributarias reclamaran como siguiente derivada el dinero a los bancos, pero en privado sus máximos responsables aseguran que no están dispuestos a pagar sin pelear. "Esto no es como las cláusulas suelo, no hicimos nada mal", asegura un ejecutivo. Además, se escudan en la propia jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que rechaza cobrar impuestos con carácter retroactivo por un cambio de criterio del Estado, basándose en el principio de confianza legítima en la administración, tal y como sentenció en junio tras una batalla legal entre la Hacienda foral de Vizcaya y un empresario del sector del oro y los metales preciosos.

Esta sala fue la que desató el caos en el mercado hipotecario el pasado 18 de octubre de forma totalmente inesperada. Igualmente, también fue una sorpresa que al día siguiente el presidente de la sala anunciara una revisión ante la repercusión económica. Desde entonces, el Ibex 35 Bancos, índice que aglutina a las seis mayores entidades españolas, pierde un 4%. No obstante, las caídas alcanzaron el 8% en las cinco primeras sesiones. "El mercado siempre se pone en lo peor cuando hay un escenario de incertidumbre", que es lo que desató el Supremo, expuso esta semana Roldán en una entrevista en la Cadena Ser.

Los inversores han ido dando menos probabilidades a un peor escenario para la banca, que pasa por tener que hacer frente a una derrama de miles de millones si debe pagar el impuesto con efectos retroactivos. Si esto sucediera para las hipotecas constituidas desde 2014, que según AFI alcanzan un importe cercano a los 200.000 millones de euros, el coste sería de entre 1.500 millones y 3.500 millones, según los analistas. Los expertos de Goldman Sachs calculan que el deterioro en las ratios de capital llevaría a este indicador de solvencia a mínimos desde 2012 en varios bancos, cuando el sector sufría el peor momento de la crisis y estaba en plena reestructuración. No en vano, de forma sistemática y generalizada los bancos han hecho oídos sordos a las peticiones de los supervisores y han evitado mejorar sus posiciones de capital, con el sector a la cola en Europa.

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Así, la banca llega a su particular 'día D' con la respiración contenida, pese a que los ejecutivos descartan tener que afrontar una factura retroactiva, que llevaría a la necesidad de provisiones justo cuando este concepto está de retirada por el desagüe del ladrillo tóxico, lo que mejora la parte alta de la cuenta de resultados, al reducir el mordisco al beneficio que se han llevado en la última década. Algunos expertos sostienen que como el Supremo en realidad anuló una parte del reglamento del impuesto, se abre la puerta a reclamaciones retroactivas por la cláusula de gastos, sin ni siquiera poner límite en 2014. El golpe sería en este caso de 16.000 millones, según Moody's, cifra casi inasumible, aunque la directora financiera de Bankinter, Gloria Hernández, recordó la semana pasada que habría que imputar la factura a lo largo de la vida de la hipoteca, que es de 12 años de media en su banco.

La sentencia del Supremo surgió de un recurso de casación de la Empresa Municipal de Rivas Vaciamadrid, representada por el abogado Ramón Casero. Dos sentencias posteriores consolidaron el cambio de jurisprudencia del alto tribunal, que debe pronunciarse este lunes. Sin embargo, "los bancos no son parte en este proceso", recuerda un experto. La Sala de lo Civil, por su parte, ha paralizado las deliberaciones pendientes sobre este tema hasta que se pronuncie la Sala de lo Administrativo-Contencioso este 5 de noviembre. Después, podría tener que pronunciarse sobre la relación entre particulares —bancos y clientes— según lo que decidan los magistrados este lunes.

Mientras, los banqueros claman contra la "inseguridad jurídica” que ha desatado el Supremo. Insisten en que actuaron sobre la norma tributaria vigente, y que no tiene sentido pedir un dinero que no tienen y de forma retroactiva, desplegando incertidumbre en el mercado hipotecario. Miembros de la AEB, expertos en cuestiones jurídicas y tributarias, han trasladado este mensaje durante las últimas semanas a 'líderes de opinión' de la mano de la consultora Llorente y Cuenca, según fuentes de la banca.

Esta idea va en la línea del sentimiento que admiten en privado algunos ejecutivos, sobre la opinión negativa que hay instalada en la sociedad hacia la banca a raíz de la crisis financiera y el rescate. Dancausa transmitió esta queja en público. "Estamos indefensos", aseguró. "Parece que tenemos perdida la batalla en relaciones públicas. La banca de hoy no es la de hace diez años", insistió. Otros pesos pesados del sector recuerdan que contrasta la visión negativa hacia la banca con el hecho de que los consumidores muestran en las encuestas tener una mayor confianza para la depositaría de sus finanzas o compartir datos en los bancos que en otras industrias.

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Por otro lado, un ejecutivo del sector critica que desde las administraciones públicas o las instituciones pegadas a la banca (como el Banco de España) no haya habido ningún mensaje para defender la actuación de la banca con el tributo y para transmitir calma en el mercado hipotecario. Pero el Gobierno parece dispuesto a mostrar distancia con la banca, a la que ya ha anunciado que quiero imponer un tipo mínimo efectivo en Sociedades del 18%, igual que a las petroleras, frente al 15% del resto de empresas. Además, indirectamente varios bancos sufrirán si la exención de la repatriación de dividendos se reduce del 100% al 95%, tal y como pretende Hacienda, y por la tasa del 0,2% a las transacciones financieras (tasa Tobin).

El Ejecutivo cree que la banca no podrá trasladar al cliente el incremento fiscal, algo que se puede aplicar al impuesto de las hipotecas si finalmente hay cambio de criterio. En una respuesta por escrito ante una pregunta de una diputada al respecto, asegura que hay 163 entidades de diversa índole compitiendo, y que la competencia también proviene de otras entidades que prestan servicios similares a los de la banca, como son los establecimientos financieros de crédito o las entidades de pago. Un incremento de los precios en el sector bancario hace más atractivos los servicios de estas entidades", asegura el Gobierno, que cita al 'crowdfunding' o al mercado de renta fija (MARF, en España). Por último, añade, "cabe destacar el papel de la política de defensa de la competencia como salvaguardia de posibles pactos colusorios en precios".