Crisis bancaria en Andorra

Un juez ordena a Estados Unidos que facilite desclasificar documentos del caso BPA

Tras la nueva resolución legal, el FinCen tendrá que ser mucho más estricto a la hora de alegar excepciones legales que le permitan hurtar a la defensa de los Cierco documentación

Foto: Una mujer pasa por delante de una oficina de Banca Privada d'Andorra. (Reuters)
Una mujer pasa por delante de una oficina de Banca Privada d'Andorra. (Reuters)

Un juez de Estados Unidos ha dictado que se facilite la desclasificación de los documentos, correos electrónicos y declaraciones en las que se basó el FinCen para actuar contra el banco andorrano BPA. El FinCem es una sección del Departamento del Tesoro del Gobierno estadounidense que lucha contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. Los hermanos Cierco, accionistas de BPA, tras la expropiación del banco en 2015 iniciaron una batalla legal doble, una en Estados Unidos y otra en Andorra.

En el caso de Andorra, el juicio se encuentra paralizado. Pero en Estados Unidos el proceso sigue, y se están produciendo novedades. Hasta ahora, en FinCen estaban alegando determinadas reservas legales para no entregar a los demandantes el material en que se habían basado en el Departamento del Tesoro para forzar el bloqueo de las cuentas de los agentes internacionales de BPA, que dejó al banco sin liquidez y que puso al borde del desastre a todo el sistema financiero del Principado. También tuvo impacto en España, donde supuso la caída del Banco de Madrid.

En concreto, en el proceso legal ya se habían desclasificado algunos documentos, como el que desvelaba que ocho meses antes ya se había advertido al Gobierno andorrano de malas prácticas del sistema. Sin embargo, gran parte de los documentos demandados siguen clasificados como material sensible por parte del Departamento del Tesoro.

Ahora, tras la nueva resolución legal, el FinCen tendrá que ser mucho más estricto a la hora de alegar excepciones legales que le permitan hurtar a la defensa de los Cierco documentación y testimonios, según apuntan fuentes jurídicas cercanas al pleito en Estados Unidos.

A partir de este momento, el FinCen deberá justificar con el máximo detalle la negativa a la desclasificación de los documentos clave de la intervención de BPA.

En su parte dispositiva, el fallo marca que, como se establece en esta orden, el Tribunal necesita información adicional para evaluar si los demandados llevaron a cabo una búsqueda adecuada y se basaron adecuadamente en las exenciones previstas para retener registros relevantes.

Incluso se marcan fechas. Antes del 30 de julio, tienen que estar disponibles algunos testimonios de testigos clave en los que se basó la acusación que el FinCen hizo pública contra BPA.

Cronograma

También se ha ordenado a las partes, lo que también incluye al Departamento del Tesoro, que antes del próximo 10 de agosto se entregue un cronograma concertado para futuros procedimientos en el proceso legal en curso.

Los Cierco están reclamando a Andorra 300 millones para que les compense por la expropiación del banco, tanto como el Presupuesto nacional

Los Cierco están utilizando su proceso legal en Estados Unidos como una de las patas de su reclamación al Gobierno de Andorra. Aspiran a conseguir una indemnización por la expropiación de 300 millones de euros. En lógica, debería pagar el Gobierno de Andorra, pero el pequeño país apenas tiene esa suma para su presupuesto nacional. Parece muy poco probable que la compensación pueda salir de las arcas andorranas.

Sin cargos

En Andorra no hay cargos contra los Cierco. El máximo directivo acusado es el consejero delegado de BPA Joan Pau Miquel. La evolución del caso en Estados Unidos y la desclasificación de documentos en ese país pueden servir para aportar pruebas en el proceso andorrano y que la Justicia se acabe decantando por uno de los dos lados.

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