Ruiz-Gallardón pierde dinero en su primer año como despacho a la espera del caso Lezo

Ruiz Gallardón Abogados, el despacho fundado y presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, ha cumplido su primer año en el cada vez más competitivo sector legal. Nacido en febrero de 2017, el bufete está liderado por su hijo José Ruiz-Gallardón, procedente de Uría Menéndez, y su primo Ignacio Ruiz-Gallardón.

En cifras, el despacho ha registrado en su primer ejercicio contabilizado (febrero-diciembre de 2017) una facturación de 364.370,81 euros y un resultado final que asciende a 113.446 euros de pérdidas, según se desprende de las cuentas anuales recientemente remitidas al Registro Mercantil. No obstante, el grueso de la facturación se corresponde a los últimos meses del pasado año y las pérdidas se explican en parte por las inversiones iniciales que ha tenido que hacer el despacho. Por tanto, no será hasta que acabe el año en curso cuando el despacho registre su primer año a pleno rendimiento.

El bufete, que cubre áreas como mercantil, civil, procesal o público, cuenta en sus filas con casi una veintena de personas y tiene establecido su cuartel general en la madrileña calle Velázquez, muy cerca de Hermosilla y Goya. En concreto, el despacho cuenta con cuatro socios, 10 abogados y cuatro empleados de apoyo.

El bufete, que cubre áreas como mercantil, civil y procesal, cuenta en sus filas con casi una veintena de personas. Ha facturado 365.000 euros en 2017

Para este proyecto, entre otros fichajes, el otrora ministro de Justicia 'repescó' a la que fue su jefa de gabinete hasta su salida del ministerio, Cristina Coto. Esta abogada del Estado en excedencia fichó por CMS Albiñana & Suárez de Lezo en diciembre de 2014 como socia de procesal y el año pasado se incorporó al bufete de su antiguo jefe, un proyecto con el que han querido homenajear al padre y al tío del exministro.

Ya en la década de los cincuenta, los hermanos José María (padre del expolítico) y Rafael Ruiz-Gallardón (padre de Ignacio) fueron dos reconocidos profesionales del derecho. Mientras que el primero ejerció la abogacía en Madrid, Rafael destacó como notario, cuerpo en el que ingresó con apenas 25 años.

Años después, el exministro ha querido recuperar la firma familiar de la mano de su hijo y su primo. Una empresa que no ha necesitado el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses al haberse fundado dos años después de su salida del Gobierno. Si hubiese querido ejercer antes, habría necesitado luz verde del citado organismo.

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Y de telón de fondo, la imputación del exministro en el caso Lezo, cuya defensa llevan en el propio despacho. En los primeros compases del año, el exministro fue citado a declarar como investigado por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. En aquel año, el expolítico era presidente de la Comunidad de Madrid.

En sus comparecencias ante el juez, Ruiz-Gallardón ha defendido que la operación (valorada en 83 millones de euros) fue legal y que reportó grandes beneficios para los madrileños, amén de rechazar el cobro de ninguna comisión. Por su parte, la Fiscalía cree que Inassa se compró por un precio excesivamente alto, en unas condiciones perjudiciales para el Canal y que la compra fue vehiculada a través de una estructura societaria panameña.