transposición de mifid ii

Vía de urgencia para aprobar la norma más temida (y esperada) por la banca

El equipo de Nadia Calviño transpone la directiva MiFID II, que entró en vigor el 3 de enero. El mercado espera que se mantengan las restricciones en el reglamento posterior

Foto: La ministra de Economía, Nadia Calviño. (EFE)
La ministra de Economía, Nadia Calviño. (EFE)

El Ejecutivo ha acelerado con MiFID II para evitar la multa desde Bruselas. La implementación parcial deja España a la cola de Europa, con solo Eslovenia en una posición peor. El sector financiero ha venido presionando a los equipos de Luis de Guindos, Román Escolano y, ahora, Nadia Calviño para acabar con la incertidumbre.

La directiva europea crea un marco para los servicios de asesoramiento y distribución de productos de inversión, con el fin de proteger al cliente y añadir transparencia. Esto supone importantes restricciones y obligaciones en la industria, especialmente para la banca, en un momento en que el asesoramiento y la venta de fondos es un negocio cada vez más importante por los tipos de interés al 0%. MiFID II limitará las retrocesiones, que son la parte de la comisión en fondos que se queda el distribuidor, sobre las que está articulada actualmente la venta de productos con un 60% de los ingresos.

Las ansias de ver transpuesta la norma no se derivan de que sea beneficiosa, sino de saber con qué reglas van a jugar. De hecho, el sector asume que habrá un descenso de ingresos por la presión en los márgenes de hasta el 10% en toda la cadena de valor, que incluye bancos, asesores y gestoras de fondos (afectadas indirectamente). Esta fue una de las conclusiones de un evento sobre MiFID II organizado por Cuatrecasas y APD esta semana, que mostró la presión del sector sobre el Gobierno. “Las entidades corren el riesgo de tener que invertir dos veces, una para adaptarse a la norma que piensan que habrá y otra para responder a los cambios que se produzcan en el texto definitivo”, advierte un consultor. Además, "la CNMV ya tiene capacidad de sancionar", señala Jorge Ferrer, socio de FinReg y profesor del IEB.

Las entidades corren el riesgo de tener que invertir dos veces, una para adaptarse a la norma y otra para responder a los cambios que se produzcan

Nadia Calviño, que llegó al Ministerio de Economía en junio, se autoimpuso como prioridad transponer la decena larga de directivas europeas pendientes. Entre ellas, MiFID II. Su equipo ha acelerado el trabajo durante las últimas semanas, con amenaza de sanción de fondo -que aún persiste-, para llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley.

Economía ha llegado a tiempo para incluir el decreto en el Consejo de Ministros de este viernes. “Somos conscientes de la urgencia, pero nos hemos encontrado varias transposiciones pendientes desde hace varios meses”, aseguran fuentes del ministerio. Es decir, es la herencia recibida por Román Escolano o, sobre todo, por Luis de Guindos. Por el retraso y la urgencia, Economía confía en que haya comprensión por parte del resto de grupos parlamentarios cuando el Congreso tenga que ratificar el real decreto ley. "Su transposición como RDL viene motivada por la urgencia. La Comisión ya ha interpuesto demanda ante el TJUE por incumplimiento, con la correspondiente propuesta de sanción", señala el ministerio en una notada de prensa. Además, "su incorporación al ordenamiento jurídico es fundamental para evitar la erosión de la competitividad de las empresas de servicios de inversión nacionales y de España como destino de inversiones europeas y extranjeras".

MiFID II debió entrar en vigor el 3 de enero, y solo hubo un real decreto ley en el último Consejo de Ministros de 2017 para una implementación parcial sobre los centros de negociación (para órdenes de compra y venta) para evitar que los grandes inversores dejaran la bolsa española por no estar homologada con el resto de Europa. Semanas antes, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad emitió una nota de prensa con un borrador sobre los puntos clave de la parte de la directiva que queda a elección de cada Gobierno.

Restricciones a la banca

Con esta idea ha trabajado el sector, sin saber a ciencia cierta si será la definitiva. El equipo de Luis de Guindos planteó la restricción de retrocesiones con la obligación de que la banca añada valor y ofrezca al menos el 25% de productos de su oferta de terceros para poder mantenerlas. De esta forma, incentivó el surgimiento de contratos de gestión de carteras para los patrimonios más altos, mientras que para los más bajos se han expandido los supermercados de fondos y los fondos de fondos.

Las retrocesiones estarán disponibles para los distribuidores que se declaren no independientes y cumplan con estos requisitos, siempre y cuando el texto definitivo mantenga la esencia, una vez que parece que el ‘lobby’ de la banca fracasó en intentar que la red de oficinas se considere un añadido de valor suficiente para cobrar retrocesiones. Los que se declaren asesores independientes tendrán que cobrar de forma explícita al cliente, igual que los contratos de gestión de cartera discrecional.

Sin embargo, “hasta que no esté transpuesta la directiva, no llegarán los desarrollos definitivos con todos los detalles de la CNMV, que es lo que espera el sector, ya que la transposición suele ser literal a la directiva salvo las partes que debe elegir cada Gobierno”, señalan fuentes jurídicas. En concreto, toda la información se completará con un Real Decreto que incluya los aspectos más reglamentistas del proyecto, explica Economía, y hasta entonces no se habrá cerrado el riesgo de sanción europea. Así, se ha transpuesto el contenido de la directiva europea de nivel 1 (directiva 65/2014) pero está pendiente por transponer el contenido de la directiva delegada de nivel 2 (directiva 2017/593), explica Ferrer, de FinReg, mientras que el nivel 3 se conoce con los textos difundidos por CNMV y el supervisor europeo ESMA.

Temas pendientes

Con todo, hay cosas pendientes, explica el experto de FinReg. Por una parte, concretar cuándo podrán cobrar los distribuidores (entre ellos la banca) retrocesiones, aunque el sector da por hecho que será con los requisitos anunciados por Economía en diciembre, aún bajo el mando de Luis de Guindos. Tampoco se conocen los "requisitos específicos" para saber qué es una amplia gama de productos en el caso de los asesores que se declaren como independientes, mientras que en la separación entre el pago de análisis y brokeraje aún no se ha establecido como tal la obligación. Por otro lado, el reglamento tendrá que determinar si obliga a los comercializadores a identificar el público objetivo en materia de gobernanza de producto, "lo que es crítico porque limita la distribución y se necesitan desarrollos informáticos", apunta Ferrer, que añade también como pendiente la salvaguarda de activos.

Asimismo, parece claro que los distribuidores tendrán que informar al cliente sobre el reparto de comisiones de forma clara y en euros. Es decir, el inversor sabrá cuánto ha ganado con su ahorro, pero también cuánto se han llevado el vendedor y la gestora. Sin embargo, aún no se sabe si habrá criterios homogéneos para elaborar el documento, que algunos expertos aconsejan enviar ya a finales de este año. También queda por llevarse a cabo la homogeneización de clases de fondos. Esto es, que la nomenclatura entre clases limpias (que no dejan posibilidad a las retrocesiones) y el resto sea igual en todas las gestoras.

Lo que sí ha aclarado Economía es que las empresas de servicios de inversión deberán desarrollar "un registro que incluya las comunicaciones telefónicas y electrónicas relacionadas con la ejecución de órdenes de los clientes", señala la nota, mientras que se incluyen en el ámbito de la apliación de la directiva los depósitos estructurados y se obliga a tener una sucursal en España a las empresas de servicios de inversión de terceros estados cuando presten servicios de inversión a clientes minoristas en territorio nacional.

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