El nuevo Gobierno 'se come' su primer laudo contra España por los recortes renovables

El nuevo equipo del Ministerio de Transición Ecológica acaba de recibir la bienvenida del Ciadi del Banco Mundial, el organismo en el que se dirimen la mayoría de reclamaciones contra España por los recortes a las renovables. Según fuentes del sector, el Ciadi acaba de dictar otro laudo contra España, esta vez a favor del fondo de inversión Antin, que compró en España dos plantas termosolares y reclamaba 238 millones de euros por los recortes de primas aprobados por el Ejecutivo del PP. Sin embargo, no recibirá el total de la cuantía sino 112 millones. España ya ha perdido cuatro de estos arbitrajes que suman 357 millones de euros después de ganar los dos primeros. El problema pasa ahora por ver cómo se ejecutan los fallos, pues España se escuda en que la Justcia europea no reconoce este tipo de arbitrajes.

España ya ha visto solventados seis arbitrajes internacionales de los más de 40 que plantearon inversores internacionales contra los sucesivos recortes de primas a las renovables. Los dos primeros, planteados por Isolux, fueron a favor de España. Pero, después, los fondos Eiser, Novaenergía y Masdar (propiedad del emirato de Abu Dabi) ganaron su reclamación. Antes del de Antin, los laudos contra España sumaban 245,8 millones de euros en indemnizaciones. Los fondos se escudaban en la Carta de la Energía, un tratado internacional de los años noventa que garantiza las inversiones internacionales en esta materia. Los inversores nacionales perdieron en los tribunales españoles, pero unos 40 extranjeros acudieron a estos arbitrajes, principalmente en el Ciadi, pero también en la Cámara de Comercio de Estocolmo y en Uncitral. Allí reclamaban unos 7.500 millones de euros.

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El de Antin es otro varapalo contra España. Fuentes del sector explican que el laudo acaba de ser notificado pero se mantiene confidencial. España está defendida por la Abogacía del Estado, que el lunes no quiso hacer comentarios. El fondo está representado por Allen Overy, el despacho que más casos lleva, que tampoco quiso dar su versión. El laudo es unánime, lo que tiene importancia porque uno de los tres árbitros es designado por España.

Inicialmente, Antin reclamaba 238 millones aunque rebajó la petición a 218 millones. El tribunal les otorga 112 millones, porque considera que los recortes anteriores a 2014 (límite de horas, restricciones en el uso del gas y otros recortes) no son sustanciales y sí compatibles con el Tratado de la Energía. También acepta el impuesto del 7% a la producción eléctrica.

España ya ha perdido cuatro de estos arbitrajes que suman 357 millones después de ganar los dos primeros

El tribunal condena a España a pagar el 60% de las costas del tribunal (unos 600.000 euros) más el 60% de la defensa de los demandantes, unos 2,5 millones de libras (unos 2,8 millones de euros). Las cifras además se actualizan con suculentos intereses. El conflicto de los abritrajes ha generado una industria de abogados, peritos, consultores...

Antin, un fondo de inversión con intereses en el sector energético, reclamó contra España mediante Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar BV, en Holanda. La mayoría de los fondos, pero también empresas españolas como Abengoa o Isolux, usaron estos países para realizar sus inversiones y aprovechar su baja tributación. En 2011, Antin compró a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las acaba de vender a otro fondo, Cubico.

La Justicia sueca ya ha suspendido la ejecución del laudo de Novaenergía siguiendo la directriz del tribunal de la UE

Antin reclamaba 238 millones, siendo el quinto inversor que más dinero pedía a España por los sucesivos recortes a las renovables. Fuentes del sector señalan que el Ciadi ha obligado a indemnizarlo con unos 100 millones de euros. Lo normal es que los árbitros no den toda la reclamación, ya que ha habido distintas reformas. En general, están avalando el impuesto a la generación eléctrica del 7%, al considerar que no es discriminatorio, pero sí anulan los recortes de primas aprobados por el Gobierno del PP, al considerar que fueron un cambio de reglas de juego que minó la "confianza legítima" del inversor.

Las primas a las renovables se desbocaron con la apuesta de Zapatero por ellas, y solo en 2014 los consumidores pagaron 6.500 millones en primas. Primero el PSOE y después del PP realizaron sucesivas reformas para rebajar esa factura, pero los inversores internacionales denunciaron que habían invertido en España con una retribución garantizada y no se podía cambiar. El malestar y la mala imagen internacional de España fueron generales en el sector. "Ni en Bangladesh me han tratado tan mal", le dijo un inversor internacional a un responsable de la época.

España se ha intentado escudar en la Justicia europea para no ejecutar los laudos. El tribunal de la UE anuló arbitrajes como estos entre inversores de estados de la UE. Sin embargo, el Ciadi y la Cámara de Comercio de Estocolmo (los foros en los que se dirimen estas disputas) están manteniendo que son competentes para ver si España ha inclumplido o no el Tratado de la Energía. Por su parte, la Justicia ordinaria europea depende del tribunal de la UE y Suecia ya ha suspendido la ejecución del laudo de Novaenergía. El conflicto internacional va creciendo.