Los súper dan la espalda al código de buenas prácticas pese al anzuelo de Tejerina

Carrefour, Hipercor, Eroski, DIA, Alcampo, Lidl o Aldi todavía no están entre las 114 empresas suscritas al código de buenas prácticas mercantiles en contratación alimentaria, un acuerdo publicado en 2015 por el que productores, transformadores, intermediarios y supermercados se comprometen a respetar los principios de equilibrio, justa reprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia. Ahora se exponen a un tirón de orejas por parte de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

La distribución es uno de los sectores menos representados en este código de adhesión voluntaria pese a su posición clave en la cadena de valor, pues tan solo hay dos cadenas de supermercados (Mercadona y Consum) y una patronal (Asedas) entre los suscritos. La Dirección General de Industria Alimentaria, dependiente de Agricultura, ha iniciado una campaña para convencer vía folletos a todas las empresas o asociaciones que siguen mirando para otro lado tres años después de la firma del acuerdo.

No son pocas. Entre las reacias a sumarse destacan fabricantes de la talla de Coca-Cola, El Pozo, Ferrero, Mahou, Danone, Lactalis, Ebro Foods, Deoleo o Mondelez, sin contar con la negativa de patronales como Aecoc, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES). “Respaldamos plenamente la aplicación del código para todo el sector productor y pymes, pero no para las relaciones entre grandes grupos industriales y distribuidores, ya que puede generar disfunciones”, justificaron Anged y ACES en un comunicado conjunto.

En su opinión, la capacidad negociadora de las grandes empresas alimentarias es incluso superior a la de los supermercados, por lo que “no existe tal desequilibrio” en esa parte de la cadena. En contraste con esta visión, el director de la patronal de supermercados Asedas defiende que el código es un instrumento de autorregulación muy útil para identificar problemas, aportar soluciones y conseguir una mayor transparencia, eficiencia y justicia en las relaciones. “Abre un nuevo y poderoso ámbito de solución de controversias sin precedentes en nuestro país”, zanja Ignacio García Magarzo.

Los conflictos pueden ir desde la ausencia de contratos por escrito a la modificación unilateral de precios o calidad de los productos, los retrasos en el periodo medio de pago a proveedores o la presión de los grandes fabricantes para que los súper referencien sus innovaciones. En caso de que ambas partes no se pongan de acuerdo en el plazo de un mes, deberán acudir a una corte de arbitraje con potestad para expulsar al que no cumple.

¿A qué viene esta campaña ahora?

Tejerina sabe que es un momento propicio para reimpulsar una iniciativa que coloca a España en una posición ventajosa. El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, presentó una propuesta en abril para legislar contra las prácticas comerciales desleales en Europa y así prohibir las cancelaciones de última hora o los cambios unilaterales en los contratos, entre otros. Si sale adelante, la directiva obligará a los estados miembros a designar una autoridad pública para vigilar y sancionar las infracciones.

El Ministerio de Agricultura quiere poner en valor los avances de nuestro país en esta materia y demostrar así a Bruselas que ya hizo los deberes. De ahí vienen unos folletos que, bajo el nombre de ‘Un código, 10 razones para sumarte’, intentan seducir a las empresas indecisas para que estampen su sello. “Es una gran oportunidad para corregir los problemas del sector. Los inscritos podrán usar un logo con la mención de ‘acogido’, contarán con una mediación específica y su adhesión se tendrá en cuenta a la hora de otorgar ayudas y subvenciones”, reza el tríptico.

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Las empresas, por ahora, no parecen demasiado convencidas. “Este código impone el sometimiento en el caso de discrepancias al arbitraje o a la mediación y excluye la vía judicial, que es la que tenemos referenciada para aportar seguridad jurídica a nuestros accionistas”, argumentan desde DIA. Carrefour nos remite a la postura de Anged, Lidl hace lo propio con ACES y el resto de cadenas de supermercados no responden a la solicitud de este periódico.

En cuanto a fabricantes, Ferrero, Mondelez (Oreo, Milka, Chips Ahoy), Coca-Cola, El Pozo, Mahou, Danone o Lactalis (Puleva) tampoco han contestado. Sí lo ha hecho la empresa láctea Kaiku, quien considera que ya cumple el código, como también defienden la chocolatera Natra o Heineken: “Reconocemos el esfuerzo que supone ese documento y nos gustaría corresponder participando. Tomaremos decisiones en ese sentido pronto”, sostienen fuentes de la cervecera. Idilia Foods (Colacao, Nocilla) asegura que ya está en trámites para adherirse, la Asociación Española del Dulce (Produlce) lo está valorando y Ebro Foods (Arroz SOS, Brillante, La Fallera) lo descarta porque no está en su lista de prioridades.

Quizá todas empiecen a concienciarse cuando Bruselas dé luz verde a una directiva que, sin duda, traerá cola en determinados sectores y contará con una fuerte oposición en países como Alemania, uno de los más reticentes a este tipo de iniciativas.