¿Por qué el arancel de Trump es un torpedo contra la Política Agraria Común?

El informe definitivo del departamento (ministerio) de Comercio de EEUU, del pasado 11 de junio, del que emana la imposición de un arancel medio del 34% para todas las aceitunas negras españolas que se exporten a ese país, contiene una bomba de relojería para la agricultura europea. La industria aceitunera española, agrupada en la patronal Asemesa, ha sostenido desde que se inició la investigación que imponer aranceles a la exportación de aceituna en gran medida por las ayudas que reciben los olivicultores es un torpedo contra la Política Agraria Común (PAC).

El informe refrenda esta visión: el Gobierno de Trump considera que esas ayudas —las del periodo 2014-2020— sí son en la práctica específicas a sectores o cultivos concretos, pese a que los pagos que reciben los agricultores están oficialmente desacoplados (no relacionados) de la producción concreta. Y por eso, cualquiera de las ayudas agrarias europeas puede ser denunciada como subsidio por cualquier empresa agroalimentaria estadounidense, no solo las aceituneras de California. ¿En qué se basa EEUU?

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Carlos Pizá. Sevilla

El Gobierno estadounidense echa la vista atrás y analiza cómo fueron los sistemas previos a la PAC hoy en vigor, y cómo esos sistemas previos han determinado el volumen y destino de las ayudas agrarias de la actual política común. Esos sistemas fueron dos: la Organización Común del Mercado (OCM) de Aceites y Grasas, y el sistema de Pago Único que antecedió al actual sistema de Pago Básico más un pago por prácticas de respeto medioambiental (Greening). La OCM, recuerda el informe estadounidense, recogía unas ayudas específicas a los olivicultores y diferenciaba entre aceitunas destinadas a producir aceite y las orientadas a consumirse como 'de mesa'. EEUU asegura que la OCM "conforma la base para determinar la cantidad de ayuda a recibir por los olivicultores en sus programas sucesores" y por tanto estos mantienen "de iure" la especifidad de las ayudas aunque sobre el papel estén hoy desacopladas.

Así, los derechos que en concreto los olivicultores españoles pasaron a poseer una vez se cambió el sistema de OCM al de Pago Único se calcularon sobre la base de qué pagos previos recibieron los productores entre 1999 y 2002 (cuando la OCM estuvo en vigor). "Los beneficios que proporciona el sistema de Pago Único retuvieron de iure la especificidad inherente a la OCM". A su vez, esa misma 'sucesión' se produjo entre el Pago Único y el Pago Básico+Greening. ¿Por qué?

Ese sistema de pago básico hoy en vigor se implementó en España dividiendo el país en 50 zonas utilizando para ello datos del sistema anterior: volumen de hectáreas, tipo de cultivo y volumen de producción entre 1999 y 2002. Así se facilitaba la distribución de los pagos, bajo el sistema que hoy funciona. Pero, una vez más recalca el informe americano, los derechos de pago con que contaban los agricultores incluidos en cada una se esas 50 zonas en el sistema anterior se usaron como base para implementar el nuevo. En concreto, sobre la base del año 2013. Así pues, bajo la óptica estadounidense, el sistema de pago básico más el ecológico (greening) vigente en 2016 (año que ha sido objeto de análisis para determinar los aranceles) retiene la especificidad ya presente en la OCM y el sistema de pago único.

Los préstamos del ICO o el CDTI, en el foco

Igualmente, el Pilar II de la PAC, Desarrollo Rural (el primero es el citado del Pago Básico más el ecológico) es considerado por EEUU como proveedor de ayudas específicas a los olivicultores. Pese a que está destinado a apoyar inversiones de empresas en áreas rurales, EEUU identifica líneas de trabajo concretas de este Pilar II destinadas a mejorar la competitividad del olivar o, por ejemplo, a mejorar el procesamiento, marketing o desarrollo de nuevos productos en los sectores de aceite y aceituna de mesa. A ello se añade el subprograma específico de la Junta de Andalucía destinado a mejorar la competitividad del sector olivarero, subprograma que es la traslación a Andalucía de parte de los fondos que dotan ese Pilar II.

Además de todo ello, los préstamos recibidos por alguna de las tres empresas investigadas (Agro Sevilla, Ángel Camacho y Aceitunas Guadalquivir) de los entes públicos ICO y CDTI también han sido tenidos en cuenta para determinar los aranceles antisubvenciones —parte del arancel del 34% procede de la investigación 'antidumping' y otra parte de la antisubvenciones—. El departamento de Comercio dice que los beneficiarios de esos préstamos han podido disfrutar de un tipo de interés más bajo que el del mercado gracias al respaldo del Gobierno de España al ICO. Que el ICO se financie en los mercados de crédito internacionales y que sus créditos sean concedidos con la intermediación de bancos privados, como alegó España, no hace a EEUU cambiar su opinión.

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También cree el Gobierno de Trump que los créditos e incentivos del ente público de apoyo a la I+D, CDTI, pueden ser considerados como una ayuda específica para la exportación. Y ello porque, aunque entre los cinco criterios básicos que debe cumplir el solicitante de una ayuda no hay ninguno referido a exportación, en la evaluación posterior una vez cumplidos esos cinco sí se evalúa la exportación. El departamento de Comercio se retrotrae a 1986, al Real Decreto con el que se creó el CDTI, para recoger que entre los objetivos de los productos o innovaciones que se desarrollen con sus fondos estará su comercialización en los mercados exteriores.

La OMC "no puede cambiar la ley de EEUU"

Llama la atención igualmente el tono en que la administración Trump se refiere a la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo ante el que la Comisión Europea ya ha denunciado los aranceles al acero y el aluminio europeos impuestos a inicios de junio. Y donde los aceituneros españoles quieren que Bruselas denuncie también los suyos. El ministerio de Comercio se enroca diciendo que ha llevado a cabo la investigación sobre la aceituna española de acuerdo a una ley de 1930 (Tariff Act) y que sus regulaciones arancelarias son congruentes con sus obligaciones ante la OMC. Esa ley y esas regulaciones "son las que tiene un efecto directo bajo la legislación americana, y no los acuerdos o informes de la OMC. Los informes de la OMC no tiene ningún poder para cambiar la ley estadounidense u ordenar cambiarla".

Palabras muy duras con las que el informe responde, negativamente, a la petición de una investigación concreta sobre cómo unas ayudas recibidas por productores llegan a beneficiar a empresas exportadoras que nada tienen que ver con ellos (excepto en el caso de Agro Sevilla, integrada por una decena de cooperativas de primer grado de olivareros andaluces). EEUU se niega a hacer una investigación así y considera que, de acuerdo a su ley de 1930, no es relevante para determinar si las tres empresas investigadas se vieron beneficiadas por los subsidios recibidos por los olivicultores que les proveen.