escándalo en la capital

Las sombras del proyecto MadBeach: prisas, falta de transparencia y un pelotazo privado

La propuesta de crear una playa urbana en la plaza de Colón ha desatado la polémica tanto por cómo se está tramitando como por los plazos y los interrogantes respecto al promotor privado

Foto: Proyección de MadBeach en la madrileña plaza de Colón.
Proyección de MadBeach en la madrileña plaza de Colón.

No es cuestión de colores ni de ideologías, sino de evitar pelotazos y garantizar la total transparencia. Esta es la máxima que rige en la mancomunidad de propietarios de Goya 5 y 7 y Hermosilla 4 y 6, dos de las calles más importantes del barrio de Salamanca, que, por segunda vez en apenas cuatro años, han visto cómo se han intentado cambiar las reglas de juego en la plaza de Colón. Y, por segunda vez, han puesto en evidencia los dos proyectos tramitados en el consistorio.

La primera fue en el verano de 2014, cuando el equipo entonces dirigido por Ana Botella aprobó inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la plaza Margaret Thatcher, ubicada en la esquina de Colón con Goya, que, entre otros aspectos, permitía aumentar la edificabilidad de la sede del desaparecido Banco Madrid, ganando dos nuevas alturas.

La segunda, hace apenas 10 días, cuando los vecinos recibieron una resolución de la secretaría técnica en la que se les comunicaba la solicitud presentada para implantar, en los Jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón, el proyecto MadBeach, una playa urbana con piscina de olas, pistas de voley playa, cabañas de madera, chiringuitos y hamacas, que pretendía abrirse del 1 de julio al 31 de agosto.

En sendas ocasiones, estos proyectos se han lanzado en pleno verano, con unos polémicos plazos y beneficiando a iniciativas privadas. Hace cuatro años, el consistorio firmó la aprobación inicial un vacacional 30 de julio; en esta ocasión, ha entregado la comunicación a los vecinos apenas dos semanas antes de la fecha prevista de arranque, tras publicarse en los medios e incumpliendo el plazo de alegaciones si se quería abrir MadBeach el 1 de julio.

Así se lo han hecho saber al consistorio los vecinos en un escrito en el que, entre otros puntos, destacan que la mancomunidad, a pesar de ser parte interesada, no ha sido emplazada por el ayuntamiento ni ha tenido vista completa de los expedientes, una falta de transparencia que algunos afectados de la zona consultados por este medio no solo critican sino que también les despierta todo tipo de sospechas.

Los vecinos y comerciantes afectados se han enterado del proyecto que tramita el ayuntamiento por la prensa, antes que por el propio consistorio

Estas ganan cuerpo cuando se comprueba que tras la entidad promotora, The Ant Company, se encuentra un entramado societario sin experiencia en este tipo de trabajos y con unos números, tanto patrimoniales como de negocio, que convierten MadBeach en un auténtico pelotazo para sus cuentas.

Desde el ayuntamiento reconocen que se trata de una iniciativa privada y que "como toda petición 'a priori' con interés para la ciudadanía, se están llevando a cabo todos los protocolos necesarios de estudio para evaluar la viabilidad o no del proyecto", sin aclarar cuál es el tiempo medio de tramitación que necesita un proyecto de este tipo, plazos que permitirían despejar rumores y aclarar si existe alguna opción de que pueda instalarse este verano.

Los interrogantes del promotor

Entre los aspectos que el consistorio sí reconoce valorar a la hora de dar luz verde a una iniciativa de este tipo figura la solvencia económica del promotor, la cual ha sido puesta en duda en el escrito de alegaciones de los vecinos. Según la información recabada por la mancomunidad, detrás de The Ant Company está la sociedad Pescando Sueños SL, cuyo capital social apenas asciende a 3.010 euros y que tiene dos embargos del propio ayuntamiento, cuyo pago desconocen si se ha hecho efectivo.

Suma y sigue, porque el informe presentado por el promotor privado el pasado 21 de mayo recoge que prevé abordar el proyecto a través de la empresa Comanchería Inversiones, constituida hace un año para "la prestación de servicios de realización y producción de obras audiovisuales", que nada tiene que ver con los objetivos de MadBeach. De hecho, el pasado 5 de junio, apenas dos semanas antes de anunciar el proyecto, amplió su objeto social para adaptarlo a la organización de este tipo de eventos.

Imagen de la plaza de Colón. Al fondo, la mancomunidad que se ha levantado contra Carmena. (EFE)
Imagen de la plaza de Colón. Al fondo, la mancomunidad que se ha levantado contra Carmena. (EFE)

"Así pues, la empresa Comanchería Inversiones no tiene experiencia alguna en la preparación de eventos ni capital social para responder de nada", señala el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso este medio, en el que también se critica que "en el momento de presentar la propuesta al Ayuntamiento de Madrid, estaba como administrador de Comanchería Inversiones D. Pedro Alonso Suárez, y que firma, y consta en el proyecto su currículum, pero resulta haber cesado como administrador en fecha 14 de junio de 2018".

Una tercera empresa que aparece integrada en la documentación presentada por el promotor, siempre según recoge el escrito de alegaciones, es la firma de artes gráficas Hawork Studio Art, en cuyo haber también cuenta con procedimientos de apremio por deudas con el consistorio, además de no haber depositado las cuentas desde el ejercicio 2014, a pesar de la obligación legal de hacerlo.

En el caso de Pescando Sueños, su último informe de cuentas, correspondiente al año 2016, le otorga una facturación de 762.369 euros, con un beneficio de apenas 18.600 euros; cifras muy alejadas de los 2,08 millones de euros de ingresos previstos en el proyecto de MadBeach, con una ganancia de 249.677 euros. Es decir, que solo este evento permitiría a la empresa promotora casi triplicar sus ingresos y disparar un 1.200% el beneficio.

Para conseguirlo, el promotor privado no ha dudado en solicitar al consistorio la exención de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, que la propia secretaría técnica valora en 188.200 euros, y a la que deberá añadirse el coste posterior de reposición de la plaza a su estado original.

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