El cambio en Moncloa frena la ley contra el blanqueo que atemoriza a bancos y políticos

El repentino cambio de Gobierno ha dejado en el aire varias propuestas económicas en tramitación por parte del equipo de Mariano Rajoy, que ahora quedan en el limbo. Una de ellas es la ley contra la morosidad, que ha quedado pendiente en el Senado y que incluía sanciones para las empresas del Ibex 35, y otra la nueva norma contra la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que suponía una vuelta de tuerca contra los sistemas de riesgo de la banca.

El anteproyecto de ley fue aprobado por el consejo de ministros dirigido por Rajoy el pasado mes de febrero, cuando Luis de Guindos era todavía era ministro de Economía. La semana pasada, Alfredo González-Panizo, subsecretario de Estado de Economía, Industria y Competitividad, aseguró que la nueva regulación, ya desarrollada, estaba a punto de ver la luz y ser sancionada por el Consejo de Ministros esta semana. Pero ahora, con la llegada de Pedro Sánchez, la redacción de la nueva ley se paraliza a la espera de las decisión que adopte la nueva ministra, Nadia Calviño.

Las nuevas exigencias contra el blanqueo de capitales, impuestas por la Comisión Europea, que ya tiró de las orejas al Ejecutivo de Rajoy por su lentitud al trasponer la directiva comunitaria, afectaban a la banca, a los partidos políticos, al negocio del alquiler de vivienda y a las plataformas de financiación participativa o 'crowdfunding'. El objetivo final era evitar que grandes fortunas nacionales, y sobre todo extranjeras, aprovecharan las debilidades del sistema financiero español para blanquear dinero de operaciones ilícitas.

Un problema que afectaba con más frecuencia a la credibilidad de la banca y del Gobierno tras la imputación de CaixaBank por el caso de las mafias chinas y las numerosas denuncias contra millonarios latinoamericanos, especialmente venezolanos, que han traído dinero de su país de origen desconocido para depositarlo en entidades nacionales.

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El anteproyecto de ley establecía que las entidades sujetas a la norma (bancos, aseguradoras, despachos de abogados, entre otras) deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) contaría con un sistema para recibir y canalizar denuncias. Asimismo, la norma reforzaba los controles para personas con responsabilidad pública ('politically exposed people' o PEP), que en la actualidad incluye las de comunidades autónomas y entidades locales.

Más sanciones tras el caso Zaplana

De esta manera, se equiparaba el control de las personas con responsabilidad pública nacionales, cuya intensidad hasta ahora se determinaba caso por caso, a las extranjeras, que están sometidas a especial seguimiento de manera general (conocimiento del origen de los fondos del cliente, análisis más intenso de la operativa que realiza y la revisión anual de la información y la documentación que maneja). Un asunto que iba a llegar justo después de la detención por blanqueo de capitales de Eduardo Zaplana, ministro con José María Aznar y directivo de Telefónica.

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El régimen sancionador por incumplimiento de la normativa de prevención es otro de los puntos que se modificaban con el anteproyecto. Las multas máximas pasaban del 5% del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio consolidado del grupo.

Por último, se creaba un registro de prestadores de servicios a sociedades, que contendría a aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de domicilio, entre otras. Y se modificaba el contenido del Fichero de Titularidades Financieras, creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.