CUMEX FILES

Alemania investiga una red por fraude fiscal millonario que afecta a España

La red, con tentáculos en todo el planeta, tenía entre sus objetivos países como Alemania y Dinamarca, pero también España, Austria, Bélgica, Noruega o Suiza

Foto: Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

CumEx-Files es una investigación periodística europea coordinada por el medio alemán Correctiv.

España forma parte de una lista de países europeos potencialmente afectados por la operativa de una trama global bajo investigación en Alemania y Dinamarca. Según los procesos judiciales en marcha, una red financiera con conexiones por todo el mundo aprovechó un agujero legal para reclamar la devolución de miles de millones de euros en impuestos nunca pagados en distintas jurisdicciones como Alemania y Dinamarca, pero también en España, Austria, Bélgica, Noruega o Suiza.

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Varios estados tienen abiertas causas judiciales contra los cabecillas de esta trama. Sin embargo, sus esfuerzos se están viendo ralentizados por el hecho de que los implicados están repartidos por todo el mundo. En nuestro país, no hay ningún proceso en marcha, pero la Fiscalía de Colonia tiene en su punto de mira a filiales de entidades bancarias españolas, porque sospecha que facilitaron parte de la operativa de la trama.

Alemania investiga una red por fraude fiscal millonario que afecta a España

Por su parte, la Agencia Tributaria fue advertida del fraude en 2016 por funcionarios del fisco de Dinamarca, uno de los países más perjudicados por el presunto desfalco. Sin embargo, fuentes oficiales del organismo público aseguran que se llevaron a cabo pesquisas a raíz de aquellos contactos, pero que se llegó a la conclusión de que los sistemas de recogida de información en vigor en nuestro país eran más robustos que los de otros países y descartaban la existencia de fraude.

En cuanto a Alemania, el caso arrancó en 2011, cuando llegó a la Oficina Federal Central de Tributos una reclamación de varios reembolsos fiscales que resultó sospechosa por varias razones. Primero, porque eran inusualmente altos: en dos meses, el fondo de pensiones estadounidense que reclamaba el dinero había comprado 6.400 millones de euros en acciones alemanas para venderlas poco después, y ahora exigía al Estado alemán casi 54 millones de euros.

La canciller Angela Merkel. (Reuters)
La canciller Angela Merkel. (Reuters)

Por otro lado, el fondo tenía un único beneficiario: Gregory Summers, uno de los implicados de este entramado global que suma ya más de un centenar de investigados. Summers aparece vinculado a dos de los fondos de pensiones radicados en EEUU que se usaron para llevar a cabo el presunto fraude: Acorn Capital Employee (ACC) y Acorn Capital Strategies (ACS). La Fiscalía de Colonia detalla que ambos solicitaron a la agencia tributaria alemana reembolsos de impuestos por 108 millones solo en 2011.

Existe un tercer fondo, Sander Gerber Pension Plan (SGPP), que también está en el punto de mira de la Fiscalía. Dos de sus beneficiarios eran la persona que dan nombre al plan, Sander Gerber —también encausado por la Fiscalía alemana— y su mujer Tracy. El tercer beneficiario del fondo de pensiones SGPP era una entidad, Aipac Tomorrow Campaign. Todos esperaban beneficiarse de la solicitud para que la Hacienda alemana les devolviera 42,7 millones de euros en 2011.

Un negocio solo para iniciados

Según otro de los implicados, perseguido en Dinamarca por haber saqueado presuntamente más de 1.000 millones de euros al fisco de ese país, la operativa que permitía el fraude era el reducto de una élite de banqueros muy especializados. Los negocios cum/ex, que así se llaman en el argot financiero, solo estaban al alcance de unos pocos, que compraban y vendían millones de acciones en apenas unos días, con el único fin de obtener certificados fiscales que les permitían después reclamar devoluciones de impuestos que nadie había pagado, a juicio de la Fiscalía de Colonia y la Oficina Federal Central de Tributos alemana.

En eso precisamente consistían estas operaciones, que están en el fondo del supuesto saqueo a las arcas públicas de media Europa. De un modo muy resumido, se trata de compraventas de acciones que involucran a bancos, brókeres, fondos de inversión y dueños de patrimonios millonarios, y que se producían en torno a la fecha en que compañías cotizadas abonaban sus dividendos. Estas operaciones estaban perfectamente coordinadas y generaban reembolsos fiscales a los que los solicitantes no tenían derecho, a juicio de quienes ahora las investigan. Las cantidades podían alcanzar las decenas de millones de euros por demandante en un solo año.

