Hacienda sanciona a Endesa con 88 millones por trucos contables con sus renovables

Hacienda y Endesa no se llevan bien. Así podría deducirse de los numerosos expedientes abiertos por el ministerio de las cuentas públicas contra la eléctrica española y su accionista mayoritario, Enel, que desde que compró la compañía nacional se ha beneficiado de un tratamiento fiscal muy positivo. El último enfrentamiento se ha producido por una sanción de la Agencia Tributaria por importe de 88 millones de euros por el método contable aplicado en la fusión de las filiales de energías renovables de Endesa y de Enel.

Según han reconocido fuentes oficiales, el 7 de junio de 2017, el Ministerio de Hacienda —dirigido en ese momento por Cristóbal Montoro— envió a Enel Iberia, la matriz de Endesa, un acta de inspección tributaria por “el régimen de neutralidad fiscal aplicada a la fusión de Unión Fenosa Renovables (EUFER) y Enel Green Power España SL” que se llevó a cabo en 2011. Desde el Gobierno se entendió que la empresa eléctrica se había acogido a un tratamiento fiscal que no estaba justificado por la “ausencia de razones económicas válidas” que respaldasen la operación.

Aquella integración fue vendida por ambas compañías como la creación de uno de los grupos líderes de energías verdes de Europa, que además cotizaba en la Bolsa de Madrid. Enel se quedó con el 70% de la sociedad resultante. Pero en 2015, ante el nuevo recorte de las primas a las renovables aplicado por el Ministerio de Industria encabezado por Alberto Nadal, Endesa y su accionista decidieron dar carpetazo a la aventura verde en España.

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El Estado italiano, máximo accionista a su vez de Enel, excluyó de bolsa a Enel Green Power en la primavera de 2016 y se llevó la matriz a Roma, lo cual sentó muy mal en los ministerios de Industria y Hacienda. Para tensar más la cuerda, en mayo de 2017, el grupo transalpino anunció sin previa comunicación a Nadal el cierre de sus dos centrales de carbón, lo que acentuó más si cabe las diferencias entre el Gobierno del Partido Popular y Endesa.

Además, la bicefalia en la cúpula de la eléctrica, con las diferencias públicas entre Borja Prado, presidente de la española, y Francesco Starace, primer ejecutivo de la italiana, no ayudó a edulcorar el enfrentamiento, puesto que mientras el primero trató de tender puentes con el ministro, el segundo dio por rotas las relaciones después de la última reforma del sector.

El expediente por la fusión de las renovables le fue comunicado a Endesa dos meses después del anuncio del cierre de las centrales de carbón. La eléctrica ha impugnado el acta en primera instancia en el Tribunal Económico Administrativo (TEAC), al considerar que el tratamiento fiscal aplicado fue correcto. Para ello, ha aportado la documentación que certifica las sinergias conseguidas por el efecto de la integración “con el fin de demostrar la existencia de las motivaciones económicas válidas en su apoyo”.

Impuestos devueltos

Este último matiz es muy significativo, porque desde Enel se considera que había una motivación política a este expediente, el cuarto que Hacienda ha abierto al dueño de Endesa. La Agencia Tributaria ha puesto la lupa en la eléctrica y en su matriz por los beneficios fiscales que se apunta por la compra de la española y por el traslado de gran parte de la operativa a filiales italianas. Hasta el punto de que Enel Iberia, el 'holding' que atesora el 70% de Endesa, lejos de pagar impuestos en España, cobra dinero del Estado.

El pasado año, ingresó 116,49 millones por el impuesto sobre sociedades y otros 205.000 euros en la cuenta de patrimonio. Una situación llamativa, puesto que la eléctrica obtuvo un beneficio de 1.463 millones en 2017, dinero que destinó íntegramente a dividendos, siendo Enel el más beneficiado por esta política tan generosa de retribución al accionista. En 2016, cobró 153,9 millones y en 2015, 138,9 millones por beneficiarse de una norma fiscal aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que posteriormente fue asesor de Endesa.

El grupo ha aportado un aval bancario por los citados 88 millones para suspender el cobro de la sanción mientras se resuelve el recurso.