El BCE cuestiona los bonus de 23 M del Popular para Ángel Ron y Francisco Gómez

Los últimos ejecutivos de primer nivel que abandonaron Banco Popular se embolsaron sumas millonarias, pese al mal desempeño de la entidad, que entre 2007 y diciembre de 2016 perdió el 98% de su valor bursátil. El expresidente Ángel Ron se llevó 12,8 millones, y el ex consejero delegado Francisco Gómez, nueve millones. El Banco Central Europeo (BCE) cuestiona directamente estos bonus, y también hace mención a la remuneración de cuatro millones que se aseguró Emilio Saracho para tomar las riendas en 2017.

El directorio general de supervisión macroprudencial envió una carta fechada el 20 de junio de 2017 a José García Cantera, presidente transitorio del Popular designado por Banco Santander tras adquirir la entidad, en la que mostró sus “preocupaciones acorde a los elementos de remuneración variable de ciertos directores y ejecutivos de Banco Popular Español”, según documentos del BCE incorporados a la causa penal que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, sobre los que levantó el secreto la semana pasada, y a los que ha tenido acceso este medio. En esa misiva, firmada por el español Ramón Quintana y por Carlo Giorgis, la institución recuerda que una “pobre” designación de las políticas de remuneración tiene potenciales efectos perjudiciales en la buena gestión de los riesgos, control de los riesgos y toma de riesgos del comportamiento de los individuos.

El BCE se refiere a las contribuciones extraordinarias de nueve millones de euros para Gómez y de 12,8 millones para Ron en sus respectivos planes de pensiones con Mapfre Vida SA, para “cubrir la remuneración acordada en favor de los beneficiarios, correspondiente, principalmente, al periodo de prejubilación”. El propio Emilio Saracho, sucesor de Ron en la presidencia, mencionó en su comparecencia este bonus, y Ron se justificó diciendo que estaba en línea con el sector. El propio Santander habría reclamado la devolución.

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La entidad supervisada (Popular) consideró que estos beneficios eran no discrecionales para sus planes de pensiones y, por lo tanto, no los consideró retribución variable, señala la división supervisora desde Fráncfort. Por eso, prosigue, no se aplicaron los requisitos para la remuneración variable que estipula la regulación en torno al periodo de prejubilación, ni se evaluó el desempeño logrado a lo largo del tiempo de los beneficiarios, y tampoco se estipularon formas de salvaguardar el acuerdo (que incluirían la posibilidad de devolver el dinero).

Sin embargo, esta tesis mantenida por el Popular para justificar los bonus millonarios de sus ex números uno y dos choca contra la guía de remuneraciones de la Autoridad Europea de Banca (EBA). Esta guía explica que los bancos deben asegurarse de que la remuneración variable no se paga a través de métodos o vehículos que tienen como objetivo incumplir los requisitos de la política de retribución. Y más concretamente, asegura que hay elusión cuando la remuneración se etiqueta como pago para la jubilación temprana y no se tiene en cuenta como remuneración variable, pero 'de facto' es un pago con carácter de indemnización de despido, finalización temprana del consejo o, de hecho, si “el miembro del consejo no se retira después de ello”. Esto es, lo que ocurrió con Ron y Gómez.

Esta advertencia se produjo después de la resolución del Popular, que ocurrió el 7 de junio de 2017, cinco meses después de la salida de Ángel Ron y un año después de la prejubilación de Francisco Gómez. Sin embargo, el BCE había llevado a cabo un informe en el cuarto trimestre de 2016 sobre si la política de remuneraciones de Banco Popular era adecuada.

Fuera de la regulación

El BCE considera que la eliminación de la política de remuneración para los nuevos ejecutivos fue positiva, pero no que se mantuviera para los antiguos. Entre 2016 y 2017, hubo contribuciones extraordinarias de más de 20 millones de euros para cubrir el despido del ex CEO y del expresidente. “En nuestro punto de vista, esto es una elusión de la regulación”, asegura el informe del BCE, expresión que usa varias veces. Abogados consultados consideran que esto es importante si hay consecuencias penales para los exejecutivos del Popular.

El equipo supervisor del organismo y el departamento legal del Banco de España analizaron el caso y consideraron que no se puede premiar el mal desempeño, en un contexto de reestructuración del banco tras una ampliación dilutiva de 2.500 millones y pérdidas de 3.500 millones en 2016. En una reunión el 10 de mayo de 2017 con el presidente del comité de remuneraciones, este admitió que un segundo asesor independiente (Uria) había llegado a la misma conclusión y se comprometía a negociar para encajar las retribuciones con la regulación.

La autoridad monetaria y supervisora explica que este tipo de remuneraciones debería clasificarse como variable y seguir pasos que aseguren que el pago se realiza en función del desempeño. Y en este caso fue muy negativo, si se tiene en cuenta el deterioro del balance o la evolución bursátil. No obstante, resalta que “todas las cantidades y los conceptos son públicos y han sido aprobados por la junta general de accionistas”.

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En cualquier caso, el BCE reconoce que es un acuerdo privado entre diferentes partes, y son las mismas las responsables de mover su posición para converger con la regulación. Las instituciones deben evaluar la adecuación de sus políticas de remuneración, según una circular de 2016 del Banco de España. El Popular solicitó a Garrigues el análisis para el periodo 2015 a 2018, tras las decisiones aprobadas en la junta del 13 de abril de 2015. El reporte concluyó que “la política de remuneración es compatible con la adecuada y efectiva gestión de riesgos”. De este modo, Garrigues concluyó que la remuneración variable está en línea con la regulación.

No obstante, el Popular estaba en una situación de profundo deterioro de capital. El informe del BCE cita una carta emitida por Daniele Nouy, presidenta del consejo de supervisión del banco central, en la que recuerda que es recomendable tener una política de remuneración consistente con reforzar los niveles de capital para cumplir con los requerimientos.

El análisis del BCE también menciona el cobro de cuatro millones de euros de Emilio Saracho al hacerse cargo del banco en febrero de 2017. Este pago de bienvenida lo considera una remuneración variable garantizada, que no cuestiona directamente. El organismo menciona la guía de la EBA, que señala que este tipo de remuneración no puede perdurar más de un año, que es excepcional y que solo puede darse en una institución que tiene una base de capital "sana y fuerte".