Alemania investiga una red por fraude fiscal millonario que afecta a España

Uno de esos iniciados, de acuerdo con el sumario de la causa al que ha tenido acceso El Confidencial, era Salim Mohamed. Este corredor de maratones aficionado —un tipo muy inteligente, con mucha sangre fría y despiadado, según quienes le conocen— llevaba toda su vida trabajando en la banca de inversión y, más concretamente, en productos relacionados con el denominado arbitraje de dividendos, una práctica que consiste en buscar el modo de reducir al mínimo los impuestos que se pagan por la remuneración al accionista. Mohamed se había especializado en las operaciones cum/ex, una versión sofisticada y muy rentable de este tipo de transacciones.

En medio de la crisis financiera, Mohamed había decidido independizarse y montar su propio negocio: en 2009, puso en marcha EQI Asset Management, una empresa dedicada a la gestión de activos financieros. En realidad, lo que pretendía era empezar a embolsarse directamente las ganancias que hasta entonces se habían llevado sus jefes. Para poner en marcha sus ideas necesitaba dinero, de modo que buscó un fondo de inversión con capacidad de captar el capital necesario. Así encontró a Günter Graw, un exempleado de Deutsche Bank que, tras abandonar la entidad con una jugosa indemnización, decidió crear el fondo luxemburgués Sheridan Sicav-FIS.

Graw necesitaba una estrategia de inversión y Mohamed, dinero para llevar la suya a cabo. Así, embarcaron en el proyecto a otro de los actores de este drama: el banco suizo Sarasin. Esta 'boutique' financiera con sede en Basilea vendió a sus adinerados clientes un producto que aseguraba rentabilidades de entre el 10 y el 12% anual en plena crisis económica y con los tipos de interés por los suelos. Demasiado tentador para resistirse. Algunos de los clientes de Sarasin, ahora personados en la causa como perjudicados, llegaron a pedir créditos de hasta 25 millones de euros para invertir en un producto tan goloso.

En 2010, Sheridan Sicav-FIS creó una estructura empresarial en Malta. “La idea del producto ya existía en 2009, en colaboración con EQI [Asset Management], un gestor de activos de Londres”, cuenta Günter Graw ante la policía de Luxemburgo, que le tomó declaración por petición de la Fiscalía de Colonia. “Se trataba de una estrategia de arbitraje [de dividendos] con acciones españolas”. España era el objetivo principal, dice Graw, por el “beneficioso” acuerdo de doble imposición entre nuestro país y Malta, que les permitía reclamar a la Agencia Tributaria reembolsos fiscales de hasta el 95% del dividendo bruto.

Vista de La Valeta, capital de Malta. (Reuters)
Vista de La Valeta, capital de Malta. (Reuters)

Según una de las presentaciones que EQI Asset Management que obra en la causa, la sociedad de Salim Mohamed preparó en marzo de 2011 la estructura que él y Graw montaron en Malta, con la que pretendía reclamar a la Hacienda española más de cuatro millones de euros solo ese año. La idea de España como objetivo de la trama se ve reforzada por el acta de una reunión del consejo de administración de una de las empresas para las que trabajaba EQI y que se incluye en el sumario del caso. En ella se explica cómo, durante el último trimestre de 2010, se llevaron a cabo “con éxito” una serie de operaciones en mercados europeos “con el objetivo de beneficiarse de oportunidades de arbitraje [de dividendos] (...). Estas operaciones se centraron principalmente en valores españoles”. El acta de otra reunión en junio de 2012 vuelve a mencionar España entre los países donde se han realizado transacciones.

Para el trámite burocrático, EQI Asset Management, o lo que es lo mismo, Salim Mohamed, contrató a la compañía Global Equities. “Nosotros ya hacíamos las solicitudes [de reembolso] para Duet [el fondo de inversión donde trabajaba Mohamed antes de establecerse por su cuenta]”, explicaba Silke Ohle, la responsable de Global Equities, ante la policía alemana. Su trabajo era gestionar las reclamaciones de devolución ante la Hacienda española, entre otros países. “En Alemania y Austria, los funcionarios tenían que certificar la residencia de la compañía [que pedía el reembolso] cada vez. En España, solo necesitabas hacerlo una vez al año”, detallaba Ohle, demostrando hasta qué punto estaba familiarizada con el proceso administrativo necesario para obtener los reintegros en nuestro país.

El sumario de la causa apunta a que España habría sido una de las víctimas de la trama, aunque no se han podido poner cifras al fraude global

España siempre fue uno de los países sobre los que los miembros de esta “banda organizada”, como la denominan los investigadores, habían puesto sus ojos. Hanno Berger, un exinspector de Hacienda alemana que se pasó al lado oscuro y al que la Fiscalía de Colonia coloca en el centro del entramado como muñidor del presunto fraude, ya se interesó por la posibilidad de hacer negocios cum/ex con acciones de compañías españolas poco antes de estallar la crisis financiera. Uno de los 'e-mails' contenidos en la causa, fechado en agosto de 2007 y dirigido a Berger, le informa de que “la estructura se está llevando a cabo actualmente en España”, pero advierte de que “la administración tributaria no debe descubrir que los participantes actúan de común acuerdo (…). Hasta ahora, la administración tributaria en España todavía no ha descubierto este tipo de estructuras”.

