España ya ha enterrado 80 millones en el almacén nuclear que suspende el Gobierno

El almacén nuclear de Villar de Cañas, cuya tramitación acaba de ser suspendida por el Gobierno, no saldrá gratis. Pese a que no ha comenzado ni los cimientos, Enresa, la empresa pública encargada de la construcción, ya ha gastado 80 millones de euros en el proyecto, según la información recopilada por El Confidencial de la Plataforma de Contratación del Estado. Los gastos incluyen mejoras de carreteras, estudios geológicos, contratos de consultoría, subvenciones a los ayuntamientos, obras en cementerios en la zona de Cuenca y hasta una maqueta de 45.750 euros. La suspensión, adelantada ayer por 'El País', deja a unos cuantos empresarios colgados de la brocha, aunque el alcalde, José Saiz (PP), confía en que sea temporal.

El Ministerio de Transición Ecológica ha ordenado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que suspenda la tramitación del almacén nuclear. Se trata de una obra que impulsó el Gobierno del PSOE: comenzó con José Montilla como ministro y la continuó Miguel Sebastián. Al final, el Gobierno de Zapatero no llegó a elegir emplazamiento y lo hizo el de Rajoy en diciembre de 2011, nada más llegar al poder. El lugar elegido fue Villar de Cañas (Cuenca), que aparecía entre los posibles emplazamientos de los expertos del Gobierno del PSOE. La decisión fue política, basada en que entonces era presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Copsedal, también secretaria general del PP y la única presidenta autonómica que aceptaba la obra. La inversión prevista era de 700 millones, aunque rápidamente la cifra se redondeó al alza hasta los 1.000.

Pero los años fueron pasando y el emplazamiento resultó no ser el mejor por la existencia de yesos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, entonces consejera del CSN, pidió en un voto particular que se paralizase el proceso, aunque señalaba que el almacén nuclear era necesario. Es lo que ha hecho ahora Teresa Ribera. El pleno del CSN reunido ayer trató el asunto, aunque no estaba en el orden del día. El Ejecutivo suspende la tramitación hasta que establezca una estrategia energética y decida qué hacer con las nucleares, cuál es el calendario de cierre, cuántos residuos nucleares producirán y si es mejor un único almacén (como pidió el Congreso por unanimidad en 2004) o pequeños almacenes en cada central. El plan general de residuos radiactivos vigente fue aprobado en 2006 y no ha sido actualizado.

Que en el terreno donde va el almacén solo haya una valla y un cartel anunciando la próxima construcción no implica que no haya costado dinero. Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares, ha regado la zona de dinero. Desde 2012, se ha gastado 79,5 millones de euros de dinero público en el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas. Los gastos incluyen 55,4 millones en contratos y 24 millones en convenios con los ayuntamientos, la Diputación provincial y el Gobierno regional.

El análisis de los contratos adjudicados demuestra cómo la obra ha ido perdiendo fuelle. En 2012, Enresa adjudicó 28,4 millones en contratos, 10 millones en 2013 y solo 599.000 euros en 2016. La cifra remontó algo el año pasado y llegó a los 2,44 millones. En total, ya se han adjudicado 54 contratos. Además, hay siete grandes contratos que suman 248,6 millones y que llevan años en evaluación sin haber sido adjudicados. Se trata de los primeros grandes contratos de diseño y obra del ATC. El mayor de ellos, el de la primera fase de la obra, permanece en licitación por casi 218 millones de euros.

Además de los contratos directos, Enresa ha firmado un convenio con la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha por importe de 18,85 millones para el acondicionamiento de las carreteras del entorno, y otros cinco millones con la Diputación provincial para mejorar la red de abastecimiento, caminos y otras obras que los ayuntamientos han considerado necesarias. Además, la empresa pública ha firmado 10 acuerdos con otros tantos ayuntamientos que han servido para la "pavimentación del cementerio de Montalbanejo", "la reparación de la piscina en Villarejo de Fuentes", "la rehabilitación del centro multifuncional para asociaciones de Montalbo" y hasta ha dado manos de pintura en colegios públicos. Todos los pueblos nucleares reciben compensaciones económicas por los residuos nucleares.

El ATC lleva un centro tecnológico asociado cuyo proyecto de construcción y servicios de ingeniería ha costado casi 7,5 millones. El centro está cerrado y vigilado por una empresa de seguridad. Frente a una rotonda recién construida, tiene una señal que indica el ATC pero que en realidad apunta a ninguna parte. El centro, eso sí, cuenta ya que con una "maqueta ATC con proyección audiovisual multimedia 3D" que costó 45.750 euros.

Los problemas con el subsuelo también han consumido dinero. El contrato de "caracterización geotécnica dinámica para los estudios de interacción terreno-estructura de la instalación nuclear y complemento del análisis hidrogeológico en el Almacén Temporal Centralizado" fue adjudicado por 893.000 euros.

Las obras incluyen "pavimentación del cementerio", "reparación de piscinas" y mejoras en colegios

En el Ayuntamiento de Villar de Cañas, gobernado con mayoría absoluta por el PP, la decisión cayó como un jarro de agua fría, aunque la versión oficial es que esto es solo un retraso, que por la ley de la gravedad España tendrá que construir un único almacén nuclear y que cuando eso se decida ya no podrá ser en otro sitio más que en Cuenca. El alcalde, José Saiz, explicó por teléfono: "Lo esperábamos. El ATC se va a hacer, pero peleamos con lo que peleamos y sabíamos que iba a pasar. Espero que cuando la ministra se siente con los técnicos entre en razón. Aquí están los terrenos y está todo". Los principales perjudicados son los empresarios que han ampliado bares, los ingenieros que se mudaron allí y quien compró terrenos y que ahora no tiene perspectivas.

"La decisión del nuevo Gobierno de España es coherente con lo que desde un principio hemos defendido desde Castilla-La Mancha: evitar un atropello a nuestra tierra", declaró el presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page.

Enresa maneja un fondo que durante años alimentaron los contribuyentes en el recibo de la luz pero que desde hace años pagan las eléctricas. Aun así, el fondo acumulado no será suficiente para pagar el desmantelamiento de las nucleares y hay un agujero de 3.000 millones si las centrales cierran al cumplir los 40 años de vida. Esa estimación es la que maneja el sector. La construcción de almacenes individuales en cada central siempre se ha considerado más cara, aunque ya tienen estos almacenes centrales en Trillo, Zorita y Vandellòs, y lo están construyendo Garoña y Almaraz.