Serra, Acebes y Villar Mir salvan sus consejos en el Ibex pese a estar imputados

Estar imputado en dos de los mayores casos de corrupción que investiga la Audiencia Nacional por presunta malversación de fondos públicos no afecta a la reputación de una empresa cotizada. Esta es la conclusión a la que ha llegado la comisión de nombramientos del Banco Santander, cuyo consejo de administración ha considerado insuficientes estas acusaciones para prescindir de Juan Miguel Villar Mir, que a principios de febrero fue acusado por haber pagado presuntamente sobornos en los casos Púnica y Lezo. Lo mismo opinan en Telefónica e Iberdrola sobre Narcís Serra y Ángel Acebes.

Fuentes próximas a la entidad han confirmado que el Banco Santander no va a adoptar ninguna medida coercitiva con el presidente de honor de OHL en estos momentos hasta conocer cómo evolucionan las investigaciones del juez Manuel García Castellón. El titular de la Audiencia Nacional acusa al octogenario empresario, junto con su yerno Javier López Madrid, de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias, pero la comisión de nombramientos estima que no perjudican el crédito moral y ético del banco.

Villar Mir se incorporó al consejo del Santander en 2013 cuando OHL compró una participación del 0,24% del capital. Una inversión que tuvo que deshacer dos años después por los problemas financieros de la familia constructora, obligada por los acreedores a repagar la deuda con rapidez. Pero el ingeniero de Caminos y Puertos continuó como independiente como miembro de su órgano de gobierno. Su mandato vence en marzo de 2019 y Ana Botín ha decidido mantenerlo pese a las dos nuevas imputaciones que caen sobre su persona desde principios de febrero.

Desde el banco se considera precipitado tomar esa decisión en contra de su consejero porque el caso Son Espasses acabó con la exoneración de culpas

Desde el banco se considera precipitado tomar ninguna decisión en contra de su consejero porque el caso Son Espasses, en el que Villar Mir también estuvo imputado, acabó con la exoneración de responsabilidades del octogenario constructor el verano pasado. Una teoría que también ha aplicado a Javier Benjumea Cabeza de Vaca, acusado de blanqueo de capitales a raíz de la investigación en torno al caso de corrupción conocido como lista Falciani, en el que estuvo implicado Banco Santander durante la presidencia de Emilio Botín.

Según distintas fuentes, Villar Mir ha puesto su cargo a disposición de la entidad financiera, cumpliendo uno de los estatutos de la institución, según el cual "los consejeros deberán comunicar al consejo cuanto antes aquellas circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, las causas penales en las que aparezcan como imputados". Unos procesos que posteriormente son estudiados por la comisión de nombramientos, el órgano que, si lo cree conveniente, puede forzar la dimisión.

Históricamente, Banco Santander siempre ha protegido a sus ejecutivos o consejeros que se han visto envueltos en acusaciones de corrupción o causas judiciales relevantes, como ocurrió con Alfredo Sáenz. El que fuera vicepresidente de la entidad fue mantenido en el cargo pese a ser condenado a varios meses de cárcel por el caso de una denuncia falsa que tuvo su origen en 1994. Solo abandonó la entidad después de que, en 2013, el Tribunal Supremo anulase un indulto que le había sido concedido por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en el último consejo de ministros antes de disolver las Cortes.

Pese a los intentos de Emilio Botín por evitar su marcha —"tengo informes terminantes que garantizan su continuidad", llegó a decir—, el Banco de España forzó su dimisión por criterios de honorabilidad al tener una condena en firme. Es lo que ahora espera el Santander antes de pronunciarse sobre Villar Mir, al que no quiere afear su currículo a menos de 12 meses para que venza su mandato como consejero. Por tanto, presumiblemente, se irá el próximo año por agotar su periodo, pero no por estar imputado.

Dos exministros

Telefónica también ha decidido esperar la resolución de la reciente imputación de Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González y miembro del consejo de Telefónica Brasil. La operadora no ha tomado todavía ninguna medida contra el expolítico, pese a estar acusado de administración desleal y apropiación indebida en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas por una filial de CatalunyaCaixa, de la que fue presidente hasta su quiebra. Su gestión causó un perjuicio de 720 millones a la entidad, que tuvo que ser nacionalizada y recibir un rescate público de 13.600 millones.

Similar posición adoptó Iberdrola respecto a Acebes, investigado por la salida a bolsa de Bankia que perjudicó a cerca de 300.000 ahorradores

Similar posición adoptó el pasado verano Iberdrola respecto a Ángel Acebes, investigado por la salida a bolsa de Bankia que perjudicó a cerca de 300.000 pequeños ahorradores. La comisión de nombramientos de la compañía eléctrica estudió su caso el pasado mes de julio, cuando el exministro del PP fue acusado formalmente de haber tenido una "participación relevante" en los informes sobre el estado de la entidad, así como en las "múltiples y relevantes falacias contables". Como sucede con Villar Mir, el mandato de Acebes expira igualmente en 2019.