Según el sumario, Berger tenía en su poder dos informes de la sucursal madrileña del bufete de abogados Freshfields, emitidos en 2007 y 2009, que acreditaban que la estructura “funcionaba” en nuestro país. Los dictámenes fueron elaborados, conforme al relato de Berger, por el entonces responsable de la oficina en Madrid de Freshfields, Miguel Klingenberg, que ahora es director general de asuntos legales en la petrolera Repsol. Además, otra socia del bufete, Silvia Paternain, firmó un nuevo documento para EQI Asset Management, la empresa de Salim Mohamed, en marzo de 2012. Miembros de la trama califican este informe de “hoja de ruta” para cometer el presunto fraude en nuestro país. Tanto Klingenberg como Freshfields han declinado hacer declaraciones al respecto.

Imagen de uno de los informes que Freshfields Madrid elaboró para la trama.
Imagen de uno de los informes que Freshfields Madrid elaboró para la trama.

 Imagen de uno de los informes que Freshfields Madrid elaboró para la trama.
Imagen de uno de los informes que Freshfields Madrid elaboró para la trama.

El aviso danés a la Agencia Tributaria

El sumario de la causa apunta a que España habría sido una de las víctimas de la trama, aunque los investigadores alemanes no han podido ponerle cifras al fraude global. En aquel país, donde las operaciones cum/ex se han desarrollado durante más tiempo, las estimaciones más conservadoras hablan de más de 7.000 millones de euros sustraídos a las arcas públicas. SKAT, la agencia tributaria danesa, calcula que el presunto desfalco en su caso ronda los 1.700 millones.

En España, la Agencia Tributaria asegura que esta práctica es de difícil traslación a nuestro país, porque los sistemas de captación de datos son más refinados que los de países como Dinamarca. Añaden, eso sí, que este tipo de fraude no es técnicamente imposible cuando fallan los sistemas de suministro de información o en el caso de que exista algún tipo de colusión entre los participantes. Es decir, si actúan de forma concertada. Tal y como la Fiscalía de Colonia y los implicados describen la operativa cum/ex, esa era precisamente la piedra de toque de toda la estructura: los implicados se ponían de acuerdo, pero lo ocultaban al fisco para poder obtener los reembolsos.

Desde la administración tributaria, admiten que se abonaron reembolsos a compañías que llevaban a cabo estas prácticas, pero alegan que, suponiendo que las devoluciones hubieran sido indebidas, el asunto ya habría prescrito. Aseguran además que las cantidades abonadas no son ni de lejos las que se manejan en otros países afectados y que apenas alcanzarían unas decenas de miles de euros anuales durante un periodo de cinco años.

Vista de la delegación de Hacienda de Guzmán el Bueno, en Madrid. (EFE)
Vista de la delegación de Hacienda de Guzmán el Bueno, en Madrid. (EFE)

Estas afirmaciones contrastan con lo que declara uno de los testigos clave de la Fiscalía de Colonia en este caso. “Alemania era con seguridad el mercado más grande en Europa. Otros que he visto eran países grandes como Francia, España e Italia, pero también otros más pequeños, como Austria, Bélgica o Dinamarca, han sido populares para este tipo de transacciones. En cada uno de ellos había diferencias en la regulación, así que las operaciones, la estructura, se adaptaban un poco, pero en el fondo las consecuencias las pagaba siempre el contribuyente de cada país”, dice este arrepentido en una entrevista exclusiva con los medios alemanes 'ARD Panorama', Correctiv, 'Zeit' y 'Zeit Online'.

Según ha podido confirmar El Confidencial, dos funcionarios del organismo español recibieron en 2016 un correo electrónico de sus homólogos daneses advirtiéndoles del posible desfalco que ellos habían detectado en su país y que sospechaban que podría estar ocurriendo en otros estados europeos. Es más, adjuntaban un dosier en el que se detallaba en qué consistía la operativa y se ofrecían a ayudarles. La Agencia Tributaria confirma haber recibido la comunicación danesa, que describen como una circular remitida a una larga nómina de países, y aseguran que varios departamentos del organismo iniciaron pesquisas, aunque se llegó a la conclusión de que los sistemas estaban suficientemente protegidos y de que aquí no existían las debilidades que habían permitido en otros países las prácticas ahora sospechosas.

El hecho de que en España no haya ninguna investigación por parte de la Justicia hace muy difícil estimar el importe del presunto fraude, puesto que todos los procesos que están abiertos en otros estados europeos se centran en acotar el daño sufrido dentro de sus propias fronteras. En palabras del arrepentido, “Francia y España están descubriendo ahora que han sido víctimas del fraude. Todavía están tratando de armar el puzle”.

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