para poder extender su red de transmisión

Telefónica despide a directivos en México por sobornar a alcaldes y gobernadores

La multinacional presidida por José María Álvarez Pallete “ha estado en contacto y cooperando con autoridades gubernamentales en relaciones con estos temas”

Foto:  El presidente del Telefónica, José María Álvarez-Pallete. (EFE)
El presidente del Telefónica, José María Álvarez-Pallete. (EFE)

Telefónica ha decidido despedir a directores de área en México tras detectar que la compañía estaba pagando sobornos a varios administradores públicos para poder instalar torres de transmisión con las que expandir su red de comunicaciones en el país latinoaméricano. Según han confirmado distintas fuentes, la operadora española ha tomado esta medida al recibir denuncias internas sobre actuaciones ilícitas, una corrupción de la que estaba al tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Portavoces oficiales de Telefónica han indicado que “no hacemos comentarios sobre actuaciones en las que estuviéramos colaborando con autoridades de cualquier país”. Una explicación que remite a la auditoria anual del grupo, donde reconoce que “está llevando a cabo unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción”. En este sentido, la multinacional presidida por José María Álvarez Pallete añade que “ha estado en contacto y cooperando con autoridades gubernamentales en relaciones con estos temas”.

Según las mismas fuentes, uno de los países donde Telefónica había detectado actuaciones reprobables era México, su segundo mercado de Latinoamérica donde la compañía española siempre ha tenido muchos problemas para competir en lo que califican de inferioridad de condiciones contra la estadounidense AT&T y la mexicana América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim. Hasta el punto de que, primero César Alierta, y ahora José María Alvárez-Pallete, se han replanteado su permanencia en la primera economía del continente.

La investigación ha descubierto que, con el objetivo de arañar cuota a estas empresas, directivos de Telefónica pagaban sobornos a alcaldes y gobernadores de varios estados de México para poder instalar sus torres de transmisión. Una infraestructura necesaria para poder llegar a un número mayor de clientes y hacer frente a sus principales competidores. A cambio del pago de una comisión, obtenían la licencia. Otras fuentes indican que el fraude partía de las autoridades locales, que pedían a la empresa que pasara por caja de forma ilegal para poder levantar sus postes en sus territorios.

En noviembre del pasado año, el regulador mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, impuso una tarifa a Telefónica por el uso de la red móvil de América Móvil después de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Una decisión por la que la española debía de pagar 0,03 pesos mexicanos por cada minuto de llamada.

Sede de Telefónica en Madrid. (Telefónica)
Sede de Telefónica en Madrid. (Telefónica)

Un código riguroso

Telefónica ha declinado concretar los responsables de esta caso de corrupción, cuyo cierre ha sido ya comunicado a la SEC estadounidense. El presidente de la filial mexicana es Carlos Morales Paulín, que en junio de 2016, a los dos meses del nombramiento como presidente de Pallete en sustitución de César Alierta, reemplazó a Francisco Gil Díaz en el país latinoamericano. La investigación se inició a mediados de 2015 y ahora se ha dado por concluida sin especificar las sanciones aplicadas. El grupo tiene 25,88 millones de clientes en el país, donde factura 1.300 millones al año.

Precisamente, el consejo de administración de Telefónica aprobó el 16 de diciembre de 2015 una política anticorrupción para asegurarse del comportamiento ético de sus consejeros, ejecutivos y empleados en cualquier parte del mundo. “Esta política establece pautas de comportamiento respecto a la aceptación u ofrecimiento de regalos o invitaciones, prohibiendo cualquier tipo de soborno”, asegura el documento, en el que se especifica que “no se permite prometer, ofrecer o dar cualquier beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, de forma directa o indirecta (a través de un tercero) con el fin de influir en decisiones de cualquier tipo (incluidas las gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener ventajas indebidas para la compañía”.

El código establece que sus empleados no podrán entregar nada de valor tangible o intangible "a cualquier funcionario público o electo, agente, empleado o persona que actúe en nombre de un gobierno nacional, provincial o local, departamento, agencia, organismo, compañía de propiedad o control estatal, organización pública internacional, partido político o entidad que es financiada mayoritariamente por fondos públicos".

A modo de ejemplo, Telefónica incluye emisores de permisos gubernamentales, aprobaciones o licencias (ya sea a nivel internacional, nacional, regional, municipal, etc.), autoridades aeroportuarias, empleados y directivos de empresas de propiedad estatal, aduanas, agentes de inmigración o tributarios, o ministros o representantes de gobiernos nacionales o extranjeros.

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