Primer fallo contra Lizarrán por engañar a un franquiciado con un local sin licencia

Las tabernas Lizarrán se enfrentan a su primera sentencia condenatoria por actuar de manera engañosa con uno de sus franquiciados. Fernando decidió invertir los ahorros de toda una vida en la marca estrella de Comess Group, atraído por un suculento plan de negocio: asesoramiento integral, ventas de unos 360.000 euros al año, beneficios estimados en 70.000 euros anuales y la garantía de que este catalán en paro no debía preocuparse de nada más allá de preparar la chequera.

Pero la aventura empresarial arrancó con mal pie. El equipo asesor de Lizarrán sugirió al franquiciado que ocupase una antigua cafetería en San Bernardo (Madrid), un local de alquiler adecuado en apariencia, pero con un defecto que Comess Group ocultó todo el tiempo que pudo. El demandante "jamás habría firmado el contrato de franquicia para explotar la marca si hubiera sabido que el local no tenía licencia de restaurante y contaba con instalaciones ilegales", reza la sentencia del Juzgado de primera instancia número 57 de Madrid, a la que ha tenido acceso este periódico. La empresa sí conocía esta circunstancia pero decidió seguir adelante con el proceso.

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Fernando descubrió que no podía desarrollar la actividad propia de un Lizarrán en ese establecimiento —con licencia de cafetería— dos meses después de firmar el contrato (en abril de 2015), cuando ya había invertido una importante suma de dinero. Los intermediarios solicitaron un cambio en la titularidad de los permisos y el ayuntamiento se lo denegó, destapando el pastel al franquiciado. Sobre ese local pesaba además una orden de clausura por tener cocina sin salida de humos ni autorización.

Tocaba parar el proyecto que se estaba ejecutando para hacer uno nuevo, con una inversión total que casi duplicó los 128.000 euros previstos por Comess Group en su plan de negocio y salió del bolsillo de Fernando. "Lizarrán quería hacer todo a mis espaldas para que no me diera cuenta de que las instalaciones no estaban adaptadas. Se aprovecharon de mi nula experiencia en hostelería y no asumieron los sobrecostes, pese a que se habían comprometido a hacerlo por escrito", explica el afectado. Según la cronología de los hechos, reclamó al anterior inquilino una indemnización por los defectos del local que ascendió a 30.000 euros.

Riesgo de incendio

El arquitecto que dirigió las obras admitió ante el juez que la chimenea del local "incumplía las condiciones de seguridad y sobre incendios, siendo ello un requisito imprescindible para la obtención de la licencia de funcionamiento como restaurante", detalla el fallo. El perito ratificó que la salida de humos era insuficiente porque la chimenea no discurría por un patio sino por un patinillo con estructura de plástico, y no de chapa galvanizada. Ese material puede provocar tanto propagación del fuego como olores y humos, con un riesgo evidente para los vecinos.

No obstante, las obras no fueron suficientes para subsanar las deficiencias de las instalaciones. "Ese Lizarrán ponía en peligro la seguridad pública de todo el edificio y además era un negocio ruinoso: se llenaba de humo todos los días y los clientes ni podían estar allí", explica Fernando. El local estuvo funcionando durante algo más de un año con una licencia provisional que nunca se materializó en un permiso definitivo, hasta que el franquiciado decidió alertar al ayuntamiento de la situación. El consistorio, que no había detectado la chimenea ilegal en una primera inspección, ordenó el cierre definitivo del establecimiento.

El empresario invirtió 212.687 euros en un negocio condenado al cierre desde el primer momento y se anotó unas pérdidas de 86.789 euros en apenas un año, en contraste con la cifra orientativa de beneficios (70.000 euros anuales) que Lizarrán le puso encima de la mesa. Se ha convertido en el primer franquiciado que gana la batalla en los tribunales a Comess Group. Su asesora en el proceso ha sido la directora del departamento jurídico de Ramírez&Crespo y especialista en derecho procesal, Cristina Fernández.

Una victoria parcial

La sentencia declara nulo el contrato de franquicia y obliga a Comess Group a devolver el importe íntegro de la inversión (212.687 euros) al afectado por dolo negocial, pues el juez entendió que la demandada ocultó información esencial antes de la firma y determinó así un "consentimiento viciado por error". Según el fallo, quien calla o no advierte debidamente a la otra parte, desarrolla conductas engañosas y/o actúa maliciosamente para captar la voluntad del otro está cometiendo este delito.

Pero el juez absuelve a la matriz de sufragar las pérdidas en las que incurrió su franquiciado, pues considera que estas no tienen relación con los hechos. Las previsiones ofrecidas por Lizarrán antes de firmar en contrato eran solo eso: estimaciones. Por tanto, "no queda constatado que Comess Group ofreciera a sabiendas datos inexactos acerca de la viabilidad del negocio".

"No me han compensado todo lo que he sufrido. Debo mucho dinero a los bancos, tengo mi casa como aval y necesito que me devuelvan el dinero cuanto antes", lamenta Fernando. Pero dicho reembolso tendrá que esperar, pues Lizarrán ha recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial. "Comess Group ha actuado con completa diligencia y asumiendo en todo caso sus responsabilidades (...) respeta pero no comparte la visión del magistrado según la cual el grupo no es considerado parte ajena en acuerdos que el franquiciado ha firmado de manera informada y unilateral con terceros", responden fuentes de la compañía tras ser consultadas por este diario.

Los franquiciados inician el 37,4% de los procesos judiciales pero solo ganan en el 31,9% de los casos

Van más allá cuando dicen que el franquiciado "es un experimentado empresario que (...) no solo actuó con falta de diligencia al firmar un contrato de arrendamiento sin comprobar que disponía de la correspondiente licencia. También actuó con mala fe al solicitar al ayuntamiento la orden de cese de actividad de restaurante", añaden desde Comess Group. Fernando argumenta que alertó al consistorio porque "era lo que tenía que hacer" y la actividad de ese local estaba poniendo "vidas humanas en peligro".

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La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) defiende que su sistema de negocio en general es "poco conflictivo", con una litigiosidad media del 0,08%. Entre 2014 y 2016 registraron 126 sentencias sobre un total de 51.000 establecimientos franquiciados (a cierre de 2016), con mayor incidencia en los sectores de hostelería y moda. Los franquiciados inician el 37,4% de los procedimientos pero solo ganan el 31,9% de los casos, o así se refleja en el primer observatorio de la jurisprudencia elaborado por AEF.

No obstante, El Confidencial ha destapado numerosos conflictos con franquiciados en empresas como DIA, Mango, McDonalds, Yoigo o Yves Rocher. La casuística va desde coacciones, amenazas o 'mobbing' en el puesto de trabajo hasta supuestos delitos de estafa, falsedad documental o apropiación indebida. En este caso, Comess Group asegura que es la primera vez que pierde una sentencia de este tipo. El 'holding' dedicado a la gestión, asesoramiento y explotación de restaurantes en régimen de franquicia es dueño de Lizarrán, Cantina Mariachi o Pasta City, entre otras marcas.